Los ataques de insurgentes rohingya que mataron a 12 soldados y oficiales de Myanmar, y donde también perdieron la vida 77 insurgentes, constituyen una grave escalada de una crisis que dura ya diez meses. Estos ataques hacen que la implementación de las recomendaciones para abordar las quejas de los rohingya por parte de la Comisión Asesora que lidera Kofi Annan sean más difíciles y urgentes.

En las primeras horas del 25 de agosto, militantes de Harakah al-Yaquin –un grupo insurgente rohingya que ahora se refiere a sí mismo como el Ejército Rohingya de Salvación de Arakán (ARSA, en sus siglas en inglés)– lanzaron ataques coordinados contra 30 puestos de policía y una base del ejército en el norte del estado de Rakaín, en los municipios de Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung, en Myanmar. El gobierno afirma que los atacantes, equipados con artefactos explosivos de mano, machetes y algunas armas pequeñas, mataron a diez policías, un soldado y un funcionario de inmigración. Al parecer, también fallecieron 77 insurgentes y uno de ellos fue capturado. En respuesta, los militares están llevando a cabo «operaciones de desminado» en toda la zona y la policía de los puestos de avanzada rurales se ha trasladado a lugares más seguros para prevenir nuevos ataques. Continúan los enfrentamientos en algunos lugares, y hay informes de vigilancias contra las comunidades rohingya. Tanto los residentes rohingya como los budistas intentan huir de las zonas afectadas. El tiempo no está del lado del gobierno si el estado de Rakaín está al borde del precipicio. Debe adoptar rápidamente medidas audaces para abordar las preocupaciones legítimas de los rakhine budistas y los rohingya musulmanes.

Este episodio supone una grave escalada del conflicto y estuvo precedido por un aumento significativo de las tensiones en el norte de Rakaín. El grupo insurgente inició su primera operación en octubre de 2016, cuando llevó a cabo un ataque complejo, mortal y coordinado contra tres bases policiales fronterizas en el norte de Rakaín. El ataque fue seguido de una dura respuesta militar de meses de duración, incluyendo un nuevo despliegue de tropas del ejército de Myanmar. Como resultado, unos 87.000 rohingya huyeron a Bangladesh y, en febrero de 2017, una investigación de la ONU concluyó que había habido abusos graves y generalizados por parte de los militares que «muy probablemente» equivalían a crímenes de lesa humanidad. Una investigación interna ha rechazado estas alegaciones.

El camino hacia una solución a largo plazo es claro, aunque exigente. Se ha expuesto con considerable detalle en el informe final de la Comisión Asesora dirigida por Annan, publicado el 23 de agosto y acogido con satisfacción por el gobierno. Aborda las quejas legítimas de Rakaín, al tiempo que se garantiza la libertad de circulación, el acceso a los servicios y los medios de subsistencia, la participación política y los derechos de ciudadanía para los rohingya. Los recientes ataques han creado un contexto político mucho más difícil para que el gobierno aplique estas recomendaciones, pero también han reforzado la urgencia de hacerlo.

El gobierno de Myanmar no ha actuado con decisión para remediar el fracaso político que ha llevado a los musulmanes de Rakaín a asumir la violencia

La crisis actual no era impredecible ni imposible de evitar. La violencia antimusulmana de 2012 y el surgimiento de un nuevo grupo insurgente el año pasado fueron claras señales de que las dinámicas volátiles del estado de Rakaín necesitan con urgencia una respuesta política y no sólo de seguridad, y así abordar las preocupaciones de todas las comunidades del estado. Sin embargo, el gobierno de Myanmar no ha actuado con la rapidez o la decisión suficientes para remediar los profundos y prolongados fracasos políticos que llevan a algunos musulmanes en el estado de Rakaín a asumir la violencia. Entre ellas figuran la discriminación extrema por parte de la sociedad y el Estado, así como una erosión progresiva de los derechos y las barreras para obtener documentos de identidad y ciudadanía, la privación del derecho de voto de la comunidad antes de las elecciones de 2015, su gradual marginación de la vida social y política, y los abusos de derechos. Estos factores, en combinación con la actual crisis humanitaria en las comunidades rohingya que resultó de la violencia de 2012, por un lado, y la represión militar del año pasado que afectó a los civiles, por otro, crean un entorno en el que ARSA puede aumentar su legitimidad y su base de reclutamiento entre las comunidades locales, además de intimidar y matar más fácilmente a los rohingya que no estén de acuerdo y carezcan de protección real del Estado.

El gobierno de Myanmar puede extraer valiosas lecciones de los anteriores episodios de violencia y de la crisis actual. Crisis Group ha señalado en repetidas ocasiones que una respuesta militar agresiva que no forme parte de una estrategia política y un marco de actuación más amplio solo empeorará la situación. En el futuro inmediato, si la respuesta militar no pretende afianzar los cada vez peores ciclos de violencia, debe respetar el principio de proporcionalidad y distinguir entre los insurgentes y los civiles rohingya. Debe proporcionar protección a todos los civiles atrapados en los combates o que huyen de ellos. Debe también proporcionar un acceso sin restricciones a los organismos humanitarios y los medios de comunicación a las zonas afectadas, para que no contribuya a una polarización peligrosa y violenta, aumente la alienación y la desesperación, y permita que se arraigue la provocadora y mala información.

Una respuesta militar agresiva que no forme parte de una estrategia política y un marco de actuación más amplio sólo empeorará la situación

Las acciones violentas de ARSA inevitablemente dañarán, no ayudarán, pesa a sus pretensiones de estar luchando contra el Estado –y no contra los civiles de Rakaín– por la causa de los rohingya. ARSA se enfrentará a la censura internacional por la violencia de sus ataques, que aumentará si busca mejorar su capacidad de combate. El 25 de agosto, el gobierno de Myanmar declaró formalmente que se trataba de un grupo terrorista en virtud de la legislación nacional. Esto tiene implicaciones legales limitadas, pero aplacará a los nacionalistas que han estado pidiendo que el gobierno sea inequívoco en este punto. También significa que es probable que Myanmar presente cada vez más esta situación como una lucha contra el terrorismo transnacional en lugar de contra la insurgencia interna. En resumen, al recurrir a la violencia, los dirigentes de ARSA están fortaleciendo las divisiones sociales y los prejuicios contra los rohingya, además de aumentar el sentimiento antimusulmán en todo Myanmar.

ARSA es consciente de que sus últimos ataques probablemente provocarán una fuerte respuesta militar y un contragolpe político, como pasó en 2016, que dañará enormemente a los aldeanos rohingya. Ese es casi con toda seguridad su objetivo. A pesar de su afirmación de que están «protegiendo» a los rohingya, saben que están provocando a las fuerzas de seguridad hacia una respuesta militar con mano dura, esperando que esto enajene aún más a las comunidades rohingya, impulse el apoyo a ARSA y vuelva a poner en el foco mundial los abusos militares que suceden en Rakaín. Una respuesta militar desproporcionada sin una estrategia política global, supondrá seguirle el juego a ARSA.

No hay evidencia de que los objetivos de ARSA o sus miembros apoyen una agenda yihadista transnacional, a pesar de los indicios de que el grupo haya recibido entrenamiento por parte de miembros de dichos grupos. Esto no impedirá que aquellos que estén molestos con grupos musulmanes los caractericen como tal. Por otro lado, otra respuesta militar dura y el continuo desplazamiento de decenas de miles de personas a los campamentos de Bangladesh crearán las condiciones propicias para la explotación por parte de los yihadistas transnacionales.

Los costes de no abordar las raíces de la crisis aumentan cada día. Su impacto no solo afectará al estado de Rakaín, sino también a Myanmar en su conjunto, donde el sentimiento antimusulmán y el nacionalismo budista están en aumento, amenazando las frágiles relaciones comunitarias. El gobierno tiene muchos otros asuntos urgentes que tratar, incluyendo su complejo proceso de paz con múltiples grupos étnicos armados y el difícil trabajo de dirigir la economía y asegurar una mayor prosperidad para todo el país. La creciente crisis en el estado de Rakaín amenaza con hacer a un lado todas las demás prioridades, ya que seguirá dominando tanto el debate interno como el compromiso internacional con Myanmar.

Este artículo fue originalmente publicado, en inglés, en la web de Crisis Group.