Cuando Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales en 2006, Ecuador ya se consideraba un régimen híbrido o una “democracia defectuosa”. Diversos índices coincidían: el Democracy Index elaborado por The Economist Intelligence Unit, Freedom House, Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI), IDD-Lat, PNUD, Latinobarómetro, IDEA, IEDDH, Democracy Coalition Project, etcétera. Por ejemplo, de acuerdo al BTI, Ecuador se mantuvo entre 2006 y 2008 como una democracia defectuosa. Sin embargo, en el informe de 2010, en una escala de 1 a 10 (siendo 10 mayor democracia), Ecuador alcanzó 5,9 puntos y en 2016 consiguió 5,5. Así, vemos que el descenso de la democracia ecuatoriana a partir de la llegada de Correa al poder ha tendido a consolidarse. Entre 2006 y 2016 Ecuador ha perdido 0,7 puntos, consolidando el estatus de democracia altamente defectuosa asignado por el BTI, e inclinándose sistemáticamente hacia el autoritarismo.
Con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia del país se pone nuevamente en discusión uno de los asuntos más complejos de las Ciencias Políticas: la tipificación de regímenes políticos. En este ámbito, Ecuador sigue siendo un interesante caso de estudio del que se puede formular la siguiente pregunta: si durante el gobierno de Correa la democracia disminuyó, siendo un régimen que ha transitado entre la democracia y el autoritarismo, ¿durante el nuevo gobierno de Moreno disminuirá esta tendencia, o se consolidará la democracia?
Si tenemos en cuenta la tendencia del gobierno de Correa; que Moreno, además, es un producto de Alianza País, al que se ha ajustado casi con devoción política, cuyo modelo de gestión y funcionamiento se ha convertido en el guion preestablecido al que no solo la personalidad bonachona e insípida de Moreno se ha acoplado, sino que cada figura correísta ha tenido que ajustarse; si tenemos en cuenta todo esto, podemos considerar que la inclinación hacia el autoritarismo va a seguir. Y ello porque hay un programa político que va más allá del papel y las doce revoluciones: existe un programa definido en el cual no caben las ocurrencias del nuevo presidente, sino la sumisión al diseño en donde el “voy a gobernar con estilo propio” no tendrá eco a nivel estructural, que es donde las cosas deberían cambiar.
Por otro lado, Alianza País cuenta con mayoría en la Asamblea, 74 de 137 escaños, y con un sistema institucional establecido y controlado, lo que le permitirá enviar leyes que, con mayoría simple, serán aprobadas por la Asamblea. Esto, sin duda, facilita a Moreno dar continuidad a las políticas instituidas, gobernar con cierta comodidad y variar medianamente la forma, la fachada estatal, pero no la esencia. El control institucional que el ejecutivo ha acumulado durante estos diez años no lo perderá, se incrementará. Porque se ajusta no solo a los datos de los índices mencionados, sino que además responde a un regla política cuasi absoluta que el gobierno ha sabido utilizar: el que tiene poder quiere más poder y hará todo por conservarlo. Lo que ha cambiado es el rostro de la Revolución, pero no la distribución del poder que se manejará detrás de la “ternura”. Lo que importa ahora son las decisiones que se tomen entre bambalinas, mientras Moreno ejerce de imagen y voz pública.
Una maquinaria engrasada
Moreno es un engranaje importante pero no esencial de una maquinaria que ha girado alrededor de la figura de Correa y que ahora intentará funcionar con vida propia. Es probable que surjan nuevos actores políticos dentro de Alianza País. Además, Moreno tiene la tarea de “dignificar la política”; a su modo de ver, una forma de dignificarla es gobernar “sin mentiras, sin calumnias, sin groserías”. Cosa bastante compleja, ya que no solo pesa sobre el gobierno el fantasma de Odebrecht, sino una serie de denuncias contra la libertad de expresión, persecución política, censura y abuso de poder, entre otras. Por ejemplo, según Francisco Barbosa, desde que entró en vigor la Ley Orgánica de Comunicación se han reportado alrededor de 582 casos de sanciones contra medios de comunicación, de los cuales 425 han concluido con sanción interpuesta por la Supercom. De acuerdo a Karla Calapaqui, desde el 2007 hasta el 2015 existen 80 casos y más de 700 criminalizados en los que se encuentran dirigentes sociales, comunitarios, indígenas, estudiantiles, periodistas, etcétera.
Habrá que ver cómo empieza el nuevo gobierno. Habrá que ver hasta que punto consigue revitalizar o sofisticar las cualidades que los autoritarismos modernos han mostrado durante estos últimos años, o si, por el contrario, fortalece el consenso, el debate y disminuye la confrontación. Habrá que ver la capacidad de consenso que tendrá para vincular a nuevos actores políticos y formar alianzas con una asamblea más heterogénea, con 63 asambleístas en la oposición. Habrá que ver cómo hace realidad “Misión casa para todos”, “Mis mejores años” y sobre todo si Moreno logra cumplir una de sus principales misiones: pasar de un gobierno que ha sabido consolidar metódicamente la figura autoritaria, confrontativa y temperamental de Correa, legitimada entre otras cosas por la alta inversión publica en una época de bonanza económica, a un gobierno de la “ternura” y con una economía en recesión en el horizonte.
Moreno, el Sísifo de la Revolución Ciudadana que ha aceptado cargar con el mito de Correa y anclar la revolución, empieza su periodo presidencial al pie de la montaña y con la amenaza de que la piedra se le pueda caer encima. Él también juega a que todo está bien, pero hay que imaginarse a Moreno infeliz.