Migración y doble moral en Israel

Ante el reciente anuncio del primer ministro, Benjamin Netanyahu, sobre  la implementación de un plan, a finales de marzo, por el que serán expulsados de Israel aquellos inmigrantes africanos que no cuenten con una solicitud de asilo en proceso, merece la pena estudiar las peculiaridades de la política migratoria del país.

Según la Ley de Retorno de 1950, aprobada por la Knesset después de la guerra árabe-israelí de 1948, aquellos judíos que decidan mudarse y establecerse en Israel adquieren la nacionalidad israelí –siempre que no supongan «un peligro para la salud pública, para la seguridad estatal o para el pueblo judío en su conjunto»–. En suma, todo judío es, potencialmente, ciudadano israelí por derecho. Quienes llegan al país reciben, además, una serie de ayudas.

En 1955 se enmendó la Ley de Retorno para especificar que a los criminales peligrosos se les podría negar tal derecho. En 1970 se amplió el espectro de la ley, otorgando la ciudadanía automática no solo a los judíos, sino también a sus hijos, nietos y cónyuges no judíos, así como a los cónyuges no judíos de sus hijos y nietos. De esta forma se aseguraba que las familias permaneciesen unidas y se garantizaba un hogar seguro en Israel para no judíos sometidos a persecución por sus orígenes judíos.

Las personas sin raíces judías no pueden beneficiarse de estas prerrogativas. La migración no judía a Israel es percibida por las autoridades como una amenaza al tejido social israelí, a la seguridad e identidad nacional y al carácter judío del Estado. La cuestión de la seguridad es una prioridad para Israel, de ahí su tendencia a evitar cualquier amenaza potencial: en este caso, el flujo de migración no judía y el impacto que podría tener en su demografía.

Fuente: fivethirtyeight

Alrededor de unos 40.000 migrantes, provenientes en su mayoría de Eritrea y Sudán, viven en Israel, cuya población supera los ocho millones personas si se incluye a los habitantes de los Altos del Golán y de Jerusalén Este. Aunque estos migrantes llegan huyendo de conflictos armados, de la persecución y de la adversidad económica, Israel los considera migrantes económicos. Denominados “infiltrados” por las autoridades israelíes, en referencia a aquellos que no entraron al país por los cruces fronterizos oficiales, la mayoría llegaron en la segunda mitad de la década pasada desde Egipto.

En 2011, Israel anunció que aumentaría sus esfuerzos para disuadir, detener y deportar a estos migrantes, debido a la oleada de protestas de los residentes de Tel Aviv, donde se concentra la mayoría de ellos. En 2013, el gobierno instaló una valla metálica en la frontera con Egipto para controlar el flujo de migrantes. Esta medida disuasoria ha sido muy efectiva a la hora de cortar el flujo, según señaló Netanyahu a Donald Trump cuando hablaron del muro que el presidente de Estados Unidos planea levantar en la frontera con México.

Israel ofrece a los migrantes africanos 3.500 dólares y un billete de avión para abandonar el país, en dirección a sus lugares de origen o a terceros países con los que mantienen acuerdos. Se señala a Ruanda y Uganda, si bien los gobiernos de estos países niegan cualquier trato con Israel para albergar a los miles de migrantes africanos. De no abandonar el país por su propio pie, los migrantes se enfrentan al encarcelamiento indefinido.

Desde el comienzo de este programa de disuasión a la migración no judía, entre diciembre de 2013 y junio de 2017, miles de personas han sido expulsadas de territorio israelí. Unos 4.000 africanos han sido relocalizados en Ruanda y Uganda bajo el programa gubernamental de partida voluntaria. El objetivo, tras el anuncio de Netanyahu, es expulsar al resto.

Actualmente, los migrantes africanos cuentan con permisos de residencia que deben ser renovados cada dos meses. La próxima vez que acudan a una oficina del ministerio de Interior para renovar sus visados, quienes que no cuenten con una solicitud de asilo recibirán una orden de deportación. La orden no afecta a niños dependientes, ni a sus padres, ni a las víctimas de esclavitud y trata de personas.

Los eritreos y sudaneses repatriados a sus países corren el riesgo de sufrir torturas, encarcelamiento o trata de personas. La opacidad de la política migratoria israelí hace además muy complicado el seguimiento de la situación de los repatriados.

Como firmante de diversos tratados internacionales, Israel está obligado legalmente a ofrecer protección a refugiados y a otras personas en necesidad de amparo internacional. Su actuación, en estos momentos, incumple convenciones internacionales que prohíben el retorno forzado de personas a lugares donde están en riesgo de persecución o tratamiento degradante. En 2014, Human Rights Watch acusaba a Israel de no otorgar a los migrantes acceso real a los procesos para obtener el estatus de refugiado; de coaccionarlos para que abandonen el país, y de detenerlos ilegalmente. El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) ha señalado que el plan de Netanyahu viola las leyes internacionales y las israelíes.

Desde 2009, tan solo ocho eritreos y dos sudaneses han sido reconocidos como refugiados por las autoridades de Israel. A otros 200 sudaneses de Darfur les ha sido recientemente otorgado el estatuto humanitario. Desde que firmara la Convención del Refugiado de la ONU, Israel ha aprobado menos del 1% de las solicitudes de asilo y tiene una lista de espera de años para los solicitantes. El sistema de petición de estatus de refugiado israelí no es transparente, no ofrece procedimientos justos, no aporta protección y es muy lento.

Israel cuenta con dos centros de detención, situados en el desierto de Negev, cerca de la frontera con Egipto. Tanto Holot como la prisión de Shaharonim son empleados para albergar a aquellos “infiltrados” en busca de obtener el estatus de refugiados, y han sido erigidos en el marco de la Ley de Prevención de Infiltración.

La otra cara de la moneda de la política migratoria

En paralelo, el gobierno israelí ha diseñado políticas y gestionado recursos para fomentar la aliyá (migración judía hacia Israel), facilitando el proceso a través de medidas que van desde los incentivos económicos a programas de integración.

Entre 1989 y 2003, 950.000 judíos de la antigua Unión Soviética se mudaron a Israel. En los años ochenta y noventa las antiguas comunidades judías de Etiopía realizaron la aliyá a través de las operaciones Moisés y Salomón, en las cuales el gobierno israelí, en colaboración de diversas agencias como el Mossad, consiguió trasladar a unos 22.000 individuos de la comunidad judía etíope desde Sudán. Las autoridades israelíes aprobaron la entrada del último grupo de esta comunidad en noviembre de 2015, lo que permitió la llegada de unos 9.000 judíos etíopes.

Después de los ataques terroristas en París y Copenhague en 2015, Netanyahu dirigió un discurso a los judíos europeos, invitándolos a instalarse en Israel. Casi 10.000 judíos de países de la Unión Europea se mudaron a Israel ese año. La mayoría provenientes de Francia, país de la UE con mayor número de judíos y tercero a nivel global, con alrededor de 500.000 judíos. Ese año, además de los ataques terroristas, en Francia se produjeron diversos incidentes violentos de carácter individual contra judíos. En total, en 2015, unos 31.000 judíos de todos los rincones del globo hicieron la aliyá. En 2016, la cifra descendió a 27.000.

Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Suecia y Reino Unido reúnen en sus territorios al 70% de los judíos europeos. De acuerdo con los informes de diversas organizaciones, el número de incidentes antisemitas y su nivel de violencia han ido en aumento. La crisis económica y otros factores también han influido en el repunte de la aliyá. Por ejemplo, el conflicto ucraniano ha provocado un aumento exponencial de la migración de los judíos ucranianos hacia Israel.

En busca de favorecer la aliyá, el gobierno israelí cuenta con la ayuda de la Agencia Judía para Israel, organización sionista creada en 1923 para representar a la comunidad judía durante el mandato Británico de Palestina. Esta organización constituyó en los años treinta el gobierno de facto de la población judía, siendo la matriz del futuro gobierno de Israel. Tras la proclamación del Estado, en 1948, la agencia se convirtió en un órgano gubernamental encargado de la aliyá. Su función es facilitar el desarrollo económico y la integración de los migrantes. También brinda ayuda económica y cultural a movimientos judíos de todo mundo.

Además de la Agencia Judía para Israel, hay otras organizaciones como Nefesh B’Nefesh, cuyo principal objetivo es también promover la migración judía a Israel. El gobierno israelí cuenta asimismo con el ministerio de Absorción e Inmigración, que en coordinación con las autoridades locales es responsable de los nuevos olim (migrantes) antes, durante y después de su llegada a Israel, ocupándose de cuestiones que van desde el trabajo al alojamiento.

El objetivo último de todas estas políticas es consolidar la identidad de Israel como Estado judío. Según las autoridades israelíes, esta meta se ve amenazada por la migración sin raíces judías. En cuestiones de seguridad Israel es contundente. Y la demografía es una cuestión de seguridad de primer orden.