México: entre la desconfianza y el hartazgo ciudadano

El 5 de junio se celebraron elecciones locales en México en 14 de los 32 Estados que integran la República Mexicana: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Baja California y Ciudad de México. En los 12 primeros se eligieron gobernadores. Además, se votaron 1.413 cargos: 965 ayuntamientos, 239 diputados de mayoría relativa (MR) y 209 de representación proporcional (RP). Los 965 ayuntamientos elegidos corresponden a 11 Estados: Aguascalientes (11), Baja California (5), Chihuahua (67), Durango (39), Hidalgo (84), Oaxaca (570), Quintana Roo (10), Sinaloa (18), Tamaulipas (43), Tlaxcala (60) y Zacatecas (58). Estos Estados más Veracruz, además de ayuntamientos, también se eligieron diputados por MR y RP. La Ciudad de México eligió 60 diputados de RP para integrar parte de su asamblea constituyente que comprenderá 100 diputados.

En la elección de ayuntamientos destaca el caso de Oaxaca: de los 570 elegidos, 153 fueron electos bajo el régimen de partidos políticos y 417 por sistemas normativos internos, lo que demuestra que el 73% de los municipios oaxaqueños se rigen por sistemas de “usos y costumbres”.

Las recientes elecciones fueron importantes varias razones. La primera de ellas es que se celebraron bajo un nuevo sistema electoral, fruto de la reforma de 2014-15 que creo nuevas instituciones, actores y leyes: como el Instituto Nacional Electoral (INE), el candidato independiente, la Ley General de partidos Políticos (LGPP), la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE). Por su parte, los Estados adaptaron sus constituciones locales y sus normas secundarias.

Sin embargo, aún con las reformas realizadas la pregunta sigue siendo: ¿son limpias las elecciones en México? Esta duda persiste en la ciudadanía debido al largo periodo de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permaneció por siete décadas en el poder (1929-2000), el cual culminó con dos aspectos: la perdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997 y la perdida de la presidencia de la república ante el Partido Acción Nacional (PAN) en 2000 y 2006. El PRI recuperó la presidencia en 2012, pero bajo otras circunstancias, ya que desde 1997 tuvo que establecer alianzas con partidos minoritarios (por no contar con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados) y tuvo que someter a la consideración de otros partidos mayoritarios sus propuestas.

La ciudadanía le dio al PRI una nueva oportunidad de gobernar reafirmando la sana alternancia en el poder. Los resultados de las elecciones locales del 5 de junio son también importantes porque han mostrado que la ciudadanía no está conforme con la gestión del PRI. El panorama de este partido para las presidenciales de 2018 es desalentador.

De las 12 gubernaturas en disputa, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI obtuvo cinco: tres que ya tenía (Zacatecas, Tlaxcala e Hidalgo) y recupero dos (Sinaloa y Oaxaca). Pero perdió seis: cuatro que siempre habían sido priistas (Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango) y dos que había recuperado (Aguascalientes y Chihuahua). El PAN ganó las siete gubernaturas restantes, tres de ellas en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En cuanto a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, de los 60 diputados de RP, el partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) gano la mayoría relativa: 22 de los curules, seguido del PRD con 19 diputados.

Claramente, el perdedor de la contienda fue el PRI.

¿Qué generó el descenso del PRI?

La implementación de políticas públicas poco exitosas ha generado el hartazgo de la ciudanía, así como su desconfianza en la clase política. Sin embargo, esto no solo ha sido ocasionado por el PRI, sino también por los dos periodos panistas anteriores. Fue el PRI, sin embargo, quien tuvo que pagar la factura de décadas de corrupción, clientelismo, inseguridad ciudadana, desigualdades sociales, desempleo, etcétera.

De acuerdo con el estudio del Observatorio de Élites Parlamentarias en América Latina (PELA), los resultados de las encuestas en México entre 1994 y 2009 (a los diputados de la Cámara Federal) aportan datos reveladores en cuanto a los problemas que ha tenido y que subsisten. En la pregunta “A continuación, le voy a nombrar una serie de problemas comunes a muchos países. ¿Podría indicarme, para cada uno de ellos, qué grado de importancia: mucha, bastante, poca o ninguna tienen hoy en México?”, de los 14 problemas señalados, seis obtuvieron porcentajes clave: cuatro con resultados alarmantes y dos con niveles altos.

Los alarmantes rebasaron el 75% del promedio de las respuestas de “mucha importancia” y son, por este orden, la inseguridad ciudadana y la delincuencia, el narcotráfico, el desempleo y la corrupción. Los dos con niveles altos rebasaron el 50% del promedio de las respuestas de “mucha importancia” y son el estancamiento de la actividad productiva y/o comercial y la sanidad.

Los problemas de “mucha importancia” que destaca el PELA en México están relacionados con la implementación de políticas públicas poco exitosas como la Estrategia Nacional de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia (PAN 2006-12); la “guerra contra el narcotráfico” (PAN 2006-12), “el presidente del empleo” (PAN 2006-12); “tolerancia cero a la corrupción”, estrategia que todos los partidos han implementado en sus propuestas en diferentes sexenios, pero que no ha tenido resultados exitosos; generación de autoempleo” (PAN 2000-06); o la cobertura sanitaria universal (PAN y PRI).

Las políticas públicas con resultados deficientes han generado la desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos en el poder, ya que durante las campañas electorales plantean erradicar o disminuir las principales problemáticas pero no logran resultados palpables. Las elecciones del 5 de junio han sido un nuevo reclamo de población mexicana de la necesidad de abatir la inseguridad, replantear (nuevamente) las estrategias de combate al narcotráfico, generar empleos, tolerancia cero a la corrupción, incrementar la actividad económica, y una seguridad social universal de calidad.