México: crisis del Estado y violencia político-electoral

‘‘El nacimiento del Estado es idéntico al nacimiento de la mafia, gente que te ofrece protección de ellos mismos’’, escribió Michael Mann en Las fuentes del poder social. La frase cobra una mayor verosimilitud e invita a la reflexión cuando la concepción del Estado como lo conocemos parece estar vaciándose, por lo menos en países que viven una profunda crisis estatal provocada, entre otras cuestiones, por la subversión de distintos aspectos de la dinámica socio-política que resultan imprescindibles para la existencia de un Estado moderno.
Un elemento central para explicar la incapacidad de Estados como el mexicano para garantizar la integridad de sus ciudadanos –y, por ende, para dar cumplimiento a premisas fundamentales que, según la ciencia política contemporánea, definen aspectos necesarios para la existencia del Estado–, tiene que ver con las relaciones de contubernio entre grupos dedicados a actividades delictivas y autoridades públicas formalmente encargadas de combatirlas. La invisibilización de este fenómeno –o, cuando menos, la falta de producción de conocimiento sobre el mismo–, acompañado por dispositivos confusos difundidos por las versiones oficiales, los medios de comunicación e incluso la academia, ha creado una borrosa maraña epistemológica que dificulta la comprensión de fenómenos como la socio-historia y evolución del crimen organizado, así como su influencia en el tipo de régimen político del país.
Para hablar de democratización en México resulta clave analizar la correlación de fuerzas emanada de algunos de los grupos criminales más poderosos del mundo, por un lado, y la evolución de un partido de Estado que los gestionó durante décadas, por el otro. Es decir, por lo menos a partir de la década de los setenta tanto el Estado mexicano como la delincuencia organizada han cambiado de manera vertiginosa. Por tanto, si bien se ha hablado mucho sobre el proceso de transición política, que trajo como resultado la alternancia a nivel subnacional y en el ejecutivo federal, la pérdida de la mayoría en la Cámara de diputados o el aumento en la competencia político-electoral, se ha prestado poca atención a los efectos no contemplados de la democratización mexicana. Tras su progresiva escisión, la creciente influencia de los grupos criminales en el proceso político se ha visto reforzada por un contexto de fragmentación y descentralización política, dentro de un conflicto interno que ha costado una mayor cantidad de vidas y desplazamientos forzados que las dictaduras latinoamericanas de finales del siglo XX.

¿Mayor o menor presencia del Estado?

En el primer debate entre candidatos aspirantes a la presidencia de la República en las elecciones de 2018, la en ese momento candidata independiente, Margarita Zavala –esposa del expresidente Felipe Calderón, impulsor de la llamada ‘‘guerra contra el narco’’–, dijo que para combatir el problema de la delincuencia y la inseguridad en México se requiere una ‘‘mayor presencia del Estado’’. La afirmación recuerda el famoso texto de Guillermo O’Donnell, Acerca del estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencias a países poscomunistas. En este, el autor advierte la presencia de ‘‘zonas marrones’’: sitios en los cuales existe una muy baja o nula presencia de dos dimensiones; la existencia de una legalidad efectiva y un conjunto de burocracia razonablemente eficaces. En otras palabras, zonas en donde el Estado no tiene presencia, ni el monopolio de la violencia. Con todo, al centrar la atención en los países latinoamericanos, el propio O’Donnell advierte que aunque en el caso de las democracias liberales el repertorio de la ciencia política puede resultar satisfactorio, para analizar la situación y las perspectivas de la mayoría de las democracias en América Latina, es necesario tomar distancia y ‘‘volver a algunos estudios básicos en sociología legal y política’’.
Para el Estado mexicano, que vive un clima de violencia sin precedentes desde que existen cifras oficiales, estos planteamientos sugieren la siguiente pregunta: ¿existen zonas en donde el Estado no solo no tiene el monopolio de la violencia, sino que, por el contrario, dicho monopolio lo tienen los grupos paraestatales en contubernio con funcionarios públicos? En diversas entrevistas, el periodista asesinado Javier Valdez, conocedor como pocos de la relación entre los grupos criminales y el Estado en Sinaloa, afirmó que en esta entidad el cártel predominante tiene el ‘‘monopolio del crimen’’. La posible existencia de este monopolio implica el control del Estado por parte de organizaciones que ejercen un dominio fáctico, no contractual ni legítimo. Así, más que una disputa por el monopolio de le violencia legítima, la constatación de una situación como ésta obliga a contemplar la noción de un Estado privatizado, en el cual lo ‘‘estatal’’ y lo ‘‘paraestatal’’ se vuelve cada vez más difuso. Del mismo modo, sugiere la necesidad de considerar la evolución del Estado desde una perspectiva no contractual, en términos de Charles Tilly, sino desde una perspectiva de dominio extractivo, donde el tipo de violencia organizada ocupa un eje transversal e indispensable para explicar el tipo de democratización del régimen político.
Intuitivamente, O’Donnell llamó la atención sobre una cuestión clave: al hablar del Estado, una cosa son las definiciones normativas importadas desde la ciencia política y la ciencia jurídica, y otra muy distinta cómo estas nociones teóricas se han ido combinando en el devenir histórico de las sociedades latinoamericanas.

Violencia y democratización

Particularmente a nivel subnacional, el caso mexicano ofrece ejemplos relevantes sobre la diversificación de los grupos criminales y la influencia que estos tienen sobre el proceso de representación política. La participación de estos en entidades como Guerrero o Tamaulipas, entre otras, sugiere un papel cada vez más preponderante de estos grupos. Informes como el publicado por CIDAC y México Evalúa, titulado ‘‘Hoy la violencia también vota’’, o las propias declaraciones de la secretaría de Marina, dan cuenta de ello. La capital del país no está exenta: en los comicios más recientes, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Vázquez Miranda, informó de que en la delegación Iztapalapa hubo intimidación y hombres armados robaron documentación electoral y dos cuerpos fueron arrojados junto con una manta intimidatoria ante la delegación Cuauhtemoc, a escasos días de la jornada electoral.
Los ejemplos de intimidación directa hacia los electores, los candidatos y los precandidatos se extienden a entidades a lo largo y ancho del país. Como demuestran Guillermo Trejo y Sandra Ley, hay un repunte de la violencia durante los ciclos electorales. En otras palabras, al analizar los datos de manera desagregada, es posible identificar aumentos inusuales en años electorales, y los picos más pronunciados en estados como Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero se dieron durante campañas electorales para elegir a alcaldes y gobernadores. Así, desde 2007 hasta 2014, 82 alcaldes, 64 funcionarios municipales, 13 candidatos y 39 líderes y activistas políticos han sido asesinados. Si además se considera a quienes fueron secuestrados, amenazados y desaparecidos, el número de víctimas asciende a 441. Del total de ataques, el 53% fueron asesinatos, 24% amenazas y 11 y 10% secuestros y atentados, respectivamente.

En este sentido, las elecciones de 2016 y 2018 son igualmente ilustrativas. En 2016, de acuerdo con el Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo menos 56 candidatos a presidentes municipales, regidores y suplentes, renunciaron a participar en los comicios, algunos por ‘‘motivos personales’’ y otros tras manifestar abiertamente el haber recibido presiones por parte del crimen organizado en municipios como Hidalgo, Villagrán, Mainero, Camargo, Mier, Díaz Ordaz y Miguel Alemán. Asimismo, tan sólo durante las elecciones 2017-2018, se registraron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos, que arrojaron un saldo de 152 políticos y 371 funcionarios asesinados. Finalmente, durante la jornada electoral del primero de julio de 2018, en una tercera parte de las entidades federativas hubo asesinatos afuera de los centros de votación, acoso a la prensa e intimidación hacia los votantes.
Pero a diferencia de la época autoritaria y de partido hegemónico, cuando el presidente ocupaba la cúspide de la pirámide política y contaba con una fuerte capacidad de control del Estado, hoy la falta de control sobre los grupos del crimen organizado ha provocado la consolidación de dinámicas para-políticas que se han enquistado en las instituciones durante décadas, creando una suerte de path dependence. Y a pesar de que el maridaje entre criminales y funcionarios públicos ha sido un fenómeno histórico en el país, durante gran parte del siglo XX este contubernio se dio a partir de una relación de subordinación de los primeros a los segundos, que hoy ha dejado de existir. En suma, la democratización ha allanado el camino para la proliferación de grupos del crimen organizado, en instituciones débiles que, particularmente a nivel subnacional, son cada vez más fáciles de capturar.
En palabras del investigador Carlos Flores, la falta de subordinación de estos actores resulta central para explicar el aumento de la violencia y, en última instancia, esta subversión puede tener como consecuencia el surgimiento de un Estado privatizado, sobre el cual diversos actores busquen disputar su control. Por tanto, a pesar de que el objetivo de las organizaciones del crimen organizado es principalmente económico, la persistencia y propagación de la violencia político-electoral puede terminar minando toda posibilidad de competencia real y representatividad política. De ahí que esta violencia sin precedentes vivida en el plano electoral vuelve necesario replantear el paradigma de democratización en México, en el cual, precisamente, el plano electoral ocupó un papel central. Paradójicamente, los niveles de violencia vividos en los últimos años, difíciles de concebir dentro de un régimen democrático, han tenido lugar en un momento en el cual el sistema político mexicano parecía haber llegado a una etapa sin precedentes en términos de la madurez democrática y participación política.