El matrimonio igualitario en las elecciones de Costa Rica

A principios de enero se conocía una decisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaba a los países miembros reconocer derechos plenos a las parejas del mismo sexo, el conocido como matrimonio igualitario, y permitir el cambio de identidad sexual en los registros civiles. Un mes más tarde, el 4 de febrero, tenían lugar en Costa Rica las elecciones legislativas y la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En estas quedó en primer lugar Fabricio Alvarado (24,91%), de Restauración Nacional (RN), y en segundo Carlos Alvarado Quesada (21,66%), del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC). La segunda vuelta tendrá lugar el 1 de abril.

Estos dos acontecimientos están más relacionados de lo que en un principio pudiera parecer. No solo porque la propia CIDH tenga sede en la capital costarricense, o porque la decisión se produjera fruto de una consulta hace dos años realizada por la vicepresidenta Ana Helena Chacón, del PAC. El gobierno de Costa Rica solicitó en mayo de 2016 una opinión consultiva a esta Corte sobre el derecho de las personas a modificar su nombre de acuerdo a su identidad sexual, si los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo se encuentran protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, y si es necesario que exista una figura jurídica que regule estas relaciones. La Corte emitió su opinión en noviembre, pero no fue comunicada al gobierno costarricense hasta principios de enero, cuando se hizo público.

A raíz de esta consulta concreta por parte de un gobierno concreto, la CIDH se decantó claramente hacia el reconocimiento del matrimonio igualitario, lo que introdujo de manera inesperada una nueva dimensión en la campaña electoral de Costa Rica.

Los votantes se posicionaron en torno a esta decisión y, en particular, sobre el matrimonio igualitario. Esto favorecía, como luego se confirmó, al candidato del RN, Fabricio Alvarado, abiertamente contrario a esta decisión y todo lo que implica. En la Asamblea Legislativa, compuesta por 57 diputados, comparado con los resultados de 2014 se produjo un retroceso de escaños del PAC (13 a 10), el tradicional Partido Liberación Nacional quedaba nuevamente en primer lugar (18 a 17), y RN pasaba de 1 a 18 diputados y se posicionaba de fuerza marginal a segunda fuerza legislativa.

En torno a la candidatura de Fabricio Alvarado se aglutinó el ala conservadora (y movilizada) de la sociedad opuesta al matrimonio igualitario. El candidato del oficialismo que había iniciado la consulta, Carlos Alvarado Quesada, quedaba asociado a la defensa de la Corte y del matrimonio igualitario por extensión. Más allá de divisiones clásicas en la política latinoamericana –eje izquierda-derecha, Estado-mercado, o incluso democracia-autoritarismo–, el eje más importante de la última campaña costarricense ha sido el liberalismo-conservadurismo en su vertiente social.

El disenso en torno al matrimonio igualitario

Lo cierto es que si atendemos a los datos de opinión en los parlamentos latinoamericanos, el matrimonio igualitario no genera consenso ni a nivel nacional ni entre partidos. En el gráfico siguiente se recogen los datos del apoyo que este ítem recaba entre los legisladores latinoamericanos. A primera vista puede comprobarse la considerable disparidad entre países que pertenecen a la CIDH, a excepción de Venezuela, que ahora les pide reconozcan el matrimonio igualitario, sin soluciones intermedias como las uniones civiles en Chile.

A día de hoy, el matrimonio igualitario está reconocido en Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay. Sin embargo, el origen del reconocimiento de este derecho en cada país es distinto. En Uruguay y Argentina se ha reconocido vía votación parlamentaria, lo cual presupone un apoyo por parte de los legisladores más bien elevado, tal y como se desprende del gráfico. En los casos de Colombia y Brasil el reconocimiento ha venido de la mano de decisiones judiciales, y no tanto del apoyo de los legisladores. México es un caso intermedio, puesto que el matrimonio igualitario solo está reconocido en algunos estados, aunque cabe destacar la decisión de la Suprema Corte en 2015 al declarar que las legislaciones que no permiten el matrimonio entre parejas de distinto sexo son discriminatorias. No sorprende, por tanto, que los cuatro parlamentos más favorables sean de países que reconocen este derecho, mientras que Colombia está por detrás de Chile y Venezuela.

Otra observación del gráfico es la concentración de los países centroamericanos en la parte derecha del gráfico, con los valores más bajos, junto con Paraguay y República Dominicana. En la región centroamericana, Costa Rica es el más favorable, con algo menos de un 4 en una escala de 1 a 10. Es decir, el parlamento costarricense es el más favorable entre los menos favorables.

Mirando al apoyo por partidos en Costa Rica la legislatura ya finalizada (2014-2018), también se constatan importantes diferencias. Los dos partidos que han protagonizado la vida política costarricense en el siglo XX son los más contrarios al matrimonio igualitario –PLN y PUSC–, mientras que dos partidos de más reciente creación –PAC y Frente Amplio (FA)– son los más favorables.

Precisamente son estos dos partidos los que más han retrocedido en las elecciones del presente año. Fruto de su posición en esta dimensión liberalismo-conservadurismo social provocada por la decisión de la CIDH, han visto su representación parlamentaria disminuida, mientras que RN se ha beneficiado claramente.

El PAC ha pasado de ganar la primera y segunda vueltas en 2014 y ser la segunda fuerza legislativa a perder en 2018 la primera vuelta (según las encuestas podría perder la segunda) y ser la tercera fuerza parlamentaria. Por su parte, RN ha pasado de partido casi marginal (1 solo diputado) a segunda fuerza legislativa con 14 diputados.

De todos los partidos con representación parlamentaria, el RN es el que más ha mejorado su posición; por ejemplo, su bancada en 2018 será mayor que la del PAC en 2014, cuando este partido finalmente ganó la presidencia en el balotaje. También merece ser mencionado el FA, que de tercera fuerza en la cámara en auge pasa a un solo diputado, justo el camino contrario a RN. En definitiva, son los partidos más favorables al matrimonio igualitario (PAC y FA) los que más retroceden (-11 en conjunto), y los más contrarios (PLN y PUSC, más RN) los que más avanzan (+13 en conjunto).

Una conclusión similar puede extraerse atendiendo a la relación del matrimonio igualitario con la ideología y la religiosidad de los diputados costarricenses. Las posiciones más escoradas a la izquierda son claramente las más favorables, con valores por encima de 9. El contraste es marcado con posiciones en torno al centro (4-5-6) o la derecha (9-10), donde los diputados muestran un rechazo total de 1 en la escala 1-10.

Otro tanto puede decirse sobre la religiosidad. La tendencia es inequívoca: desde declararse no creyente a declararse como creyente que asiste a los servicios religiosos más de una vez por semana, los valores de apoyo al matrimonio igualitario no hacen más que disminuir. Si para los primeros el apoyo roza el máximo, para los segundos el rechazo es total (1 en la escala 1-10).

¿De avance social a papel mojado?

Esta ha sido, pues, una de las primeras consecuencias (inesperadas) de la decisión de la CIDH. Lo que parecía un avance en la agenda social latinoamericana puede acabar convirtiéndose en papel mojado. No en vano el propio Fabricio Alvarado ha declarado que de ganar las elecciones trabajaría para sacar a Costa Rica de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La CIDH ha puesto en primera línea el debate sobre el matrimonio igualitario, y la sociedad costarricense ha mostrado que, mayoritaria pero no unánimemente, es más bien contraria a este. De hecho, más allá de las posturas de PAC y FA, el parlamento de Costa Rica en su conjunto no es (y probablemente no será) de los más favorables en la región al matrimonio igualitario. La sociedad costarricense ha probado ser más bien conservadora, y ante este nuevo –nuevo en tanto asunto de campaña– eje, ha optado por respaldar a un candidato y ampliar la bancada de un partido contrarios al matrimonio igualitario, y castigar a los candidatos y partidos favorables.

Sin duda, la campaña y por extensión las elecciones no pueden resumirse únicamente en torno a este asunto. Ha habido otros en la campaña, además del natural desgaste del partido en la presidencia. Pero ha quedado claro que el asunto en la campaña, por inesperado y sobrevenido, ha sido este eje liberalismo-conservadurismo social, con claras influencias ideológicas pero también religiosas.

¿Conclusión? Llevar a primera línea estos asuntos pueden tener consecuencias (y oposiciones) inesperadas. La primera consecuencia de la decisión de la CIDH no ha sido una rápida adaptación de la legislación en los países miembros, sino que un candidato abiertamente opuesto a la decisión gane la primera vuelta en el país cuyo gobierno originó esa misma opinión consultiva. Finalmente, estas elecciones han probado cómo el nivel supranacional puede llegar a importar, cuando no condicionar, unas elecciones también en América Latina. La decisión de una entidad supraestatal (CIDH) ha acabado afectando a un proceso de una entidad estatal (elecciones en Costa Rica).

El matrimonio igualitario en América Latina dista mucho de gozar de amplios apoyos y generar consensos, salvo los casos antes señalados. Queda por ver cuáles serán los apoyos al matrimonio igualitario que muestre la nueva asamblea costarricense, pero todo parece indicar que Costa Rica bajará posiciones y la posibilidad de un matrimonio igualitario aceptado y reconocido, al menos entre las élites políticas, quedará más lejos. Justo lo contrario a lo pretendido por la CIDH.