Matar de hambre a la bestia: impuestos y plutocracia en EEUU

“Estáis reescribiendo el código fiscal para una generación, y lo estáis haciendo en diez días”. La amonestación la realizó, el 16 de noviembre, el congresista republicano Peter King contra sus propios compañeros de filas. Pero la reforma fiscal fue aprobada ese mismo día. Ahora necesita ser modificada en el Senado de Estados Unidos y firmada por Donald Trump para entrar en vigor. Se tratará, con toda probabilidad, de un proceso igual de precipitado. El Partido Republicano tiene motivos para buscar una reforma fiscal rápida, radical y escasamente discutida.

El primer motivo tiene que ver con la posición del partido en la era de Trump. 2017 está a punto de cerrar con escasos logros para los republicanos, que no consiguen implementar su agenda pese a contar con la Casa Blanca y gozar de mayorías en la Cámara de Representantes, el Senado y una mayoría de gobiernos estatales. La cámara alta espera aprobar el recorte de impuestos esta semana. La mayoría republicana en el Senado es de tan solo dos senadores y podría verse reducida a uno el 12 de diciembre, fecha en que Alabama celebrará una elecciones especiales para reemplazar a Jeff Sessions, nombrado fiscal general de Trump.

En segundo lugar, el contenido de la reforma fiscal amenaza con hundirla tan pronto como se debata en profundidad. La bajada de impuestos, que beneficia principalmente a grandes fortunas y corporaciones transnacionales, podría ir acompañada del fin de exenciones en lo que concierne a impuestos locales y gastos de sanidad. Se trata, en definitiva, de una ambiciosa redistribución de la riqueza hacia las clases superiores. Un plan diseñado para plutócratas, en palabras del periodista económico más respetado del Financial Times. 400 millonarios con simpatías progresistas han publicado una declaración en la que exigen que se les suban los impuestos. Incluso figuras ortodoxas del Partido Republicano, como el senador Marco Rubio, han mostrado su desacuerdo con la actual bajada de los impuestos para corporaciones (del 35% al 20%).

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que realiza análisis independientes de referencia, la propuesta aprobada por la cámara baja aumentaría el déficit público en 1,4 billones de dólares durante los siguientes diez años. Pero la mayoría de los estadounidenses obtendrían poco o nada de este endeudamiento. El Tax Policy Center, think tank especializado en recaudación fiscal, señala que los americanos que ingresan menos de 75.000 dólares al año apenas saldrían beneficiados a partir de 2027.

El mes de noviembre no ha hecho más que poner la reforma en una perspectiva aún más negativa. Los Papeles del Paraíso, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a principios de mes, arrojan luz sobre el entramado global que grandes empresas estadounidenses utilizan para eludir impuestos, a través de firmas como Appleby. Estas prácticas han llevado al impuesto sobre beneficios corporativos a decaer notablemente: de un 4% del PIB estadounidense en 1967, a un 1,6% en la actualidad.

Según la investigación del economista Gabriel Zucman, la elusión fiscal de beneficios en el extranjero se traduce en una pérdida de ingresos anual de 70.000 millones de dólares. Las ganadoras son firmas multinacionales como Apple, Facebook, Uber y Nike, pero también grandes donantes de los dos partidos, como Warren A. Stephens, James H. Simmons y Robert Mercer, cuya familia se cuenta entre los principales apoyos financieros de Trump. La reforma propuesta por la cámara baja consolidaría estas prácticas, ampliando su respaldo legal.

Matar de hambre a la bestia

Lo que está en juego no es simplemente una recompensa del Partido Republicano a sus donantes multimillonarios o a los estadounidenses más acaudalados, a quienes, pese a la retórica pseudo-populista de Trump, continua representando con esmero. La reforma fiscal también sirve para marcar pautas a la oposición y acotar su radio de acción en el futuro.

Para entender esta dinámica es necesario remontarse a los años de Ronald Reagan, cuando la derecha estadounidense abandonó su tradicional aversión a los déficits y el gasto público en aras de bajar impuestos. Como señala Corey Robin, el Partido Republicano de Nixon y Eisenhower recurría a subidas de impuestos para garantizar la estabilidad presupuestaria. Tan pronto como retornaban a la Casa Blanca, los demócratas aumentaban el gasto público, apuntalando así su hegemonía con la construcción de un Estado del bienestar. A los republicanos les tocaba la parte más ingrata de esta tarea: garantizar su sostenibilidad financiera.

La apuesta de Reagan por bajar impuestos y abandonar la disciplina fiscal cambió súbitamente los papeles de los dos grandes partidos. En vez de intentar cuadrar las cuentas con más impuestos, la estabilidad fiscal se garantizaría adiestrando al gobierno a gestionar presupuestos cada vez más reducidos. “Matando de hambre a la bestia”, en palabras del operador republicano Bruce Bartlett. Lo interesante es que son los demócratas quienes hoy se ven obligados a poner en práctica esta dieta austera. Y no lo hacen subiendo impuestos, que en la actual coyuntura parece haberse convertido en un suicidio político, sino recortando el gasto público.

Desde hace tres décadas, los republicanos estrangulan los ingresos del Estado, acumulan deuda pública y fuerzan al centro-izquierda a poner las cuentas en orden cuando vuelve a la Casa Blanca. Una lógica perversa pero brillante, que la actual reforma fiscal amenaza con potenciar.