Más allá de lo simbólico: Fidesz, Orbán y el Estado de Derecho

Tras varios años de conflicto político, Fidesz, el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha abandonado el grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE). La gota que colmó el vaso fue la aprobación de un cambio en el reglamento interno del PPE, que hubiera facilitado la expulsión del propio Fidesz. Orbán, como reza la expresión inglesa, saltó antes de ser empujado, denunciando un “ambiente hostil” y una maniobra “antidemocrática, injusta e inaceptable” por parte de los populares.

La renuncia de Orbán supone, sin duda, un respiro para el PPE, cuya relación con Fidesz se había vuelto cada vez más turbulenta. Desde hacía años, el grupo mantenía una actitud ambigua frente a sus socios húngaros: pese a algunas críticas públicas y repetidas llamadas al orden a Fidesz, el PPE evitaba poner sobre la mesa sanciones concretas. Se imponían, en otras palabras, las tesis más partidarias de un entendimiento con Orbán, cuyos máximos exponentes eran el PP de Pablo Casado y la CDU de Angela Merkel y Ursula von der Leyen, su principal aliado político en el partido.

En 2019, tras los repetidos ataques de Orbán al entonces presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker, los populares optaron por suspender a Fidesz, impidiendo su participación y su voto en la toma de decisiones del partido europeo. Dicha medida, sin embargo, surtió poco efecto, y la presencia de Fidesz continuaba siendo un tema incómodo en las reuniones y comparecencias del partido. Según Eszter Zalan en EUobserver, la renuncia de Fidesz ha supuesto un alivio para el PPE, cuyos diputados lo han tildado de “día histórico”, han confesado que “no llorarán”, y han subrayado la “credibilidad” que dicha decisión otorga al partido a la hora de defender el Estado de derecho.

Consecuencias políticas

Las consecuencias que pueda tener la marcha de Orbán son difíciles de predecir. En el Parlamento Europeo, por ejemplo, las mayorías no cambiarán: pese a la pérdida de 11 diputados, el PPE se mantendrá como primera fuerza con 176 escaños, frente a los 147 de los Socialistas y Demócratas. A medio plazo, sin embargo, puede propiciar cambios políticos más profundos.

Como indica la corresponsal del Financial Times Mehreen Khan, la renuncia de Fidesz se limita, por el momento, al grupo parlamentario: antes de adherirse a un nuevo grupo, deberá abandonar el PPE en sí. Esto último, que previsiblemente ocurrirá más pronto que tarde, tiene una gran importancia: como comprobaron en su día los eurodiputados de Junts per Catalunya, verse relegado al grupo mixto (los llamados “no inscritos”, entre los cuales figura también el Movimiento 5 Estrellas) sometería a Fidesz a un considerable aislamiento político y económico, y limitaría su presencia en comisiones durante el resto de la legislatura.

A priori, existen dos opciones para los de Orbán: una adhesión a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el grupo parlamentario de Vox y del partido polaco Ley y Justicia; o una incorporación a Identidad y Democracia (ID), entre cuyos miembros se encuentran la Liga de Matteo Salvini, los nacionalistas flamencos (VB) o la Alternativa por Alemania (AfD). Ambos han mostrado su apoyo a Fidesz: el ECR expresó su “solidaridad”, mientras que Jörg Meuthen, el líder de AfD, celebró su renuncia y les invitó a unirse a ID, indicando que los de Orbán son “mucho más cercanos” a su grupo que a los populares.

Más interesantes, sin embargo, pueden resultar las consecuencias políticas en el Consejo Europeo. Con la salida de Orbán, los populares pierden a quien, tras la jubilación de Merkel en otoño, será el decano del Consejo. Será también quien, previsiblemente, ostente su presidencia de turno tras las elecciones europeas de 2024 –es decir, durante el próximo reparto de carteras–. Su peso político en el llamado Grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), de hecho, era el principal argumento de aquellos que abogaban por retener a Fidesz en el grupo parlamentario: alejar a Orbán de su órbita, añadían, podría debilitar al partido y dificultar más aún las negociaciones políticas en un Consejo cada vez más complejo. Según el think tank Vote Watch Europe, el divorcio puede tener repercusiones para la acción exterior europea, acercando al Grupo de Visegrado hacia actores como Rusia, China y Turquía, y facilitando la presencia de caballos de Troya en el Consejo de Asuntos Exteriores.

Un riesgo existencial

La expulsión de Fidesz es un buen ejemplo de la actitud de las instituciones europeas ante la deriva autoritaria de Polonia y Hungría: llega tarde y por la puerta de atrás, y es de dudosa utilidad práctica. Lo que más preocupaba a Orbán, como quedó claro a lo largo de 2020, no era su pertenencia al grupo parlamentario popular, sino la posible aprobación de un mecanismo de condicionalidad que pusiese en riesgo la llegada de los fondos del programa NextGenerationEU.

Dicho de otro modo, la expulsión de Orbán no hará desaparecer el “equilibrio autoritario” en el que está sumida la Unión Europea. Las reformas del sistema electoral húngaro acometidas por Fidesz, denunciadas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y por Freedom House, imposibilitan en la práctica una victoria electoral de la oposición en 2022. En Polonia, la reelección del presidente Andrzej Duda el verano de 2020 ha dado alas al gobierno de Ley y Justicia, que ostentará la presidencia hasta 2025 y tendrá un cheque en blanco para continuar con el desmantelamiento de la independencia judicial. Mientras el Consejo siga requiriendo unanimidad en sus decisiones, y mientras la Comisión de Von der Leyen siga mirando hacia otro lado y optando por una política de apaciguamiento, dicho equilibrio se irá consolidando.

Una UE que se tome en serio sus “valores fundacionales” debe comprender la gravedad de la situación. La deriva autoritaria de Polonia y Hungría no es un problema meramente interno, ni una disputa sobre valores abstractos. Como dejó entrever hace escasos meses un tribunal regional en Karlsruhe (Alemania), supone un riesgo existencial para el frágil orden jurídico comunitario, que requiere uniformidad, seguridad jurídica y la cooperación de los Estados miembros. Tolerar el “equilibrio autoritario”, en otras palabras, puede poner en jaque todo proyecto político que se rija por el derecho comunitario, incluido el propio mercado interior.

La expulsión de Fidesz tiene un indudable valor simbólico. Pero ante la constatación de que el autoritarismo en Hungría y Polonia ha venido para quedarse, las instituciones europeas deben ir más allá. La Conferencia sobre el Futuro de Europa deberá servir para replantearse el papel del Estado de Derecho en el proyecto europeo: si como el leitmotiv de una unión política, o como un valor de segundo orden en una unión de Estados soberanos, como pide el propio Orbán. El tiempo, sin embargo, apremia: cada día que pasa, la política de apaciguamiento resulta más ineficaz, y el riesgo que suponen las acciones de Polonia y Hungría se vuelve más difícil de combatir.