Marruecos-España: ¿condenados a entendernos?

Se dice que, en pleno franquismo, Hassan II le dijo al entonces embajador español en Rabat, Manuel Aznar, que ambos países “estábamos condenados a entendernos”. La frase se ha convertido en un tópico habitual al tratar la relación bilateral. Pero, recurrentemente, se suceden incidentes y crisis diplomáticas que ponen en duda la veracidad del aserto. A menudo parece que, por el contrario, estamos condenados a no entendernos.

La verdad es que los sucesivos gobiernos españoles, a pesar de los desencuentros, han intentado que los eventuales contenciosos que han ido surgiendo se pudieran abordar desde un contexto más amplio, derivado de una creciente interdependencia de intereses que facilitara la gestión de los diferendos existentes. Y el resultado no es menor: España es el principal socio comercial, empresarial, de cooperación e inversor en Marruecos (visto en su conjunto), desplazando la posición que tradicionalmente tenía Francia. El turismo español es creciente y la comunidad marroquí en España supera las 800.000 personas, de manera que a esos intercambios de contenido económico se añaden los de carácter humano, como corresponde a países vecinos, condenados a ello –eso sí– por la geografía.

Pero como nos enseña la historia, la vecindad también suele comportar confrontación, que solo la voluntad decidida desde el poder político –respectivo– puede hacer desaparecer.

Marruecos ha ido incrementando su relevancia geopolítica gracias a su estabilidad interna, su política exterior alineada con Occidente, durante y después de la guerra fría, y a su visible avance económico, aunque muy desigual tanto desde la perspectiva social como territorial. Marruecos se ha convertido en un aliado significativo de Estados Unidos en el mundo árabe, por su contribución a la seguridad del flanco suroccidental del Mediterráneo y, también, por su creciente proyección al resto del continente africano. La última prueba –desde la frivolidad y el desdén a la legalidad internacional que caracterizaba a la administración de Donald Trump– ha sido el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, en paralelo al reconocimiento de Israel por parte del país alauita. Todo apunta a que tal decisión será mantenida por Joe Biden, aunque pueda ser matizada para hacerla menos discordante con la posición de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Así lo pone de relieve la reacción implícita del secretario de Estado, Antony Blinken, ante el conflicto.

Marruecos aspira a ser una potencia regional y la vía natural de entrada de Europa hacia África, una vez la diplomacia marroquí ha ido afianzándose en el continente, a pesar de su aislamiento inicial por el contencioso del Sáhara. El fin de la guerra fría cambió sustancialmente el marco preexistente y Marruecos ha sabido aprovecharlo, a pesar de la permanente contraposición con Argelia, disputándole la hegemonía en los dos ámbitos mencionados.

Por otra parte, Marruecos tiene un “proyecto nacional” compartido –mucho más allá de la voluntad del Rey o de sus élites gobernantes– que incluye la soberanía de iure sobre el Sáhara, que supere la de facto que ya posee. España lo sabe. Pero sabe también que ese proyecto nacional incluye a Ceuta y Melilla (y, eventualmente, las Islas Canarias). La geografía siempre está, aunque en este caso entre en contradicción con la historia.

España, por consiguiente, no puede ceder en su integridad territorial y en la naturaleza española y europea de Ceuta y Melilla. Estamos condenados a que eso sea así. Y hay que gestionarlo con firmeza y determinación, que debe compatibilizarse con una relación bilateral cada vez más estrecha.

Ambas naciones comparten demasiadas cosas para no entender esas pautas. Y eso es cada vez más, también, un asunto europeo. Nuestras fronteras son las de Marruecos con la Unión Europea. Cuando Marruecos ha querido circunscribir el último conflicto al ámbito bilateral –centrado en la estancia del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital español, a petición de Argelia y ocultándolo a Marruecos, lo que ha sido, sin duda, un error que hay que subsanar cuanto antes y que se ha añadido a la posición pública y provocadora de una de las partes del gobierno español de coalición– se ha topado con la posición inequívoca (incluida Francia) de la UE, apoyando la posición española sin fisuras. Un claro error de cálculo por parte marroquí, que no debe hacernos olvidar que Ghali, como jefe militar del Polisario, ha roto el alto el fuego vigente desde hace 30 años, y que tiene un historial personal de todos conocido.

El peor error, no obstante, ha sido no entender que las circunstancias nada tienen que ver con la exitosa Marcha Verde organizada por Hassan II, en 1975, con Franco agonizando y con un gobierno español incapaz y deslegitimado interna e internacionalmente. Entonces, Marruecos utilizó a la población civil como escudos humanos para evitar la respuesta militar. Hoy tales actitudes no son tolerables. El uso de jóvenes –e incluso bebés– como instrumento de presión sobre Ceuta, con menosprecio del riesgo sobre las propias vidas de sus ciudadanos, ha sido peor que un crimen. Ha sido un descomunal error que deslegitima de entrada cualquier posición.

Esos errores, pues, han sido contraproducentes para la consecución de los objetivos nacionales perseguidos por Marruecos. Ningún país como España puede ceder a un evidente desafío en forma de chantaje como el producido. La respuesta no puede ser otra que contundente y clara: lo sucedido es inadmisible y complica enormemente cualquier avance en el ámbito político y diplomático en aquello que persigue Marruecos desde hace 45 años: el cambio de la posición de España sobre el Sáhara Occidental.

España no puede violar la legalidad internacional unilateralmente, como sí ha hecho EEUU. La posición española, que ha ido derivando desde apoyar un referéndum de autodeterminación, propio de los territorios en descolonización, a la búsqueda de una solución negociada en el marco de la ONU (que no es poca variación), y además, ha ido acompañada de múltiples gestos –públicos o no– que, de hecho, han sido cada vez más favorables a las tesis marroquíes. Seamos claros: hoy, la causa saharaui y la creación de un nuevo Estado viable e independiente no es contemplable. Lo impide la realidad.

Pero tal constatación debe formularse en el marco del respeto a la legalidad internacional, en el seno de la ONU y salvaguardando los derechos de los saharauis. Obviamente, España tiene mucho que decir como antigua potencia administradora y, además, debe formularlo desde una perspectiva europea.

El camino elegido por Marruecos no es precisamente el más adecuado para ello. Las urgencias históricas no suelen ser buenas consejeras en temas que hay que situar en una perspectiva de largo plazo para que puedan solucionarse pacífica y civilizadamente (y que obligan, por cierto, a la forja de consensos básicos y la superación de divisiones internas en nuestro propio país, algo esencial para la fortaleza y credibilidad de nuestra política exterior).

No estamos, pues, condenados a entendernos, como decía Hassan II. Pero el arte de la diplomacia y la política es hacer posible lo que sea mejor para todos. Y lo mejor es, sin duda, entendernos. Sin amenazas ni chantajes. De buena fe. Hablando con transparencia y respeto mutuo. Sólo así haremos que lo posible sea inevitable.