Aunque no se ha dado la derrota en las urnas del correismo en Ecuador, pero sí se ha producido el abandono temporal de la arena política de Rafael Correa, cuatro años después de la muerte de Hugo Chávez concluye un periodo en la política de América Latina en el que han tenido cabida hechos de indudable trascendencia regional como la salida del poder del peronismo, el juicio a Dilma Rousseff, el proceso de paz en Colombia y la muerte de Fidel Castro. Todo ello sella el final de un ciclo heterogéneo donde se dieron cita tres fenómenos de naturaleza diferente: el crecimiento económico basado en el alto precio de las materias primas y la fuerte demanda asiática; gobiernos que sesgaron la política en la región hacia una izquierda variopinta reivindicativa de lo nacional popular, del regionalismo y promotores de un discurso antinorteamericano, y, en tercer lugar, una conjunción sin precedentes de fuertes liderazgos carismáticos. Este ciclo, iniciado a comienzos del presente siglo, había sido continuación de otro de carácter neoliberal alumbrado por las recetas del denominado Consenso de Washington y por las reformas políticas bajo el señuelo de la gobernabilidad, entre las que se incluía la reelección presidencial. Desarrollado a lo largo de la década de los noventa, el ciclo neoliberal acaeció tras el ciclo transicional de la década precedente, cuando la recuperación de la democracia mantuvo esquemas estado céntricos.
El triunfo del oficialista Lenin Moreno en Ecuador, aunque no se alinea en la línea del cierre del ciclo del “giro a la izquierda”, sí supone un posible cambio sobre la base de la necesidad de confrontar una indudable mala situación de la economía desde una posición de un liderazgo muy diferente al ejercido por la cargante –rayando su carácter autoritario– conducción política de Correa durante una década de gobierno. Moreno, un hombre con experiencia política, contará con una cómoda mayoría en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, dos circunstancias acaecidas en las últimas semanas en la región evidencian la permanente pulsión en el terreno institucional, con sesgos anti institucionales, que acompañan la apertura del nuevo ciclo político cuyos lineamientos son todavía precipitados definir hasta las elecciones presidenciales de Colombia, México y Brasil en 2018.
La primera tiene que ver con la deriva autoritaria del proceso político en Venezuela, en clara consonancia con el proyecto hegemónico que se viene impulsando en este país desde hace ya más de tres lustros. Si las elecciones legislativas de finales de 2015 pusieron de relieve la complejidad del panorama político del país, que se reafirma como plural y que como tal responde negando la confianza al gobierno desde una perspectiva heterogénea, la respuesta de este no ha dejado de manipular torticeramente las instituciones para bloquear la acción tanto de control como legislativa de la Asamblea. El control del ejecutivo sobre el poder judicial ha supuesto un mecanismo para doblegar al legislativo en un juego agónico de supervivencia enmarcado en una situación de deterioro económico insólito. Un intento de autogolpe permanente, que como sucediera en Perú con Alberto Fujimori en 1992 y en Guatemala un año después con Jorge Serrano, supone una seria anomalía en el desarrollo institucional de unos sistemas políticos más acostumbrados a que las interrupciones de la institucionalidad vinieran desde el legislativo contra el ejecutivo. Las recientes interrupciones presidenciales, enmarcadas en esquemas de actuación muy distintos, en Brasil (Rousseff en 2016), o en Paraguay (Fernando Lugo en 2013), al amparo de sendos juicios políticos, o en Honduras (Mel Zelaya en 2009) a través de un golpe de Estado, son una evidencia de ello. Representan todos claros ejemplos de la tensión autoritaria que permanece agazapada a pesar del evidente avance irrestricto de la democracia, en su dimensión electoral, en la región.
La segunda se refiere al siempre candente asunto de la reelección presidencial. Dos países, que junto con México, Panamá y, recientemente, Colombia han mantenido la imposibilidad de la reelección, se encuentran en una tesitura de eliminarla: Honduras y Paraguay. Precisamente, ambos escenario de la interrupción presidencial de los presidentes citados más arriba. Mientras que en Honduras el actual presidente, Juan Orlando Hernández, aprovechando la decisión de la Corte Suprema de Justicia relativa a la “inaplicabilidad” de la prohibición de la reelección, acaba de ganar las primarias del Partido Nacional, en Paraguay partidarios del actual presidente Horacio Cartes, del Partido Colorado, y del depuesto presidente Lugo, del Frente Guasú, aúnan sus fuerzas para eliminar la cláusula que prohíbe la reelección en la Constitución de 1992 (artículo 229), generando un conflicto que se ha cobrado ya una víctima, ha apaleado al líder del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, y ha provocado el incendio del Congreso. Son evidencias de un escenario en el que el cumplimiento de las reglas es proceloso y las formas mediante las que se pueden cambiar son a menudo violentadas, como en este terreno ya aconteció en Nicaragua.