Los medios de Rafael Correa

Lenin Moreno y Guillermo Lasso se enfrentan el 2 de abril en la segunda vuelta de las presidenciales de Ecuador. La victoria de cualquiera de ellos abre un escenario incierto para el país que ha gobernado Rafael Correa desde 2007 con niveles máximos de aprobación. Si gana Moreno, candidato de Alianza País –el partido de Correa con mayoría en la Asamblea Nacional– será difícil reproducir el liderazgo carismático ejercido por el presidente en los últimos diez años, sobre todo en un contexto de recursos económicos mucho más limitados. Si gana Lasso, candidato de Creando Oportunidades (CREO), tendrá que enfrentarse al problema de casi todos los presidentes anteriores a Correa en el Ecuador democrático: la ingobernabilidad derivada de una minoría legislativa.

Gane quien gane, el país que se encontrará el nuevo presidente es radicalmente distinto al de hace una década. Correa, reelegido dos veces, ha sido el presidente electo que más poder ha concentrado en la historia del país, algo que le ha permitido llevar a cabo una profunda transformación en la política, la economía y la sociedad. Su popularidad, la mayoría legislativa y la aprobación de leyes orgánicas y procedimientos especiales han sido la base que le ha permitido tal cambio.

La concentración de poder en manos de Correa ha tenido uno de sus saldos más negativos al evaluar la situación de las libertades y derechos en Ecuador. Un claro ejemplo de pérdida de libertades democráticas es el de los medios de comunicación. El presidente Correa ha mantenido un enfrentamiento abierto con la prensa, a la que ha acusado de hacerle oposición a través de calumnias e información manipulada. Desde el gobierno se afirma que no se trata de ataques a la libertad de prensa, sino de “ponerla en su sitio”, ya que los medios no están cumpliendo su función social de ofrecer información imparcial y contrastada. Además, el gobierno asegura que su enfrentamiento es contra ciertos sectores de la prensa que solo defienden los intereses empresariales de sus propietarios, perjudicados por el avance de la “Revolución Ciudadana”.

El gobierno cuenta con un periódico y dos canales de televisión que pasaron a manos del Estado como parte del proceso de liquidación de las deudas que tenían sus antiguos propietarios. A pesar de que en un primer momento se aseguró que los canales de televisión se venderían lo antes posible, el gobierno cambió de posición y los ha mantenido bajo control directo, utilizándolos como mecanismo de propaganda. Los periodistas que trabajan en esas empresas han denunciado purgas y presiones por parte de sus directivos para ofrecer información favorable al gobierno.

Otro de los mecanismos utilizados para presionar a los medios ha sido la no renovación de frecuencias radiofónicas. En estos casos, se adujeron irregularidades administrativas o el fin de la concesión (el Estado es el propietario del espectro electromagnético), o se realizaron concursos en los que competían los medios críticos con radios comunitarias que, por el hecho de serlo, obtuvieron una ventaja en el concurso difícil de superar para cualquier empresa privada. El enfrentamiento y la agresividad del gobierno, sobre todo la del propio presidente Correa, con los medios de comunicación y los periodistas han sido denunciados por Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El 14 de junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación que se regula el funcionamiento de los medios y que, según el gobierno, buscaba democratizarlos y evitar que fueran instrumentalizados para el enriquecimiento privado. Sin embargo, la ley aprobada dificulta el trabajo de aquellos que no se quieran someterse al gobierno, ya que incluye múltiples mecanismos de control indirecto o chantaje, como elevadísimas sanciones económicas ante determinadas infracciones que ponen en riesgo la viabilidad operativa. Por otra parte, las autoridades encargadas de aplicar las normas tienen alta capacidad discrecional sobre las multas, y en estos años se ha demostrado su inflexibilidad con los medios privados y una mayor laxitud hacia los medios controlados por el gobierno ante acciones similares. La organización ecuatoriana Fundamedios sostiene que hay una una aplicación arbitraria, discriminatoria y disciplinaria de Ley Orgánica de Comunicación, con denuncias casi diarias y sanciones desproporcionadas.

La ley también creó la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), cuyo máximo responsable es Carlos Ochoa, persona vinculada al gobierno al haber sido director de noticias de los canales de televisión estatales. En el nombramiento del superintendente interviene el presidente, que envía candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (otro órgano con mayoría del gobierno). Sobre el perfil de los integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom), otro de los órganos de control creados por la ley, se ha manifestado RSF, que se hace eco de las críticas que señalan que se trata de personas “demasiado dependientes del poder ejecutivo”. La organización indica los riesgos que ello implica, pues tiene capacidad de imponer a los medios medidas administrativas en lo que se refiere al derecho de rectificación, como obligar a los medios a una disculpa pública y, en caso de reincidencia, multarles si no se produce dicha rectificación. Lo mismo sucede con el derecho a réplica exigido por un tercero. Además, para RSF no queda claro si, según la nueva legislación, Cordicom podrá juzgar en paralelo a la justicia ordinaria. Advierte también de los riegos de ciertas cláusulas de la ley que hacen temer que no se respeten algunos derechos fundamentales que, en teoría, ésta busca garantizar. Por ejemplo, el artículo que dispone que “todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, contextualizada y oportuna” puede prestarse a manipulaciones si no se tiene claro qué criterios permitirán juzgar el valor de una información, sobre todo si esos criterios responden a una agencia del gobierno.

La aplicación de este tipo de reglas ha llevado a situaciones absurdas, que van en contra de la libertad de los medios para determinar sobre qué informan. Así, por ejemplo, Supercom aceptó a trámite una demanda contra de los periódicos La Hora, El Universo, El Comercio y Hoy. El argumento fue que los diarios violaron la Ley Orgánica de Comunicación porque no publicaron “suficiente” información sobre la visita que hizo el presidente Correa a Chile en mayo de 2014. Una denuncia similar fue presentada contra el diario La Hora, también argumentando la falta de cobertura a la misma visita, en la que el presidente fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Santiago e hizo unas declaraciones sobre el centenario del conflicto entre Bolivia y Chile para que el primer país tenga una salida soberana al mar. Estas denuncias se presentaron con posterioridad a que el presidente Correa, en su Enlace Ciudadano N° 374 del 17 de mayo de 2014, se quejara de la falta de cobertura de los medios durante su visita a Chile y pidiera a sus partidarios que actuaran.

Uno de los artículos más polémicos de la Ley de Comunicación es el relativo al llamado “linchamiento mediático”, en el que se señala que “queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiteradamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Para RSF esto supone un grave obstáculo para informar de asuntos sensibles, y actuaría como una limitación a la hora de publicar cualquier revelación de información sensible que involucre a una persona en particular y que sea de interés público. De la misma forma, este artículo de la ley podrá alentar las acusaciones de “desestabilización” que el gobierno ha enarbolado con demasiada frecuencia contra quienes le contradicen. Se trata de una regulación a la que podrían acogerse con facilidad funcionarios involucrados en alguna investigación.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió la derogación de la ley porque, según ellos, restringe la libertad de expresión mediante el control de contenidos de los medios independientes. Esta petición tuvo una reacción furibunda de la Asamblea Nacional de Ecuado, que emitió un comunicado en el que señalaba que la declaración de la SIP era un atentado contra la “soberanía, independencia y autodeterminación del Estado ecuatoriano”.

Fundamedios sostiene que 2014 fue el año con “más agresiones directas para el ejercicio del periodismo y las libertades en Ecuador”. Se registraron 253 ataques reportados de un total de 1.031 desde 2008. La cifra representa un incremento del 46% en comparación con 2013. La censura llegó incluso a Internet, donde se contabilizaron 17 casos de suspensión de cuentas en Twitter o de retirada de fotografías o vídeos en plataformas como YouTube. Para ello, el gobierno cuenta con los servicios de la empresa española Ares Rights, encargada de usar la legislación que protege la propiedad intelectual a fin de evitar que los críticos al gobierno difundan vídeos o imágenes producidas por el gobierno del Ecuador.

Uno de los casos con más cobertura internacional fue el proceso que se abrió en contra del caricaturista del diario El Universo, Xavier Bonilla “Bonill”, al que se acusó de mentir a través de su caricatura y de no poder demostrar que los hechos ocurrieron de la forma en la que el ilustrador insinuaba. También fue sancionado el diario con una multa consistente en el 2% de la facturación promedio de los tres últimos meses. La sentencia de Supercom ordenaba la rectificación de la noticia “por cuanto la afirmación que hace en su contenido (del gráfico) no corresponde a la realidad de los hechos”. La rectificación se hizo por medio de otra caricatura.

En definitiva, al valorar el primer año de funcionamiento de la Ley de Comunicación, RSF señaló en 2014 las muchas derivas legales que podían tener los artículos de la norma peligrosos para la libertad de información y que se han traducido en ataques a periodistas.