Un proyecto de renovación urbana en Lagos, un programa de conservación forestal en Kenia o construcción de presas y centrales eléctricas son algunos de los proyectos que financia el Banco Mundial con el fin de combatir la pobreza. Según la propia entidad, son “redes de protección social” que tienen “un impacto inmediato en la reducción de la pobreza y el impulso de la prosperidad compartida”.
Fundado al término final del la Segunda Guerra mundial, el Banco Mundial es desde entonces uno de los principales promotores del desarrollo global. En 2014, destinó 65.000 millones de dólares en forma de donaciones, préstamos y otros compromisos para trabajar en distintos ámbitos. Sin embargo, en su tarea de contribuir al desarrollo mundial tiene detractores, y competidores. Durante años ha resistido críticas de grupos de presión y activistas antiglobalización, y se le ha tachado de ser un instrumento de poder de Estados Unidos. Pero ahora, el dilema está en las alternativas que proponen las economías emergentes a las instituciones tradicionales.
Una avalancha de críticas está denunciando la violación de derechos humanos que conlleva ejecutar sus programas de protección. El International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), junto con 17 medios de comunicación de todo el mundo, han realizado una investigación sobre proyectos financiados por la entidad que han supuesto el desplazamiento forzoso de millones de personas de sus casas por vivir en los barrios donde iban a construirse algunos de los proyectos. Se supone que los desahucios son contrarios al compromiso del Banco Mundial de “no causar daños” a las personas ni al medio ambiente. Según las políticas de reasentamiento de la entidad, hay que reubicar a las familias desplazadas y devolverles su medio de vida.
¿Hacia el multilateralismo?
El Banco Mundial ha sido el tradicional impulsor de grandes proyectos en varias zonas del mundo, y ahora esta magnitud podría incluso estar aumentando. Como la ayuda de 73 millones de dólares en República Democrática del Congo para la construcción del mayor complejo hidroeléctrico del mundo. Este aumento repentino de los megaproyectos podría estar relacionado con la llegada de competidores. Hablamos, por ejemplo, del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (en inglés, AIIB), lanzado el año pasado por China.
El orden internacional ha cambiado, y Pekín tiene un papel cada vez más importante en los asuntos económicos, políticos y de seguridad. Ahora también entra en el ámbito del desarrollo. Su ministerio de Finanzas ha sido el principal promotor de la nueva entidad financiera, que nace con el objetivo de promocionar grandes obras en Asia, como las telecomunicaciones o el transporte. En EE UU y Japón muchos sectores ven al AIIB como una amenaza para el orden financiero internacional, hasta ahora canalizado a través del Banco Mundial o del Banco Asiático de Desarrollo (en inglés, ADB).
Pero el Banco Mundial ya había perdido influencia en el ámbito del desarrollo incluso antes de la creación del AIIB, en favor de otros competidores regionales como el ADB, el Banco Africano de Desarrollo o el sector privado. Se trata de actores que quieren participar activamente en el crecimiento mundial. Los expertos recomiendan encontrar la manera de trabajar en este nuevo entorno de multilateralismo institucional.
Protección y desprotección: cuando el desarrollo trae pobreza
El propio Banco Mundial reconoce que hay aspectos ligados a sus proyectos que no están suficientemente controlados. Esta controversia surge tras las revisiones internas que ha realizado la entidad. Estos informes concluían que hay posibles fallos, por ejemplo, relativos al reasentamiento. Su presidente Jim Yong Kim señalaba que tenían previsto abordar estas deficiencias, ante el evidente fracaso del seguimiento efectivo del impacto de sus propios proyectos.
La reconstrucción urbana en algunos países estaría suponiendo que muchas personas pierdan sus tierras sin encontrarse protegidos por programas de reasentamiento o compensación, algo que iría en contra del mandato de la entidad. El desarrollo, por tanto, no debería continuar si no se contemplan mecanismos de protección de los derechos territoriales de la gente. En ocasiones, estos no tienen reconocidos sus derechos legales sobre las tierras en las que viven, y se les puede desplazar fácilmente. Según las conclusiones del informe del ICIJ, entre 2004 y 2013 aproximadamente 3.350.449 personas fueron expulsadas de sus hogares y desojadas de sus tierras por los proyectos del Banco Mundial.
Asia ha sido la región más perjudicada, seguida de África y América Latina. En Vietnam, aproximadamente 1.255.603 habitantes han sido expulsados de sus hogares por 27 proyectos. China, con 94 proyectos de la entidad, ha visto como más de un millón de personas tenían que abandonar su hogar. En África, Etiopía está a la cabeza: unas 95.000 personas se han desplazado porque nueve proyectos se iban a llevar cabo en sus tierras.
La solución a los dilemas del Banco Mundial en su papel de promotor del desarrollo y de la lucha contra la pobreza pasa por una reforma en la actividad de la entidad. La competencia internacional en este terreno le podría estar arrastrando a su viejo modelo de megaproyectos de infraestructura masiva. Pero podría ser también una oportunidad para iniciar nuevas dinámicas. La dilatada experiencia de esta entidad es un grado frente al reto del desarrollo y de reducción de la pobreza. Igualmente, al estar formada por 188 miembros, podría explotar su función de foro de debate sobre los grandes asuntos mundiales. El modelo básico del Banco Mundial parece estar obsoleto y para sobrevivir a los competidores, debe trabajar en nuevas direcciones.
Igualmente, las consecuencias que están trayendo algunos de sus proyectos para muchas personas con escasos recursos deben ser valoradas. Los programas de la entidad deben ir acompañados de un plan de reasentamiento que les permita mantener un hogar y un medio de subsistencia, sin que los planes supongan un impacto negativo en su vida. El Banco Mundial y los gobiernos de los países beneficiarios de las inversiones deben trabajar conjuntamente para que esta condición de cumpla y, por tanto, los proyectos no supongan más pobreza. Sin una mayor protección de los más afectados por las construcciones, el Banco Mundial estará haciendo, en algunos casos, más mal que bien.