Libertad de expresión acorralada en Turquía

El estado de emergencia, declarado en Turquía el tras el intento de golpe de Estado del 15 julio, ha tenido un profundo impacto sobre la situación de la libertad de expresión en el país. Una delegación internacional conformada por asociaciones de prensa, entre las que se encontraba Reporteros Sin Fronteras, PEN Internacional y Article 19, ha concluido, tras una visita a Estambul en los primeros días de septiembre, que se ha producido “una represión sin precedentes” en este ámbito. Si bien se avalaba el hecho de que el gobierno turco llevara a los instigadores del golpe ante la justicia, se solicitaba que se pusiera en libertad inmediata a los periodistas detenidos sin pruebas y el “cese del acoso a los pocos medios independientes y de oposición que quedan en el país”.

Ya antes del intento golpista, la situación de la libertad de expresión en Turquía fue un asunto señalado en el informe anual de la Comisión Europea en noviembre de 2015 en el marco de las negociaciones de adhesión. El informe remarcaba que, si bien se habían apreciado mejoras en épocas anteriores, en los dos últimos años se había producido un notable retroceso. Se señalaba la expulsión de periodistas internacionales y las “frecuentes amenazas y varios tipos de intimidación por parte de agentes estatales y no estatales contra periodistas y medios de comunicación” en Turquía. También se apuntaba la extensa práctica de apertura de casos contra periodistas, escritores y usuarios de las redes sociales, por haber insultado presuntamente al presidente, Recep Tayyip Erdogan, lo que había dado lugar a condenas de prisión o a multas, en un clima de creciente autocensura.

Durante los meses que transcurrieron entre las elecciones generales de junio de 2015 y su repetición en noviembre del mismo año, medios de comunicación y periodistas críticos con el gobierno fueron hostigados. Así, una turba, entre la que se encontraba un diputado del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), atacó las oficinas del diario Hürriyet, y uno de sus periodistas fue gravemente herido en las puertas de su domicilio. La televisión pública TRT1, por otro lado, favoreció considerablemente la cobertura electoral del AKP frente a los partidos en la oposición. En épocas recientes han sido numerosas las restricciones a los periodistas para informar sobre determinadas cuestiones que se consideran sensibles por parte del gobierno. En este orden de cosas, los periodistas Can Dündar y Erdem Gül fueron acusados de espionaje en junio de 2015 al publicarse en la página web de su periódico, Cumhuriyet, un vídeo que apuntaba al suministro de armas a grupos combatientes en Siria por parte de la inteligencia turca. En la actualidad, Dündar está fuera de Turquía, pero el pasaporte de su mujer, Dilek Kurban, ha sido confiscado y tiene prohibido viajar al extranjero. Se ha hecho habitual que se imponga la censura mediática a la hora de cubrir información sobre atentados terroristas.

Artillería legal contra la información

Turquía cuenta desde finales de la década de los cuarenta con un sistema multipartidista que, especialmente a partir de los años sesenta, daría lugar a un amplio debate ideológico. A pesar de que su historia en el siglo XX estuvo jalonada por golpes de Estado y por la tutela militar en determinadas épocas, el país fue capaz de desarrollar una variada y rica vida periodística que ha dado buena cuenta de la situación política y social del país. En numerosas ocasiones no ha sido fácil la actividad informativa, y las líneas rojas en cuestiones de alto voltaje político, como la cuestión kurda, han sido severamente limitadas en décadas recientes en el contexto legal enmarcado por la Constitución, proclamada en 1982, tras el golpe de Estado de 1980, y por la Ley Antiterrorista aprobada en la década de los noventa.

Ambos cuerpos legales, así como el Código Penal, experimentaron importantes reformas en el desarrollo de la candidatura de Turquía a la UE entre 1999 y 2005, en las que se suprimieron o se modificaron artículos que restringían la libertad de expresión en el país. Según Human Rights Watch, en noviembre de 2005 no se conocían casos de individuos en prisión sentenciados por haber hecho públicas sus opiniones no violentas.

Sin embargo, a partir de 2009, las cifras de periodistas encarcelados comenzaron a crecer. Las reformas previas no habían conseguido acabar con toda una serie de provisiones legales que, sobre todo en nombre de la seguridad nacional, el orden público y la unidad nacional, fueron reactivadas, concretamente en asuntos relacionados con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) o con el caso Ergenekon, lanzado en 2007 contra diferentes sectores del estamento militar, el mundo académico y político a los que se les acusó de confabular en la desestabilización y el derrocamiento del gobierno por medios violentos.

Sectores pro-Gülen en la judicatura y el propio gobierno del entonces primer ministro Erdogan apoyaron activamente la apertura de esta investigación. Si bien este caso parecía en un primer momento que serviría para sacar a la luz el llamado “Estado profundo” turco, durante el proceso judicial se llevaron a cabo numerosas y graves irregularidades, e incluso se desvelaría posteriormente la fabricación de evidencias falsas. Periodistas que siguieron el caso y fueron críticos con el gobierno terminaron arrestados y en prisión.

La situación empeoró tras las revueltas de Gezi en mayo-junio de 2013, y tras los casos de corrupción abiertos contra el gobierno en diciembre de 2013. Erdogan acusó entonces a los miembros de la comunidad del clérigo Fetullah Gülen, residente en Pensilvania (Estados Unidos), de haberse convertido en un “Estado paralelo” que había urdido toda una trama para desestabilizar el país y los calificó de grupo terrorista. A partir de entonces se llevó a cabo una profunda remodelación de la justicia y de las fuerzas policiales. A continuación se confiscaron activos de grandes grupos económicos miembros o simpatizantes de Gülen dueños, a su vez, de importantes medios de comunicación turcos. Fue el caso del conglomerado Koza Ipek Holding, del que eran parte el periódico Bugün y el canal de televisión Kanal Türk, en octubre de 2015, justo antes de la repetición de elecciones de noviembre.

En la década de los ochenta se produjo un proceso de neoliberalización económica en Turquía que afectó a los medios de comunicación, que si anteriormente estaban de manera predominante en manos de empresas familiares, pasaron a integrarse en grandes conglomerados económicos. Tras la llegada del AKP al poder, en 2002, comenzaron a florecer grupos mediáticos cercanos al gobierno. El periodista Ahmet Şık en un informe para English PEN señalaba que en 2015 de los 47 diarios nacionales registrados en Turquía, 20 de ellos estaban directamente controlados por el gobierno del AKP. Por su parte, el que había sido hasta la fecha el mayor grupo mediático de Turquía, Dogan, fue objeto de elevadas multas fiscales, que acabarían influyendo en los contenidos y líneas editoriales de sus medios de comunicación. Paralelamente se apoyaría el crecimiento de grupos afines al AKP, como Calik Holding, cuyo director general, Berat Albayarak, era el yerno de Erdogan. Albayarak fue nombrado posteriormente ministro de Energía en el gabinete surgido tras las elecciones de noviembre de 2015.

En la profundidad de las redes

Internet ha sido otro de los frentes de batalla librado en el ámbito de la libertad de expresión, muy especialmente tras las revueltas de Gezi de 2013. Erdogan llegó a declarar que Twitter era “una amenaza para la sociedad”, y tanto esta red social, como YouTube han sido censurados o bien directamente bloqueados en determinados periodos. La ley 5651 que afecta a la utilización de Internet ha sufrido varias transformaciones desde que se promulgó en 2007, ampliando las vías de censura sin previo control judicial.

Tras el intento de golpe de Estado de julio los arrestos de periodistas se han convertido en noticia diaria. Según la plataforma de periodismo independiente P24, a día 7 de septiembre se encontraban en prisión 117 periodistas. Tras la declaración del Estado de emergencia, 86 periodistas habían sido arrestados, 16 de ellos sin relación con cargos relativos al golpe de Estado. Entre los detenidos y arrestados no solo se encuentran periodistas acusados de pertenecer al entorno de Gülen, sino un número considerable de profesionales que trabajan para agencias de comunicación o periódicos prokurdos, como la agencia de noticias DIHA, la agencia feminista kurda JINHA, el diario Özgür Gündem que ha sido, al menos temporalmente, censurado, o el semanario en kurdo Azadiya Welat.

Por otra parte, han sido numerosos los medios de comunicación cerrados tras la intentona golpista: 16 canales de televisión, tres agencias de noticias, 46 periódicos, 16 revistas, 23 canales de radio y 28 editoriales.

En este proceso, se ha detenido a importantes empresarios en el país y sus bienes han sido confiscados. Para el presidente Erdogan, las escuelas, instituciones, medios de comunicación o empresas relacionados con la comunidad de Fetullah Gülen son “nidos de terrorismo”.

Entre las compañías confiscadas por el gobierno turco se encuentran dos corporaciones que aparecen en el ranking de la revista Fortune de las 500 empresas y corporaciones más importantes del mundo. Según los datos facilitados por Reuters, 4.262 compañías e instituciones relacionados con Gülen habrían sido cerradas, unas 40.000 personas ha sido detenidas y cerca de la mitad estarían bajo arresto pendiente de los cargos. A su vez, cerca de 80.000 personas han sido apartadas de sus puestos como funcionarios, militares o agentes policiales. El estado de emergencia y la rapidez con la que se han producido los arrestos, las detenciones y las confiscaciones han impedido que se hagan bajo un proceso judicial regular con garantías. El gobierno turco plantea que estas acciones son precisas para desmantelar la amenaza gülenista y evitar un contraataque tras el fallido golpe de Estado, pero son numerosas las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional que han expresado su preocupación. La intensidad y alcance de la purga no han permitido constatar con evidencias la relación de las personas represaliadas con la intentona golpista.

Academia acosada

En el ámbito de la libertad de expresión otro sector especialmente castigado ha sido el académico. Ya antes del golpe, los firmantes de una declaración hecha pública en enero de 2016, que llamaba al alto el fuego en las ciudades del Este de mayoría kurda, castigadas por el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el PKK y los toques de queda, promovieron en su lugar la vuelta a la mesa de las negociaciones de paz. Los firmantes fueron objeto de graves y diversas represalias: investigaciones, interrogatorios, encarcelamiento y suspensión de sus puestos. Tras el estado de emergencia, un decreto promulgado el 1 de septiembre ha expulsado a 44 académicos de los firmantes, a los que se les ha retirado el pasaporte y se les prohíbe el acceso a la función pública de por vida. Tras el intento golpista, 1.577 decanos fueron obligados a dimitir. Son numerosas, también, las instituciones de educación superior que han expresado su solidaridad con los académicos turcos y su preocupación por la situación de la libertad académica en el país, como la Asociación Europea de Universidades (EUA), Conferencias de Rectores Europeas y organizaciones de académicos de todo el mundo.

Los afectados bajo la situación de emergencia no tienen derecho a apelar y se desconoce en este momento de qué modo podrá demostrarse la inocencia de algunas personas en el futuro, si es que se produce esa posibilidad, y si podrán ser indemnizadas profesional, social y económicamente. Si bien desde la UE y EEUU se han levantado voces críticas, los acuerdos en materia de refugiados en el primer caso y el establecimiento de una alianza internacional contra el Estado Islámico, en el segundo, parecen haber relegado en un segundo plano la situación de la libertad de expresión.

En una entrevista publicada recientemente en Hürriyet Daily News, Bülent Tezcan, vicepresidente del principal partido de la oposición turca, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), señalaba que tras el golpe se había instaurado un nuevo clima de diálogo entre el gobierno y la oposición (en el que no se ha incluido al prokurdo Partido Democrático de los Pueblos, HDP) que valoraba positivamente y que podría llevar a una situación más “democrática”, pero el “riesgo de desviarse hacia el autoritarismo también estaba presente”. La situación de la libertad de expresión estará en el epicentro y será uno de los más claros indicadores del carácter del futuro sistema político turco.