Ley Europea de Chips: la peor política industrial posible

Nadie necesita convencerse de que los semiconductores y los chips electrónicos son esenciales para la industria moderna y para las transiciones ecológica y digital. Pero esto no significa necesariamente que la Unión Europea deba apoyar activamente el sector. Muchos sectores son importantes, pero la cruda realidad es que el Estado no puede apoyarlos a todos.

La política industrial significa establecer prioridades. Además, la intervención pública solo se justifica si el mercado no funciona como debería, como en el caso de las industrias nacientes o “inmaduras”.  Sin embargo, la industria europea de chips no es en absoluto una industria naciente. En el pasado recibió apoyo financiero, pero luego perdió el rumbo y dejó de ser una fuente de innovación de vanguardia dentro del sector.

La inversión de fondos públicos puede estar justificada si un determinado sector no puede financiarse por sí mismo a través de los medios del mercado –este fue el caso de los fabricantes de aviones en los años setenta, de ahí las ayudas públicas a la puesta en marcha de Airbus–.  No es el caso de la industria de los chips, ya que sus principales empresas no tienen problemas para obtener las enormes cantidades de capital necesarias para construir nuevas fundiciones o para apoyar la intensa investigación que se lleva a cabo en el diseño de chips y en el desarrollo de la maquinaria de vanguardia que empaqueta transistores cada vez más pequeños en un solo chip.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, es difícil encontrar una justificación razonable para la Ley Europea de Chips presentada por la Comisión Europea.

Financiación y gestión: espejismo y problema

La iniciativa recibirá 3.300 millones de euros –unos 500 millones anuales a lo largo de siete años–, obtenidos principalmente mediante la reorientación de fondos de otras partes del presupuesto de la UE. La única financiación nueva es de 250 millones, es decir, un 8% del total. El 92% de los 3.300 millones provendría, pues, de recortar la financiación de otras iniciativas de investigación o digitales.  La Comisión ni siquiera trata de argumentar que la financiación de la Ley de Chips dará un mayor rendimiento que el recorte general de la investigación en otras partes –que incluye recortes a la computación avanzada y a la inteligencia artificial).

Con solo 250 millones de euros de dinero “fresco” de un total de 3.300, es muy engañoso sugerir que la Ley de Chips tendrá un gran impacto cuando una sola fundición puede costar miles de millones. Como es habitual, la propuesta cubre sus promesas con la consabida fórmula de que la Ley “movilizará más de 43.000 millones de euros de inversiones públicas y privadas”. Las expresiones clave aquí son “movilizar” y “público y privado”, ambas lo suficientemente vagas como para que la Comisión pueda reclamar el crédito de cualquier inversión –en su mayoría privada en este sector– que esté remotamente relacionada con la iniciativa.

Además, parte del presupuesto de la propuesta se destinará a la creación de organismos totalmente nuevos, como un Consejo Europeo de Semiconductores compuesto por representantes de los Estados miembros, lo que abre la puerta a un flagrante tira y afloja en la distribución de los fondos. Esto contrasta claramente con el programa Horizonte Europa, donde los Estados miembros no tienen nada que decir sobre las propuestas de proyectos que obtienen financiación; en resumen, solo importa la excelencia. Por desgracia, es Horizonte Europa el programa que sufrirá recortes para pagar la Ley de Chips.

El Consejo Europeo de Semiconductores es, por tanto, una invitación a los Estados miembros a promover sus propios intereses nacionales. Por supuesto, la Comisión anima a todos ellos a coordinar la investigación de sus chips, pero esto es una ilusión: la financiación nacional siempre sigue las prioridades nacionales.

¿Seguridad de suministro?

Uno de los principales objetivos de la Ley de Chips es contribuir a la seguridad del suministro a través de las llamadas “instalaciones de producción integrada” y “fundiciones abiertas de la UE”.  Estas instalaciones podrían recibir la orden de seguir “órdenes de clasificación prioritaria” cuando se declare una escasez.  Además, la Comisión podría incluso imponer controles a la exportación –lo que sería difícil de conciliar con las normas de la Organización Mundial del Comercio–.

El principal calificativo de estas instalaciones “europeas” es que son “únicas en su género”. Sin embargo, hay muchas variedades de chips. El número de transistores por chip no es la única variable que determina su valor o importancia estratégica. En consecuencia, no está claro qué tipo de fundición debe ser apoyada: ¿las que tienen los transistores más pequeños, las que tienen un menor consumo de energía o las especializadas en determinadas aplicaciones?

Tampoco hay una definición clara de lo que constituye una “escasez”, solo que podría declararse si hay “graves interrupciones en el suministro de semiconductores que provoquen una escasez significativa, que: (a) suponga retrasos importantes o efectos negativos significativos en uno o más sectores económicos importantes de la Unión, o (b) impida el suministro, la reparación y el mantenimiento de productos esenciales utilizados por sectores críticos”. Esto es lo suficientemente vago como para abarcar cualquier aumento de precios que incomode a sectores políticamente poderosos, y la Comisión puede declarar un desabastecimiento sin dar una justificación a través de un acto de ejecución.

Hay que dar rienda suelta a las fuerzas del mercado en el sector de los chips. Los sectores críticos deberían pagar precios más altos por los chips, ya que también pueden aumentar sus propios precios –si sus productos son realmente tan críticos–. Los productores más eficientes siempre dudarán en convertirse en “fundiciones abiertas de la UE” si eso significa que deben cumplir con los pedidos por motivos políticos cuando los precios son altos, es decir, cuando de otra manera estarían generando sus mayores beneficios.

Hay una alternativa mejor

En definitiva, la Ley Europea de Chips combina los peores rasgos de la política industrial: recursos insuficientes, obtenidos en su mayoría recortando valiosas investigaciones en otros lugares, y un vago mecanismo de seguridad de suministro, todo ello gestionado por nuevos organismos permanentes en los que los Estados miembros se pelearán entre sí por el reparto de los fondos.

El principal argumento a favor de la Ley Chips parece ser que otras grandes economías proporcionan un enorme apoyo estatal a la industria. Estados Unidos cuenta con la CHIPS for America Act, con propuestas de apoyo financiero por valor de 52.000 millones de dólares. China tiene el objetivo oficial de producir internamente el 70% de los chips necesarios para su propio consumo –lo que es poco probable que se cumpla–.

Sin embargo, hay dos razones por las que la UE no necesita seguir sus pasos. En primer lugar, es ridículo copiar los errores de otros. En segundo lugar, es probable que la tasa de rendimiento en este sector para Europa sea muy baja, precisamente porque otros están apoyando el mismo sector de forma tan generosa.

El enfoque inteligente para Europa sería no participar en esta carrera de subvenciones. Dentro del sector de los chips en general, Europa tiene una importante experiencia en equipos de fabricación específicos. Los recursos financieros deberían concentrarse en este ámbito, quizá también en el diseño innovador de nuevos chips. Este sería un uso mucho mejor de los escasos fondos de la UE, definitivamente más deseable que establecer una engorrosa maquinaria burocrática con el único objetivo de garantizar que un determinado porcentaje de la producción mundial se desplace a Europa.

Artículo publicado originalmente en inglés en la web de CEPS.