El Salvador ante el precipicio

El Salvador inauguró una etapa democrática insólita en su historia tras los acuerdos de paz de 1992. Entonces se puso fin a una guerra civil que asoló el país a lo largo de tres lustros y que fue la prolongación de un conflicto iniciado al comienzo de los años treinta y que, más tarde, se alimentó por los efectos de la guerra fría y la influencia directa de la revolución cubana. Las elecciones presidenciales y legislativas de 1994 supusieron un parteaguas en la tradición política del país, de corte oligárquico y militarista, generándose un inédito ciclo democrático. Desde entonces se han llevado a cabo de manera ininterrumpida seis elecciones presidenciales (cada cinco años) y nueve comicios legislativos (cada tres años). A lo largo de este cuarto de siglo, han ocupado la jefatura del Estado tres presidentes del partido derechista Arena, dos del partido izquierdista FLMN y un independiente. En la Asamblea Legislativa, de las más polarizadas de América Latina, se cubre perfectamente la representación del eje izquierda-derecha y desde hace años ninguna formación alcanza por sí sola la mayoría absoluta (38 representantes de 75).

El panorama general institucional muestra que el sistema político salvadoreño tiene unas muestras de desempeño estable en un nivel ligeramente superior al promedio latinoamericano. El índice de Freedom House acerca de las libertades civiles y de los derechos políticos se mantiene constante en 2,5 (categoría de “libre”), mientras que los índices más complejos recogidos en la siguiente tabla muestran cierta esta estabilidad con una suave pendiente decreciente.

En paralelo, la descomposición de la democracia en cinco variedades permite afinar mejor sus componentes, además de dar cuenta de su evolución a lo largo de un cuarto de siglo, como se constata en el gráfico. Como es habitual para toda América Latina, la dimensión igualitaria de la democracia se descuelga de las otras cuatro, que además mantienen una suave pendiente creciente interrumpida en tres de ellas en torno a 2015

Esta dinámica política debe complementarse con especificidades propias de El Salvador, que configuran un marco que lo diferencia del resto de la región. El 24% de su población, es decir, poco más de 1,6 millones, ha emigrado (de forma masiva a Estados Unidos); la actividad de las pandillas delincuenciales (maras en la terminología regional), que integran a cerca de 60.000 personas, le hace ser uno de los países más violentos del mundo, habiendo ocupado el primer lugar de América latina en este rubro hasta ser desplazado por Venezuela; tres de los últimos presidentes han sido enjuiciados por corrupción, evidencia del mal estado en que vive el país: Francisco Flores (1999-2004), ya fallecido; Antonio Saca (2004-09), condenado a diez años de prisión, y Mauricio Funes (2014-19), huido a Nicaragua.

De forma suplementaria, este escenario se ve acompañado por un serio problema de malestar de la gente con la política. Según Latinobarómetro, en la última década el apoyo a la democracia ha descendido del 68% al 28% y la confianza en los partidos políticos (“mucha y algo”) ha pasado del 39% al 6%. En cuanto a la identificación con los partidos políticos en los últimos diez años, según el Barómetro de las Américas ha descendido del 51% al 35%. Paralelamente, la participación electoral apenas ronda en el 50%, con una disminución en las dos últimas décadas de 15 puntos porcentuales, que, sin embargo, se corrigió muy modestamente en las elecciones presidenciales de 2019, en las que el panorama cambió súbitamente por la presencia como candidato de Nayib Bukele.

El fenomeno Bukele

Nacido en 1981 e hijo de un exitoso empresario de origen palestino, Bukele fue también empresario en el ámbito de la publicidad y alcalde, primero, del pequeño municipio aledaño a la capital Nuevo Cuscatlán (2012-15) y luego de San Salvador (2015-18), bajo el paraguas partidista del FMLN. El partido bloqueó su candidatura presidencial para los comicios de 2019 por enfrentamientos internos, circunstancia que llevó a Bukele a poner en marcha una plataforma propia, Nuevas Ideas, que, no obstante, no pudo materializar por no cumplir los requisitos electorales. Tras un intento fallido de ser candidato por Cambio Democrático, un partido de centro izquierda que había perdido el registro electoral, solicitó el ingreso en la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el partido de centro de derecha que había formado Saca tras dejar Arena. Su activismo en Twitter, que databa de una década, su imagen alejada de la clase política tradicional y el fuerte carácter personalista de las elecciones presidenciales (no coincidentes con las legislativas, celebradas el año anterior) dieron una clara mayoría a Bukele, que no requirió de una segunda vuelta.

El estilo de liderazgo del nuevo presidente, permanentemente presente en las redes sociales –sus selfis en su comparecencia en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2019 fueron todo un hito– y con una forma de dirigirse a la gente muy próxima a la retórica religiosa, así como confrontador de las prácticas políticas tradicionales, ha generado un fenómeno de aceptación popular insólito en la historia del país, con índices de aprobación que dicen alcanzar el 80%. Ello se une, a la hora de llevar a cabo la acción de gobierno, a la necesidad de enfrentarse a una Asamblea Legislativa integrada por políticos tradicionales, donde está en muy clara minoría, y a la expectativa de que la correlación de fuerzas podría cambiar si obtiene el éxito en las elecciones de febrero de 2021.

Los sucesos del 9 de febrero, en los que culminó un proceso de presión al poder legislativo de muy dudosa constitucionalidad y que se inserta en una tradición latinoamericana demasiado recurrente en los últimos tiempos, han generado una tensión insoportable, tal vez el preludio de un nuevo escenario de quiebre institucional. El manejo arbitrario del ejército, del que Bukele se hizo acompañar en su insólita y atrabiliaria intervención en las afueras de la Asamblea Legislativa y dentro de ella, es un acto preocupante en un país que todavía tiene muy reciente el papel que las fuerzas armadas desempeñaron en el pasado. A pesar de la acertada actuación de la Sala Constitucional y de actores de la sociedad civil como la Universidad Católica o Fusades, la histriónica verborrea del presidente, la amenaza unida al insulto a los legisladores (“Démosles una semana a esos sinvergüenzas”), la invocación recurrente a la divinidad como fuente de su inspiración y legitimidad, son evidencias igualmente alarmantes del precipicio ante el que se encuentra el país centroamericano.