Migración en América Latina: percepciones de la clase política

La segunda quincena de agosto ha supuesto para la inmigración en América Latina la llegada a un punto de inflexión de extrema preocupación. Si en los meses anteriores el retorno de inmigrantes en Estados Unidos a sus países de origen, sobre todo México y centroamericanos, la salida de multitudes de Venezuela y luego de Nicaragua llenaron los titulares de los medios de comunicación, ahora el problema alcanza un nivel de inquietud que comienza a ser alarmante. En Costa Rica comienza a haber agresiones a emigrantes nicaragüenses por bandas de encapuchados que visten la camiseta de la selección nacional de fútbol y portan banderas nacionales. En Ecuador y Perú, países que conforman la Comunidad Andina, empieza a pedirse el pasaporte a los venezolanos que cruzan sus fronteras y que hasta ayer lo hacían mostrando simplemente su cédula de identidad.

La población desplazada procedente de Venezuela cruza la frontera con Colombia, que tiene una extensión de 2.200 kilómetros, para diseminarse por toda América del Sur. El contingente que atraviesa la frontera de Venezuela con Brasil es mucho menor, aunque no despreciable; este paso amenaza con ser cerrado. En lo que se lleva de año, más de medio millón de personas han cruzado la frontera de Colombia con Ecuador, a un ritmo de 4.000 al día. Un contingente en torno al 20% se queda en el país, pero el resto continúa el viaje a Perú y de ahí a Chile y Argentina.

Un escenario insólito se extiende en el continente con una diáspora que nunca en su historia se había producido en tal escala. Cientos de miles de venezolanos, con un promedio de instrucción medio y medio-alto, configuran las bolsas de nuevos migrantes superando con creces los movimientos de población que en los últimos años habían generado haitianos y cubanos, así como la más pausada corriente migratoria acaecida entre Perú y Bolivia hacia Chile y Argentina y la tradicional de Paraguay a Argentina. El carácter intra-latinoamericano de esta emigración contrasta con el que se dio, fundamentalmente entre 1880 y 1960, de ámbito extra-latinoamericano.

La petición de pasaporte por parte de las autoridades de Ecuador y de Perú supone un problema añadido a Colombia que verá crecer el número de venezolanos que se queden en el país y que ya se acerca a los dos millones. Uno de los elementos más relevantes que este fenómeno trae consigo han sido las muestras de solidaridad registradas y, hasta ahora, la ausencia de brotes de xenofobia.

El proyecto de elites parlamentarias de la Universidad de Salamanca ha introducido en la última oleada de entrevistas a muestras representativas de los integrantes de los poderes legislativos latinoamericanos cuatro preguntas sobre su percepción de la emigración, así como su posicionamiento ante ciertas políticas migratorias. La presente nota describe algunos de los puntos más relevantes de la posición de quienes integran los parlamentos nacionales al respecto de nueve países donde se ha hecho trabajo de campo. Se presentan datos agregados del conjunto de países, por cada país analizado y se cruzan por la identificación ideológica del diputado entrevistado.

El Cuadro 1 muestra la proclividad y la tolerancia hacia la inmigración de acuerdo con las respuestas a tres preguntas: asumir la responsabilidad a la hora de aceptar a inmigrantes, considerar que los inmigrantes deben tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y estar de acuerdo con que no deben ser discriminados en el ámbito laboral. En estos asuntos la posición propicia es mayoritaria. De hecho, en los dos primeros rubros se alcanza un 55% de favorabilidad (muy de acuerdo y de acuerdo). Igualmente es mayoritaria la posición que señala su inconformidad con el lugar común de que los inmigrantes se aprovechan de los beneficios de la seguridad social nacional. En el lado de los que se oponen (muy en desacuerdo y en desacuerdo para las tres primeras preguntas y muy de acuerdo y de acuerdo para la cuarta) el porcentaje de los diputados nunca supera la cuarta parte. Quienes se sitúan en la franja de indecisos se mueven entre el 20% y el 30% de los entrevistados. Ello hace ver, en términos generales regionales, que existe una cierta proclividad hacia el fenómeno migratorio, algo que pudiera explicarse por la ausencia de tensiones en este ámbito en las sociedades latinoamericanas hasta el momento presente. Sin embargo, debe destacarse que en la pregunta referida a la defensa del empleo de los nacionales el acuerdo es, igualmente –aunque en dirección contraria–, mayoritario. Las mismas prevenciones que se registran en EEUU o en la Unión Europea aparecen aquí de manifiesto.

Los Cuadros 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 presentan las respuestas a estas cuatro preguntas por país evidenciando grandes diferencias existentes entre los nueve países donde se ha realizado hasta ahora el trabajo de campo. Ello supone un toque de atención a la hora de la interpretación de los resultados medios analizado en el párrafo anterior. Es interesante, no obstante, destacar que no hay un patrón de comportamiento similar de los países estudiados. Es decir, sus diputados no responden siguiendo una línea de conducta, de manera que se registran opiniones diferentes para cada una de las preguntas. Con respecto a la primera de ellas (Cuadro 2.1), relativa a las responsabilidades del país en cuestión a aceptar a inmigrantes de países en guerra, destaca muy claramente Ecuador, país en cuyo poder legislativo tiene una mayoría significativa el Movimiento País que cuenta en su programa con una decidida posición de apertura de fronteras (aunque ahora por la crisis descrita más arriba esté adoptando una posición restrictiva de la emigración venezolana). Tres países centroamericanos, sin embargo, destacan por mantener una posición nada favorable a abrir sus fronteras y ello pese a haber sido países en guerra en la década de 1980 y, por consiguiente, generadores de movimientos migratorios.

El Cuadro 2.2 muestra una variabilidad menor. Únicamente dos países, Guatemala y Bolivia se muestran muy reactivos a reconocer los derechos universales a los inmigrantes. Nicaragua y República Dominicana adoptan una posición intermedia, mientras que los restantes tiene una postura claramente favorable, destacándose Uruguay, donde el 91,2% de sus entrevistados esta muy de acuerdo y de acuerdo en este punto. Ecuador, El Salvador, México y Venezuela mantienen posiciones de favorabilidad en torno al 70%.

El Cuadro 2.3. reduce las diferencias entre los países. En esta ocasión la pregunta se refiere al grado de conformidad sobre la prioridad de los ciudadanos nacionales sobre los inmigrantes en el acceso a puestos de trabajo. Salvo Uruguay y en mucha menor medida México, los diputados entrevistados se muestran favorables a proteger el empleo nacional. Este punto es especialmente sensible en República Dominicana, frente a la presencia de haitianos, y en El Salvador, habida cuenta de la presión demográfica que sufre el país. Los restantes países analizados (Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela) muestran un gran de conformidad ante el temor de la pérdida de puestos trabajo de los nacionales en favor de los migrantes que se mueve entre el 52,6% y el 64,4%.

El Cuadro 2.4 muestra la posición de los diputados de los países analizados con respecto al temor de que los inmigrantes se aprovechen de los beneficios sociales. Esta pregunta hay que situarla en el justo término habida cuenta de los muy diferentes esquemas de seguridad social existentes en América Latina donde hay países cuyos niveles de seguridad social son muy bajos (Guatemala) frente a otros que son elevados (Uruguay). Las respuestas hablan en general de valores bajos de conformidad. Uruguay vuelve a ser la nota más discordante ya que sus diputados considerar en bajísima medida que los inmigrantes se aprovechen de los beneficios de su seguridad social. Por el contrario, República Dominicana vuelve a ser el país con valores más altos reflejándose de esta manera el problema haitiano. El Salvador y México tienen también valores bajos y los restantes países (Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela) valores que oscilan entre el 27,7% y el 38,6%.

Los cuadros 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 son el resultado del cruce de las cuatro preguntas con la auto ubicación ideológica del diputado que respondió a la pregunta. La autoubicación se lleva a cabo preguntando al diputado por su ubicación en una escala en la que 1 es la izquierda y 10 es la derecha. La evidencia muestra que un grado muy alto de diputados (prácticamente el cien por cien) se auto posiciona en esta escala. Ello permite posteriormente realizar cruces estadísticos que permitan vincular la posición ideológica (aquí se han tomado arbitrariamente cinco nichos ideológicos que corresponderían con la izquierda para quienes se sitúen en 1 y 2, el centro izquierda para quienes se sitúen en 3 y 4, en centro para quienes se sitúen en 5 y 6, el centro derecha para 7 y 8, y la derecha para 9 y 10).

El Cuadro 3.1 muestra diferencias significativas para los diputados que se ubican en la derecha pues su grado de favorabilidad en torno a la responsabilidad de su país de aceptar a los inmigrantes es justo la mitad de los restantes. Los diputados que se ubican en la izquierda registran un porcentaje de aceptación ligeramente superior (58,45) a los diputados que se ubican en el centro izquierda (52,0%), el centro y el centro derecha (51,9% para ambos).

El Cuadro 3.2 muestra diferencias mucho menos acusadas cuando se tiene en cuenta la escala ideológica habiendo apenas una separación de 15 punto porcentuales. Es interesante volver a constatar la correlación existente entre las posiciones sesgadas a la izquierda y las sesgadas a la derecha en este punto.

El Cuadro 3.3 vuelve a recoger la referida correlación y también registra un leve incremento en la escala de diferencia que ahora se eleva a 19 puntos porcentuales. Cuando la izquierda y el centro izquierda muestran su conformidad sobre la prioridad del trabajo de los nacionales frente a los inmigrantes en torno a una horquilla muy pequeñas del 50,5%-51% el centro derecha y la derecha asciende al 64,1%-69,6%.

Finalmente, el Cuadro 3.4 muestra un equilibrio alrededor del 44% en el que coinciden los diputados auto ubicados en las arenas de la izquierda y de la derecha con respecto a la consideración de que los inmigrantes se aprovechan de la seguridad social.