Las promesas de cambio incumplidas de Mohamed VI

La prensa oficialista de Marruecos suele describir como un éxito de la sabiduría del rey Mohamed VI que el movimiento de descontento popular que hace cuatro años brotó en la revolución de los Jazmines de la vecina Túnez haya pasado de largo en su país. Según esta versión, el peligro de que Marruecos se viese afectado por la primavera árabe quedó neutralizado gracias a la habilidad y rapidez con que el monarca reaccionó ante los primeros síntomas de contagio, anunciando en marzo de 2011 una reforma constitucional que frenó las incipientes protestas del Movimiento del 20 de febrero.

Esta versión suele además dar por satisfechas las posibles aspiraciones del pueblo marroquí a un cambio democrático. Su gran argumento es el sí mayoritario (98% de los votos) dado por el pueblo a las propuestas de enmienda en el referéndum que se celebró en julio de ese mismo año, pese al boicot de la oposición. Lo que no suele contar esta descripción triunfal es que, aunque no hayan alcanzado el carácter masivo de las protestas populares que barrieron el régimen tunecino de Ben Alí o del presidente egipcio Hosni Mubarak, el descontento ha seguido desde entonces plantándole cara al régimen en las calles de Rabat y las principales ciudades de Marruecos al grito de “justicia, libertad y dignidad”.

No cabe duda que los retoques de 2011 a la Constitución, otorgados por el rey sin una auténtica participación de representantes de la ciudadanía, han convertido a la monarquía alauita de una de las más liberales del mundo árabe. Pero queda un largo trecho para que Mohamed VI se convierta, como los más optimistas habían augurado, en un monarca constitucional. Los cambios no han supuesto una pérdida del poder absoluto que el rey sigue teniendo al haberse asegurado un exclusivo dominio en materia de seguridad, religión y la toma de decisión sobre los principales asuntos políticos.

Más grave aún es que la reforma de 2011 no ha supuesto el fin de las prácticas autoritarias y, sobre todo, de los modos policiales y judiciales incompatibles con un auténtico Estado de Derecho. Como ha vuelto a recordar en su último informe anual Human Rights Watch, en Marruecos se ha seguido silenciando a la prensa y recortando la actividad política con la aplicación de leyes represivas que facilitan la detención arbitraria en nombre de la seguridad nacional.

Además de las continuas violaciones de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, las fuerzas de seguridad marroquí también han seguido torturando, deteniendo arbitrariamente a políticos, artistas, periodistas o manifestantes en Casablanca, Tánger o Tetuán. Ha continuado también el indebido uso de los tribunales militares para juzgar a los acusados, unas veces con el pretexto de que están involucrados en la amenaza del terrorismo yihadista, otras alegando que han ofendido a la casa real. El pasado año, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria denunció que el sistema judicial marroquí sigue dando excesiva importancia a las confesiones de los acusados, una “prueba” poco de fiar especialmente cuando, como ocurre a menudo, es el resultado de la tortura y los malos tratos.

Por todo ello, no es de extrañar que Freedom House sugiriese al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que aprovechase un encuentro con el rey Mohamed para pedirle que cumpliese sus promesas y pusiese en marcha reformas reales que garanticen el derecho a la libertad de expresión, reunión y prensa.

Si tan seguro estaba el gobierno en Rabat de que la iniciativa del rey era antídoto eficaz para evitar la agitación, no hubiese tenido que disparar el gasto público para subir subsidios, sueldos y pensiones. Para muchos analistas esta política ha sido la auténtica clave de la llamada “excepción marroquí” a la primavera árabe. El problema es que esta compra de la paz social ha provocado una alarmante escalada de la deuda pública que ha merecido un enérgico toque de atención por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Las medidas de austeridad que el gobierno marroquí ha tenido que adoptar para cumplir con estas entidades han vuelto a dar impulso a las protestas. La publicación en Francia del libro Le Roi Prédateur, confirmando los métodos inmorales y corruptos que han alimentado el exorbitante crecimiento de la fortuna personal del rey (estimada en 2.500 millones de dólares) o, más recientemente, las filtraciones de la llamada lista Falciani sobre las cuentas en Suiza de la familia real, han echado más leña al fuego a la indignación de una población que subsiste con sueldo mínimo legal de apenas cinco euros al día.

Como antes de la reforma de 2011, en las protestas marroquíes se sigue exigiendo al gobierno avances en materia de libertades, respeto de los derechos, lucha contra el paro y políticas para acabar con el devastador cáncer de la corrupción.

Por Fernando Maura, eurodiputado del Grupo ALDE. @FMauraB