La urgente reforma del sistema mundial de deuda

En todo el mundo vuelve a haber alarma por los altos niveles de deuda. En los países desarrollados, la atención está puesta en el veloz aumento de la deuda pública; mientras que a las economías en desarrollo se les hace difícil cumplir sus obligaciones externas en un contexto de desaceleración del crecimiento y estancamiento de las exportaciones.

En el caso de las economías desarrolladas, la mayoría de los analistas considera que a pesar de las dificultades que atraviesan, evitarán una crisis total porque pueden emitir deuda en sus propias monedas y aplicar medidas fiscales y monetarias específicas. En Estados Unidos, por ejemplo, el déficit fiscal superó el 6% del PIB este año y se prevé que alcance el 8% o más en 2025. Aun así, la caída de los tipos de interés hace pensar que las autoridades están bien posicionadas para enfrentar la cuestión, que no recibió mucha atención durante el ciclo electoral de 2024.

En cambio, el panorama para las economías emergentes y en desarrollo parece cada vez más sombrío. En 2023, los países en desarrollo gastaron el 1,2% de su renta nacional bruta en el pago de intereses; en tanto, el servicio de la deuda ascendió a casi el 6% de los ingresos por exportaciones de países habilitados para recibir ayuda de la Asociación Internacional de Fomento. El último informe del Banco Mundial sobre la deuda internacional advierte que los países de bajos ingresos enfrentan una «crisis de solvencia que está haciendo metástasis».

Varios países en desarrollo, entre ellos Zambia y Sri Lanka, ya han incumplido sus obligaciones externas, generando un lento y doloroso proceso de reestructuración de deuda y amplias reformas económicas. Muchos otros están al borde de una crisis: en Mozambique, por ejemplo, los pagos de intereses llegaron en 2023 al 38% de los ingresos por exportaciones. Según el Banco Mundial, el 52% de los países de bajos ingresos está en situación crítica por sobreendeudamiento o cerca de ella.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha sido testigo de numerosas crisis financieras derivadas de la naturaleza particular del endeudamiento soberano. Por un lado, un gobierno puede endeudarse para realizar inversiones con alto potencial rentable que no es posible financiar apelando solamente al ahorro interno. Fue lo que sucedió a principios de los años sesenta cuando Corea del Sur pidió prestado hasta el 10% de su PIB cada año para hacer posibles inversiones productivas. Estas dieron excelentes resultados, y el país pudo cumplir con los pagos de la deuda con facilidad y mantener la estabilidad, a pesar del endeudamiento sostenido.

Pero también es posible endeudarse para financiar gastos improductivos, por ejemplo un nivel excesivo de empleo público o el consumo privado, que generan poco o ningún rendimiento. Cuando es así, los pagos de la deuda crecen sin que se produzca un correspondiente aumento de la capacidad de los gobiernos para sostenerlos. Este problema no suele afectar a los países que invierten en proyectos de alta rentabilidad. Pero cuando los recursos se asignan mal y los costos del servicio de la deuda aumentan sin que haya medios para cubrirlos, se hace inevitable una crisis.

En estos casos, las instituciones financieras internacionales (en particular el Fondo Monetario Internacional) cumplen un papel fundamental, ayudando a los países a restablecer la solvencia mediante financiación y recomendaciones de reforma. El FMI está especializado en evaluar las perspectivas macroeconómicas de los países endeudados, identificar reformas económicas necesarias y reconducirlos hacia la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible.

Las reformas que recomienda el FMI suelen implicar recortes de gasto (límites a futuros aumentos de las pensiones, rebaja de salarios a los empleados públicos y reducción de ciertas inversiones) a la par de esfuerzos por aumentar la recaudación tributaria. También es común que incluyan ajustes estructurales, por ejemplo modificaciones al régimen cambiario y eliminación de controles de precios internos y regulaciones que impiden el crecimiento económico. Es esencial identificar las reformas más urgentes, ya que estas medidas suelen determinar la capacidad de un país para alentar el crecimiento y mejorar el nivel de vida.

Las reformas de política económica adquieren especial importancia cuando al gobierno le faltan recursos para cumplir pagos futuros de la deuda o financiar inversiones necesarias para fortalecer los ingresos y el crecimiento. Sin esas reformas, los países muy endeudados corren riesgo de recaer en pautas de gasto excesivo que empeorarán sus perspectivas de crecimiento y darán lugar a crisis recurrentes.

Lamentablemente, muchos dirigentes y funcionarios bienintencionados pasan por alto la necesidad de que la reestructuración de la deuda y la obtención de nueva financiación vayan acompañadas de reformas económicas. A menudo, la compasión por las poblaciones empobrecidas de los países endeudados y el reconocimiento de que la carga financiera que afrontan es excesiva llevan a pedir que el FMI y el Banco Mundial provean ayuda financiera sin exigir ajustes estructurales. Cuando las instituciones internacionales ceden a esas presiones, las mejoras económicas tienden a ser efímeras: el crecimiento se estanca y las dificultades para pagar la deuda regresan.

Estos retos se ven agravados por la aparición de nuevos acreedores importantes (sobre todo China) y por la creciente participación de actores privados en la provisión de préstamos soberanos. En los últimos años, China ha superado al Banco Mundial como principal prestamista de muchos países de bajos ingresos. De modo que las reformas económicas ahora necesitan el apoyo de China y otros acreedores.

Las largas discusiones entre acreedores que se producen cada vez que debe reestructurarse una deuda soberana ponen de manifiesto la necesidad urgente de reformas, no sólo en los países con problemas de deuda, sino también en los mecanismos que usa la comunidad internacional para intentar resolverlos. Las economías de Sri Lanka y Zambia estuvieron paralizadas por años, mientras los acreedores, incluidas las instituciones financieras internacionales, luchaban por llegar a acuerdos de reestructuración.

Los acreedores soberanos tradicionales (incluidos Estados Unidos y la Unión Europea) deben persuadir a los nuevos grandes prestamistas de que es necesario un mecanismo de reestructuración más rápido y eficaz, sin el cual, los países más pobres del mundo seguirán atrapados en un ciclo interminable de sobreendeudamiento.

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