La UE encalla en el Sáhara

 |  4 de noviembre de 2013

Níger  ha pasado una semana en primera plana  mediática tras la liberación de cuatro rehenes franceses secuestrados en 2010 y el hallazgo en el Sahara de 87 inmigrantes muertos intentando llegar a Europa. Aunque no guardan una relación directa obvia, ambos episodios tienen en común la incapacidad de la Unión Europea (UE) de coordinar políticas de seguridad e inmigración coherentes.

El convoy de inmigrantes, que partió de Agadez a principios de octubre, se averió cerca de la frontera con Argelia. La mayoría de sus integrantes, entre ellos 48 niños, murieron por deshidratación durante los días siguientes. Aunque el gobierno de Brigi Ragini ha anunciado el cierre de los centros de detención ilegales que retenían inmigrantes africanos en el norte del país, la tragedia arroja sombras sobre las medidas antiinmigración de la fortaleza Europa. De haber continuado hasta la costa, los inmigrantes hubiesen arriesgado su vida otra vez para cruzar el Mediterráneo. Y de haberlo hecho con éxito, se hubiesen dado de bruces con una Europa que se ha vuelto más intolerante, en la que los inmigrantes son recluidos en centros de internamiento que vulneran sus derechos de forma sistemática.

El reciente naufragio en Lampedusa es el último ejemplo. Pesqueros italianos ignoraron las señales de socorro de la embarcación, a sabiendas de que la legislación italiana penaliza los intentos de socorrer  a inmigrantes ilegales. Todo esto en un país de emigrantes, gobernado por un Primer Ministro que se llenaba la boca proclamando la superioridad de los valores cristianos de Occidente y cuyo Ministro de Justicia, máximo responsable de las leyes antiinmigración, tiene ahora la desfachatez de culpar a Bruselas del naufragio. En resumen, una vergüenza.

Las rutas migratorias africanas se ven, además, afectadas por los acontecimientos políticos del Magreb. Y es que desde la caída de Muamar Gadafi en octubre de 2011, Libia continúa siendo un Estado fallido, incapaz de ejercer control sobre sus fronteras. Se trata de un emblemático punto de intersección entre las políticas de seguridad e inmigración europeas; y el caso de  Francia, que en 2011 lideró la intervención militar pero no ha querido hacerse cargo de las oleadas de inmigración que ha generado, testifica la incoherencia entre unas y otras.

También da cuenta de la relación entre este episodio y la reciente liberación de los rehenes franceses. Los secuestradores eran miembros de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), organización terrorista que Francia ha pasado gran parte de 2013 combatiendo en Malí. AQMI y los rebeldes tuaregs en el norte del país se vieron a su vez beneficiados por el flujo de armas y milicianos que detonó la caída de Gadafi: fue este hecho el que propició su avance hasta la ciudad Kona en enero de 2013, y el inicio de la intervención francesa semanas después.

Los secuestrados, por su parte, eran empleados de Areva, el gigante energético francés. Un tercio del uranio que emplea Areva se obtiene en Níger: la compañía cuenta con dos minas en el norte del país, que extraen 4.000 toneladas de uranio al año. Una tercera, planeada para 2014, extraerá otras 5.000 toneladas anuales. Plantas nucleares cubren el 80% de la demanda energética francesa, por lo que proteger las instalaciones de Areva y a la diáspora francesa que trabaja en ellas tanto de militantes de AQMI como de rebeldes tuaregs figura entre los principales intereses de Francia en la región. Salvaguardarlos requiere un constante intervencionismo político y militar, legado de la política imperial que empleaba Francia en sus antiguas colonias. Y ante la importancia estratégica de la región, no es soprendente que el gobierno de François Hollande estuviese dispuesto a desembolsar veinte millones de euros por la liberación, como asegura Le Monde.

Tanto el secuestro y liberación de los rehenes como la muerte de los inmigrantes son un reflejo de las actuales políticas de inmigración y seguridad europeas. O, mejor dicho, de la falta de coordinación entre ambas. Por eso plantean preguntas incómodas para la UE. ¿Se pude combatir eficazmente contra grupos islamistas que operan en regiones con fronteras porosas, cuando los ejércitos convencionales se ven confinados al territorio de los países en que operan? ¿No resulta incoherente intervenir si no se acoge a los refugiados de dichos conflictos? En vista de que la inestabilidad política y la inmigración ilegal resultan a menudo de la ausencia de oportunidades económicas, ¿Debería la UE deshacerse de sus subsidios agrarios, que impiden el desarrollo de una industria exportadora en África? Ante la ausencia de respuestas coherentes, Europa naufraga en Lampedusa y permanece encallada en el Sahara.

 

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