La política agraria del gobierno de Macri

Hasta el momento, en un cuadro de recesión de las economías latinoamericanas y profundización de la crisis económica mundial, en Argentina el macrismo parece combinar las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando De la Rúa (1999-2001) con los lineamientos neodesarrollistas de los últimos gobiernos. Del neoliberalismo el ejecutivo de Mauricio Macri ya adoptó las medidas de liberalización brusca del mercado. Mientras tanto, el neodesarrollismo kirchnerista le deja como herencia un modelo basado en la exportación de granos, manufacturas alimenticias y riquezas del subsuelo y la reorientación de los recursos públicos como condiciones de posible sustentabilidad.

En definitiva, el programa de gobierno de Cambiemos es el de una minoría reducida que aceleradamente buscó cerrar acuerdos con la cúpula empresarial  local, pactar pagos de la deuda externa con la banca extranjera y promover nuevas inversiones de las transnacionales en el Foro Económico Mundial reunido en Davos (Suiza). Es decir, una política de concesiones que el conjunto de las clases dominantes  reclama como prioritaria.

Política agraria en la Argentina reciente

Tras el colapso de las políticas neoliberales en Argentina en diciembre de 2001, pasó a registrarse un crecimiento del sector industrial con recuperación de puestos de trabajo. No obstante, lo fundamental del nuevo modelo se desarrolló en beneficio de una fracción económica hegemónica que se vio favorecida por la competitividad de las exportaciones locales, la promoción de inversiones asociada a subsidios estatales y las restricciones y el encarecimiento de las importaciones, que daban mejores condiciones a la producción industrial en el mercado interno. De esta manera, las principales medidas económicas del gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003), de la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015) fueron saludadas por los grupos empresarios locales –entre los que se cuentan los agroindustriales– que consolidaron sus posiciones.

A fines de 2007, el gravamen (“las retenciones”) sobre las exportaciones agrarias subieron (en el caso de la soja este aumento significó una subida del 27% al 35%)  y, a partir del 10 de marzo de 2008 a través de la Resolución 125 se buscó establecer un  régimen de retenciones móviles. Este acontecimiento determinó movilizaciones de hasta 300.000 personas en Rosario y Buenos Aires, dirigidas principalmente por la burguesía agraria pampeana, en el que participaron la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), las cuatro entidades nucleadas en la denominada Mesa de Enlace. La situación expresó una doble contradicción: por un lado, estaban presentes las consecuencias de esta medida para la pequeña y mediana producción agraria, por otro, se expresaban las pujas en el interior del bloque dominante por el control de las ganancias y la renta del suelo.

Por entonces, Macri se oponía a las medidas gubernamentales expresando la contradicción de intereses de la fracción de clase dominante desplazada del bloque de poder.

Fuertes recortes en las retenciones y ofensiva capitalista

El 12 de diciembre de 2015, a tan solo dos días de asumir el cargo de presidente, diez grandes empresas exportadoras de granos (Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, Glencore, ADM, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata y las cooperativas ACA y FACA) anunciaron que en 60 días anticiparían al gobierno 10.000 millones de dólares de su liquidación de exportaciones.

Con el telón de fondo de un campo de maíz de la zona de Pergamino (provincia de Buenos Aires), el 14 de diciembre Macri anunció el cumplimiento de una promesa de campaña: un paquete de medidas que eliminaba las retenciones para las exportaciones de la mayoría de los granos y la carne, y una rebaja del 5% por año para las de soja. El presidente se presentó rodeado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal (PRO), el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, el dirigente agrario y senador nacional Alfredo De Ángeli y el sindicalista rural Gerónimo Venegas, entre otros.  Contemplando que en paralelo se liberó la cotización del peso, impulsando una devaluación del 38% en su primera semana de gobierno, se puede establecer que uno de los objetivos era elevar las ganancias de las grandes exportadoras y acopiadoras agropecuarias.

Las medidas –junto al nombramiento de directores ejecutivos de grandes compañías en la mayoría de los ministerios, profundización de la inflación y el deterioro del salario– reflejan la política de ajuste económico y ofensiva capitalista directa que representa el gobierno de Macri.

No tan distintos

Si bien las primeras medidas de política agraria podrían vislumbrar la configuración de un modelo agroexportador de perfil netamente neoliberal, hasta ahora los anuncios no contradicen el planteo neodesarrollista que pretende imprimir el macrismo. El mismo 14 de diciembre, Macri clausuró la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) y anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales, evidenciando la articulación de intereses capitalistas agrarios e industriales presentes en los lineamientos del nuevo gobierno. En esa línea, al iniciarse el mes de enero de 2016, anunció en Venado Tuerto (provincia de Santa Fe) una política de subsidios y créditos para los productores lecheros y un incremento en el precio que les pagan las industrias lácteas.

Por otra parte, grandes empresas industriales extranjeras también fueron alentadas a radicarse en Argentina durante el gobierno anterior. Cristina Fernández destacó en 2012 los préstamos con créditos con Fondos del Bicentenario a las automotrices General Motors y Fiat, y las inversiones de la empresa transnacional de maquinaria agrícola New Holland. En el mismo año, alentó las inversiones de Monsanto en Malvinas Argentinas (provincia de Córdoba) mientras sostenía: “Le comentaba a la gente de Monsanto que tenemos una Patagonia (…) y tenemos también agua en la Patagonia que nos va permitir extender la frontera agropecuaria”. En 2013, felicitó públicamente la expansión de la cadena de supermercados estadounidense Wal Mart durante la inauguración de su sucursal número 100 en Pilar. Además, compañías como Cargill y Molinos Cañuelas se vieron beneficiadas por millonarios subsidios estatales denominados “compensaciones”, a fin de evitar la subida de precios internos de los productos alimenticios.

En este cuadro, vale destacar que el único ministro del gobierno de Cristina Fernández que continuó en el gobierno de Macri es Lino Barañao en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Este doctor en Química de 62 años alcanzó la jefatura del CONICET entre 1999 y 2000, y a principios del siglo XXI participó de los equipos técnicos de la empresa Bio Sidus que dieron lugar a la primera ternera clonada y transgénica de América Latina. Como ministro, en 2009, cuestionó los estudios del investigador Andrés Carrasco sobre la toxicidad del glifosato (el herbicida utilizado para el control de malezas en la soja transgénica) y las consecuencias de su uso para la salud humana.

Por tanto, a pesar de las contradicciones que supone el ascenso de una fuerza política liberal y de centro derecha frente al desplazamiento del proyecto “nacional y popular” del kirchnerismo, subsiste en el fondo una línea de continuidad neodesarrollista entre los dos gobiernos.