La pérdida de poder como estrategia política de Uribe

La Corte Suprema de Justicia colombiana ha llamado a declarar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por delitos de soborno y fraude procesal. Junto a él aparece involucrado el congresista Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático (partido liderado por Uribe), que también habría participado en la manipulación de un grupo de testigos que declararon en su momento contra el ex presidente. Las denuncias de los testigos fueron presentadas originalmente en 2014, en un debate de control político del Congreso promovido por el senador Iván Cepeda, y apuntaban a la relación de Uribe con el paramilitarismo durante su periodo como Gobernador de Antioquia (1995-1997).

Tras este debate, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, instancia judicial reservada para la investigación judicial de congresistas, por abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada. El ex presidente argumentaba que Cepeda manipuló a los testigos para ganar réditos políticos en su acusación. En febrero de 2018, la Corte manifestó que no había elementos para abrir investigación contra Cepeda. Por el contrario, el ente judicial encontró elementos de juicio para vincular a Uribe y al congresista de su partido con la presión y manipulación de testigos.

La reacción del ex presidente ha sido renunciar a su escaño como congresista, aduciendo que se siente “moralmente impedido para ser Senador”, y para que “no interfiera con las tareas del Senado”. A diferencia de lo que ha ocurrido con ex mandatarios de otros países que han buscado cobijo en los parlamentos para mantenerse aforados y evitar ser investigados y/o juzgados por tribunales ordinarios (véanse los casos de Silvio Berlusconi o Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo), Uribe ha optado por renunciar a su condición de aforado.

Lo curioso es que no es la primera vez que en Colombia un congresista investigado por paramilitarismo decide renunciar a su escaño, buscando que quien lo investigue no sea la Corte Suprema de Justicia sino la Fiscalía General de la Nación. Esta fue una de las estrategias de veinte de los congresistas acusados durante las investigaciones por la llamada “parapolítica”, el proceso judicial que condenó a varios de ellos por sus nexos con el paramilitarismo durante el segundo gobierno de Uribe. Entre ellos, el primo del ex presidente, el entonces congresista Mario Uribe, que fue condenado posteriormente.

La lógica de esta estrategia estribaba en que en la Fiscalía era más posible dilatar la investigación y presionar por la absolución, por lo que la misma Corte Suprema de Justicia intervino en septiembre de 2009, argumentando que la renuncia de un congresista investigado no cambiaba el correspondiente fuero judicial. Para la Corte de entonces los delitos cometidos no dejaban de estar relacionados con los cargos ocupados, por más que tuviera lugar la renuncia.

La jugada del ex presidente deja entrever no solo su afán por evadir la responsabilidad penal buscando una instancia judicial más amable. También revela que, en un escenario en el que su partido posee el control del Congreso y en breve va a asumir la presidencia, el poder judicial colombiano se erige como contrapeso institucional, posiblemente el único. El uribismo lo sabía desde hace tiempo, de ahí su propuesta durante la pasada campaña electoral de acabar con las Altas Cortes y crear una única Corte judicial.

Está por ver si la renuncia de Uribe a su condición de congresista logra el tránsito de su proceso judicial de la Corte Suprema de Justicia hacia la Fiscalía General de la Nación, dirigida por un político afín, Néstor Humberto Martínez, seleccionado para el cargo por el Congreso en 2016. Ya existe un precedente judicial que determinó que tal acción no podía servir para evadir la investigación de la Corte, pero la presión política del gobierno entrante de Iván Duque, escudero de Uribe, puede ayudar a que en este caso no se repita lo mismo.