De Siria a Yemen, de Sudán a Venezuela, las guerras y las crisis política están causando un sufrimiento humano a una escala nunca vista en toda una generación.

Que el conflicto y la crisis tienen un alto coste humano no es algo nuevo, es obvio. Sin embargo, el alcance del sufrimiento de hoy es sorprendente. El número de personas desplazadas a nivel mundial por el conflicto y la persecución se situó en 65,6 millones a finales de 2016, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial. Las cifras publicadas a principios de este mes muestran que hubo 11,8 millones de nuevos desplazamientos internos en 2017, casi el doble de los 6,9 millones en 2016. La cantidad de personas que sufre condiciones de hambre extrema debido principalmente al conflicto y la inestabilidad llegó a casi 74 millones en 2017, repartidas en 18 países. La tendencia es clara: la guerra y la crisis están destruyendo más vidas y medios de subsistencia, empujando a más personas hacia el hambre y sacando a más familias de sus hogares.

Entonces, ¿qué está pasando?

En primer lugar, simplemente que la última década ha visto cómo han aumentado los conflictos y la violencia política. Si bien los datos y las definiciones varían, y existen deficiencias y lagunas en los mismos, los estudios generalmente apuntan a tendencias al alza.

Pero la profundización de la miseria humana proviene no solo de más guerras y más violencia. También proviene de la manera en que muchos actores, ya sean líderes, gobiernos o grupos armados no estatales, persiguen objetivos militares y políticos. Con demasiada frecuencia, estos actores se benefician de las penurias humanas. En ocasiones infligen dolor deliberadamente a los civiles, atacan, promueven desplazamientos forzados o controlan de otro modo a las poblaciones, incluso al determinar si tienen acceso a la ayuda y dónde y cómo la obtendrán. En otras ocasiones, usan tácticas militares o políticas de mano dura sin prestar atención al enorme sufrimiento que están causando.

La mayor miseria humana proviene no solo de más guerra y más violencia, sino del modo en que muchos actores persiguen sus objetivos militares y políticos

En las guerras, estos patrones suponen grandes violaciones de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH), sobre todo en cuanto a la distinción entre civiles y combatientes, y la proporcionalidad en la realización de ataques. El hecho de que el cumplimiento del DIH haya disminuido en los últimos años, es algo difícil de medir y está sujeto a debate. Lo que está claro es que muchos de los conflictos actuales, sin duda las grandes guerras, pero también los conflictos armados de menor intensidad, han visto violaciones escandalosas y repetidas de las normas que están destinadas a proteger a los civiles en la guerra.

La instrumentalización o la ignorancia del daño civil se evidencia claramente en algunos de los peores conflictos actuales, desde Yemen hasta Siria pasando por Sudán del Sur. Tal indiferencia es también una característica preocupante de muchas crisis políticas y socioeconómicas que no llegan a un conflicto armado pero que son de hecho crisis humanitarias a gran escala, como la de Venezuela.

Yemen y Siria

Yemen está inmerso en una guerra civil regionalizada que enfrenta a los rebeldes hutíes contra una coalición liderada por Arabia Saudí, aliada con el gobierno del presidente Abed Rabbo Mansour Hadi y una variedad de combatientes anti-hutíes, que a veces luchan entre sí. Estados Unidos, con otras potencias occidentales, respalda al gobierno de Hadi, reconocido internacionalmente, y brindan asistencia militar a la coalición liderada por Arabia Saudí. Los principales protagonistas han usado tácticas que imponen un terrible coste humano. Todas las partes han exacerbado una crisis humanitaria a una escala asombrosa: más de 22 millones de yemeníes, el 75% de la población, necesitan asistencia humanitaria; unos 8,4 millones están al borde de la hambruna. Pero la coalición dirigida por Arabia Saudí, debido a la superioridad de su potencial militar y su capacidad para controlar los accesos terrestres y marítimos a Yemen –que durante mucho tiempo ha dependido de las importaciones de alimentos, medicinas y combustible–, tiene una responsabilidad especial.

La campaña de bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí ha destruido hospitales, escuelas y hogares y ha causado innumerables víctimas civiles. Al obstaculizar el acceso al puerto más importante de Yemen, Hodeida, y cerrar el aeropuerto internacional de Sanaa (ambos en áreas controladas por los hutíes), argumentando que estas restricciones son necesarias para frenar el flujo de armas desde Irán a los combatientes hutíes, ha impedido que millones reciban comida y otros suministros que necesitan para sobrevivir.

Después de cerrar por completo el puerto de Hodeida en respuesta a un misil hutí disparado contra Riad en noviembre de 2017, la coalición levantó parcialmente el bloqueo el mes siguiente. Este movimiento ha aliviado en cierta medida la situación de Yemen. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos también anunciaron una contribución de 1.500 millones de dólares a los esfuerzos humanitarios de la ONU. Sin embargo, la ayuda es una medida provisional que no puede ser un sustituto de las importaciones comerciales. Tanto las importaciones humanitarias como las comerciales en Hodeida se mantienen muy por debajo de los niveles necesarios, debido a las continuas restricciones de la coalición y los obstáculos burocráticos relacionados. A medida que avanza con su campaña militar a lo largo de la costa del Mar Rojo, la coalición amenaza con empeorar las cosas con la invasión de Hodeida, como advirtió recientemente Crisis Group.

La guerra en Siria también ha sido víctima de un horrible sufrimiento humano como resultado de las acciones de todas las partes implicadas, ninguna más relevante que las del presidente Bachar el Asad. El régimen ha usado repetidamente tácticas que dañan deliberadamente a civiles para obtener beneficios políticos y militares. Su estrategia central para recuperar las áreas de la oposición ha sido drenarlos de recursos, degradar las infraestructuras y atacar tanto a civiles como a rebeldes, para expulsar a quienes se oponen y no dejar otra opción que la sumisión a la autoridad del régimen para los que permanecen. El objetivo también es enviar un mensaje claro sobre el precio de la resistencia.

La guerra en Siria ha también ha generado un horrible sufrimiento humano como resultado de las acciones de todas las partes implicadas

Las tácticas incluyen controlar cómo y cuándo la ayuda humanitaria llega a los civiles necesitados, que ahora suman unos 13,1 millones: aproximadamente dos tercios de la población que permanece en el país y una proporción equivalente a más del 50% de la población anterior a la guerra. Estas cifras incluyen los más de seis millones que hacen frente a una inseguridad alimentaria y los más de dos millones ubicados en áreas sitiadas y declaradas de difícil acceso por Naciones Unidas. El régimen ha socavado las agencias humanitarias de la ONU, colocando excesivas restricciones en su trabajo, y regularmente les niega el acceso a los civiles, incluso en los momentos más desesperados.

Respaldadas por el poder aéreo ruso, las fuerzas gubernamentales bombardearon civiles e infraestructura civil, incluidas escuelas y hospitales, en áreas controladas por los rebeldes. También han usado armas químicas contra civiles. Todas estas tácticas se exhibieron cuando el régimen asoló el suburbio de Guta en Damasco, controlado por los rebeldes. El régimen se beneficia sustancialmente de esta estrategia, mientras que el apoyo diplomático de Rusia mitiga los costos y brinda protección ante consecuencias externas. Los bombardeos de EEUU y sus aliados en represalia por el ataque de armas químicas del gobierno en Guta Oriental el 8 de abril pueden desalentar tales ataques, pero es poco probable que cambien los cálculos más amplios del régimen con respecto al uso de tácticas dirigidas contra civiles.

Los grupos rebeldes han llevado a cabo sus propias atrocidades y asedios en áreas civiles, aunque no en la misma escala que el régimen. Mientras tanto, el Estado Islámico ha usado armas químicas, aunque en una escala mucho menor que el régimen, y ejecuciones masivas en áreas bajo su control.

Sudán del sur y Venezuela

En Sudán del sur, las partes en guerra civil también usan tácticas que deliberadamente causan sufrimiento humano o muestran una consideración insuficiente en lo que a su impacto humanitario se refiere.

Las tropas del gobierno, las fuerzas rebeldes y grupos armados de todo tipo han atacado repetidamente a civiles o, a través de intrusiones y saqueos, los han dejado sin medios para mantenerse. Como explicó Crisis Group en una sesión informativa sobre el conflicto y la hambruna del año pasado: «Las partes beligerantes tienden a ver a los civiles como elementos integrantes del sistema de apoyo económico, político y social de sus enemigos. Esto se evidencia particularmente durante los incidentes de violencia por venganza, cuando es probable que los civiles sean tratados no como personas distintas y protegidas, sino como parte de un grupo armado».

Los grupos armados intentan a menudo ayudar directamente a las poblaciones que controlan, al tiempo que intentan retenerlas como manera de castigar o exigir la lealtad de las poblaciones que perciben que apoyan a sus enemigos. El propio gobierno ha tratado de negar la ayuda a las poblaciones bajo control de los rebeldes como medio para presionarlos a aceptar la paz en los términos del gobierno (aunque los grupos de ayuda usualmente han podido negociar un acceso eventual).

El acoso y los ataques a los trabajadores humanitarios son comunes. Tales incidentes son aspectos de un enfoque más amplio de la técnica de lucha de «tierra quemada», que no hace ascos a sabotear operaciones de ayuda y destruir instalaciones médicas, instituciones religiosas o escuelas. Los combatientes a menudo ejercen de bandidos y, dada la crisis económica, la ayuda humanitaria es uno de los pocos activos disponibles para robar. La anarquía, en forma de ataques a convoyes de ayuda y bloqueos de carreteras establecidos para extorsionar a las agencias, también contribuye a la necesidad de enviar costosos lanzamientos de alimentos, reduciendo la cantidad disponible para los civiles hambrientos.

La cumbre de la «temporada de escasez» anual, cuando las familias se quedan sin comida antes de la próxima cosecha, se espera para los próximos tres meses. Millones de personas ya están en una situación de inseguridad alimentaria aguda. Si los actores armados de Sudán del Sur no crean un ambiente más propicio para la entrega de la ayuda y los donantes no aumentan sus contribuciones para los esfuerzos humanitarios, algunas partes del país corren el riesgo de caer en la hambruna este año.

La crisis humanitaria en Venezuela no tiene sus raíces en una guerra, sino más bien en una crisis política de malversación, como ilustra el reciente informe de Crisis Group. Con una economía cayendo en picado, cientos de miles de venezolanos huyen de la pobreza, el hambre y las epidemias de enfermedades mortales.

Sin embargo, el gobierno cada vez más represivo del presidente Nicolás Maduro rechaza la reforma económica, por temor a que tales medidas amenacen su control sobre el poder y los recursos. Las políticas económicas actuales –incluidos los controles de precios y monedas, el subsidio estatal y el racionamiento de alimentos, y la expropiación de activos comerciales– benefician directamente a los principales electores del régimen, sobre todo los militares. Invertir esas políticas amenazaría estos intereses.

El régimen también niega que exista una crisis humanitaria, denunciando los informes sobre el terreno como herramientas de un complot «imperialista». Y rechaza el apoyo humanitario extranjero: la entrega de ayuda, argumenta, podría presagiar una intervención militar (el hecho de que los partidarios de la “línea dura” de la oposición demanden tal movimiento bajo el lema «intervención humanitaria AHORA» apenas ayuda).

La crisis humanitaria en Venezuela no tiene sus raíces en una guerra, sino más bien en una crisis política de malversación

El gobierno no ha publicado estadísticas económicas, ni sanitarias ni de cualquier otro tipo que sean fiables. Por ejemplo, suprimió información sobre un brote de difteria, una enfermedad supuestamente erradicada en Venezuela, que ha sido reportada en 22 de los 23 estados y en el distrito capital, y se ha cobrado más de 140 vidas desde finales de 2016. También vincula los beneficios sociales, incluyendo la distribución de alimentos y otros bienes, a la lealtad política, buscando así retener el apoyo de un segmento central de la población

Un grupo de ONG venezolanas ha propuesto un mecanismo para que el gobierno trabaje con ellos y con funcionarios de Naciones Unidas en la supervisión de la distribución de ayuda, para ayudar a garantizar que no esté politizada. Pero el gobierno no ha respondido. Además, el mes pasado declaró que distribuiría 11 millones de dosis de vacunas para niños, aunque solo a los titulares del carné de la patria, una tarjeta de identificación que los individuos deben obtener para recibir subsidios de alimentos y otros beneficios sociales. El gobierno también ha vinculado la tarjeta al proceso de votación, haciendo que muchos teman que sus beneficios estén supeditados al apoyo del partido gobernante, incluso en las elecciones para la presidencia y las legislaturas regionales, que vieron a Maduro ganar por un amplio margen en medio de la condena por Estados Unidos y los poderes regionales.

Los vecinos de Venezuela tienen que afrontar las consecuencias. Actualmente, Colombia alberga a unos 800.000 venezolanos, de los cuales 450.000 se estima que están en el país sin documentos de residencia. Muchos, en especial aquellos con fondos limitados, se concentran en la ciudad fronteriza de Cúcuta, agravando la pobreza, la expansión urbana y el desempleo que ya existían allí. Con los grupos armados colombianos compitiendo por el control de lucrativas rutas de contrabando a lo largo de la frontera, el desbordamiento podría poner en peligro el frágil proceso de paz del país.

¿Una mayor tolerancia a la violencia?

Como ilustran estos casos, el daño deliberado a civiles o el uso de tácticas con escasa consideración por el sufrimiento humano son muy comunes en el panorama actual de guerra y crisis.

Lo más desconcertante es que los partidos estatales y sus aliados, casi con certeza, cargan con la mayor parte de la culpa.

Es difícil generalizar las razones de esta tendencia, es decir, identificar las corrientes geopolíticas que sustentan el uso generalizado de tácticas que atacan o perjudican a los civiles. Los conflictos son diversos al igual que los Estados involucrados. De hecho, es discutible si las partes son más propensas a recurrir al uso de tales tácticas hoy o si su uso es simplemente más frecuente porque el conflicto ha aumentado. Una mayor visibilidad de estas tácticas, dada la cobertura  de los medios, también puede contribuir. Pero un puñado de factores parece haber ayudado a crear un ambiente internacional permisivo con estos abusos.

El primero se desprende de la naturaleza prolongada de muchos conflictos. Si bien hoy en día las guerras tienden a ser intraestatales, la mayoría involucra a potencias externas y una variedad de grupos armados no estatales. Es difícil encontrar un acuerdo que satisfaga los intereses de las partes en conflicto, desde las grandes potencias o las potencias regionales involucradas, hasta los actores nacionales, los comandantes locales que pueden tener acceso directo a los flujos de ingresos y, por tanto, a una considerable autonomía. La violencia a menudo se extiende por amplias zonas del país, dejando pocas áreas no afectadas y pocos refugios seguros para los civiles. La guerra está cada vez más urbanizada, con grupos armados no estatales entrometidos en la población, lo que también significa que la lucha exige un mayor coste civil.

En algunos casos, a medida que las guerras se alargan, el creciente odio y resentimiento, el deseo de vengar abusos y, en muchos casos, el deseo de proteger los intereses financieros que la inestabilidad mantiene, tienden a aumentar los incentivos de todos los bandos para usar formas de violencia más brutales o tácticas que resultan en un mayor daño civil. En guerras caracterizadas por atrocidades masivas desde el comienzo, el comportamiento de los beligerantes rara vez mejora durante el curso del conflicto. De hecho, los partidos a menudo señalan los excesos de sus oponentes para justificar los suyos.

En segundo lugar, es probable que haya contribuido la creciente tensión geopolítica, incluso entre las grandes potencias. Estas tienden a ignorar los abusos cometidos por sus aliados, mientras se reservan las críticas más duras para sus enemigos. Véase, por ejemplo, la desconexión en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria y Yemen. Las potencias occidentales con regularidad, y con razón, condenan la violencia masiva del régimen de El Asad y sus partidarios rusos e iraníes. Pero sus voces son considerablemente más silenciosas sobre la campaña de bombardeo de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen. Rusia, mientras tanto, ha tratado de echarle la culpa a los rebeldes por los ataques con armas químicas del régimen sirio, explotando el hecho de que Dáesh también ha usado gas venenoso, protegiendo a Damasco de las consecuencias, incluso minando la labor del Mecanismo de Investigación Conjunta de Prohibición de las Armas Químicas de la ONU, con el mandato de determinar la responsabilidad de los ataques con armas químicas, después de que este organismo señalara al régimen como responsable del ataque de Khan Sheikhoun en abril de 2017.

El uso omnipresente de las tácticas que causan tamaño sufrimiento civil, ya sea deliberadamente o por una indiferencia calculada, debería ser motivo de alarma

Por último, es difícil eludir el hecho de que una década y media de operaciones antiterroristas occidentales tras el 11-S han desempeñado algún papel, aunque difícil de definir con precisión. Bastante o no, e indudablemente al servicio del interés propio en muchos casos, los líderes de todo el mundo han interpretado estas operaciones, y la militarización de lo que tiende a ser un problema político, como una señal de que las tácticas draconianas son más toleradas. Los diplomáticos rusos frecuentemente citan la destrucción de Mosul o Al Raqa, por ejemplo, para desviar las críticas a las brutales operaciones del régimen sirio en Alepo o Guta oriental.

Cualesquiera que sean las causas precisas, el uso omnipresente de las tácticas que causan este sufrimiento civil, ya sea deliberadamente o por una indiferencia calculada, debería ser motivo de alarma. No es solo una preocupación moral. Si bien tales tácticas podrían servir a los intereses inmediatos de algunos líderes, gobiernos o milicias, las crisis humanitarias masivas que provocan pueden ser en sí mismas fuentes de inestabilidad y conflictos recurrentes. Como mínimo, inyectan mayor incertidumbre en guerras y crisis que ya son difíciles de resolver. Sin los esfuerzos redoblados para forjar soluciones políticas, los abrumadores niveles actuales de desplazamiento, la destrucción de ciudades, hogares e infraestructura, y el hambre, la indigencia y el trauma, probablemente solo crecerán.

Este artículo ha sido publicado originalmente, en inglés, en la web de Crisis Group.