La Marca España se resiente en Panamá

¿Está el Canal de Panamá maldito? Un primer intento de construirlo arruinó a Escocia, obligándola a formar parte de Inglaterra. Su diseñador, Ferdinand de Lesseps, también cayó en desgracia tras la monumental quiebra de la compañía destinada a construir el canal. Y el 30 de diciembre, Sacyr pasó a formar parte de esta desdichada saga.  Esclusas y excusas: la constructora española se ve en apuros para terminar la ampliación del canal, operación que le fue adjudicada por el gobierno panameño en julio de 2009. El 30 de enero, Sacyr, socio mayoritario en el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) junto a la italiana Impregilo –los socios minoritarios son el grupo belga Jan de Nul y Constructora Urbana, de Panamá– anunció que la ampliación del canal tiene un sobrecoste de 1.200 millones de euros. Una suma nada desdeñable, y más aún cuando la compañía se comprometió a realizar el total de la operación por 2.300 millones de euros. A día de hoy Sacyr ha completado dos tercios de la ampliación y recibido el 62% de las partidas destinadas a tal fin. De no recibir los fondos adicionales, GUPC amenaza con suspender las obras el 20 de enero.

La noticia no ha sido bien recibida por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que ha calificado la notificación del consorcio como “inválida”. Jorge Quijano, administrador de la ACP, ha asegurado que la institución será agresiva en su intento de hacer cumplir a Sacyr las condiciones del contrato. En vista de lo cual la Ministra española de Fomento, Ana Pastor, se desplazó el 6 de enero al país centroamericano para mediar entre la ACP, GUPC, y el gobierno panameño.

Esta historia es, en cierta medida, la crónica de una muerte anunciada. La oferta de Sacyr debiera haber generado recelo tan pronto como fue presentada. Estaba presupuestada en 2.300 millones de euros, unos 700 menos que la de su principal competidora, la americana Bechtel. Es por eso que esta última, en documentos revelados por Wikileaks, se quejaba de que Sacyr ni siquiera tendría fondos para hormigón. “No lo hará, dejará la obra colgada”, opinó de Sacyr el alto directivo de otra constructora española.

Así ha resultado ser. Y aunque GUPC alega que la información geológica facilitada no era adecuada, no deja de resultar sospechoso que su oferta inicial fuese tan baja. Para colmo de males, el aval público concedido en 2010 por la Compañía Española de Crédito a la Exportación (Cesce), de 160 millones de euros, no recibió la Orden Ministerial que requería. Se trata de un fallo menor, pero socava la credibilidad de España. El aval era necesario para garantizar a una aseguradora suiza la fianza de la operación, cuyo total asciende a 440 milllones de euros. Una de las principales quejas de Bechtel era precisamente que GUPC recibía un respaldo injustificado del gobierno español.

El impasse generado en torno a la ampliación del canal es doblemente perjudicial para España. Al pasar por Panamá el 5% del comercio global, el mundo entero contempla el desenlace de un episodio en el que la imagen de las empresas españolas queda dañada, al menos en lo que atañe a la solidez de sus compromisos. Es, sin duda, un varapalo considerable a la famosa Marca España, cuyo valor tanto se esmera en promocionar el Ministro de Asuntos Exteriores. Porque presupuestar la mitad de los fondos necesarios puede ser el sello de nuestros Embajadores Honorarios, pero en el resto del mundo se considera una chapuza. Al mismo tiempo, hasta 300 empresas españolas dependen de los 2.200 millones de dólares invertidos por Sacyr en Panamá. Entre ellas se cuentan FCC, con 2.400 empleados en el país, además de ACS, DHL y Acciona. Al haberse convertido en el principal mercado de gigantes como Telefónica o el Santander, América Latina es una región en el que el valor de las empresas españolas debiera ser cultivado con esmero. Episodios como el actual no contribuyen a tal fin.