La educación superior universitaria y el nuevo contrato social

El gran aumento de los datos de matrícula y egreso universitario producido en la pasada década, un 36% y un 40%, respectivamente, confirman que la universidad está llamada a desempeñar un papel fundamental en la reformulación del contrato social que necesita la región iberoamericana. Más titulados en educación superior supone el ingreso al mercado laboral de perfiles de mayor cualificación, más productivos y resistentes al desempleo.

El hecho, por tanto, de que haya más de 32 millones de estudiantes universitarios en toda Iberoamérica, gracias al crecimiento sostenido del acceso a la educación superior desde 2000, es una excelente noticia. Más aún si se tiene en cuenta que una parte importante de ese crecimiento ha sido protagonizada por estudiantes procedentes de entornos socioeconómicos deprimidos. El Banco Mundial estimaba hace unos años que alrededor del 45% del aumento de las matrículas desde 2000 se correspondía con alumnos procedentes de familias de ingresos bajos.

No obstante, su avance ha sido muy desigual en la región. Mientas en Chile, España, Perú y Portugal alrededor de un 40% de los jóvenes de 19 a 23 años está cursando estudios de educación superior, la cifra oscila ente el 30% y el 37% en Argentina, Bolivia y México. Hay un tercer grupo de países, formado por Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay donde la tasa neta de asistencia a la educación superior varía entre el 20% y el 29%. En la cola se encuentran El Salvador y Honduras, donde, respectivamente, tan solo el 19,5% y 15,9% de ese grupo de edad accede a la formación superior.

Evaluación de la calidad universitaria y de la investigación

El crecimiento en la demanda de estudios universitarios provocó lo que podría calificarse casi como una explosión en la oferta. Según cálculos del Banco Mundial, desde 2000 se han creado unas 2.300 instituciones de educación superior y 30.000 programas de estudios nuevos. Este incremento exponencial suscitó gran preocupación en términos de calidad. Por ello, no sorprende que durante esos años también se crearan y consolidaran, en la mayoría de países de la región, agencias aseguradoras de la calidad universitaria, encargadas de velar por la calidad de las instituciones de educación superior y de sus programas formativos.

Estos años de maduración de los sistemas externos de garantía de la calidad no han estado exentos de críticas y polémicas. Cabe destacar especialmente las referidas a la independencia política de estos organismos. Como bien explica Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, las agencias de calidad cumplen una función mediadora entre las universidades que defienden su autonomía y el Estado encargado de su financiación en el caso de las universidades públicas, y deben responder ante el conjunto de los ciudadanos de la confianza que ellos depositan en estas instituciones, tanto públicas como privadas.

En este sentido, la gran oportunidad que representa ese aumento del número de estudiantes universitarios supone también un gran riesgo, si el Estado es incapaz de garantizar unos estándares mínimos de calidad en todas las instituciones de educación superior del país, públicas y privadas. La existencia  de sistemas externos de garantía de la calidad de las universidades independientes y creíbles se revela, así como un elemento fundamental para generar confianza institucional. Se trata, en consecuencia, de una condición indispensable para la garantía de la calidad, pero no suficiente por sí misma.

De este modo, tal como advierte Pedró, la evaluación de la calidad universitaria está en discusión, igual que sucede, y por razones similares, con la evaluación de la calidad de la investigación. Tanto una como otra se basan fundamentalmente en dimensiones cuantificables y fácilmente mensurables que actúan como indicios, pero no como evidencias de calidad. El reto consiste en pasar de medir los procesos a medir los resultados de aprendizaje y, en concreto, a comprobar los conocimientos y competencias que realmente adquieren los estudiantes durante sus años en la universidad.

Completar la transformación digital

Esta nueva manera de abordar la calidad universitaria generaría incentivos poderosos para resolver una de las permanentes debilidades de la educación superior iberoamericana, y es su desconexión respecto a las necesidades del tejido productivo. En un informe publicado por el Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), las empresas de la región declaraban tener dificultades para encontrar perfiles idóneos entre los egresados universitarios, y que estos carecían de competencias muy demandadas como, por ejemplo, las digitales.

Las conclusiones de este informe señalan distintas causas, entre ellas el hecho de que las universidades iberoamericanas en general mantienen un enfoque de enseñanza tradicional, y los programas de estudio no contemplan contenidos o metodologías a través de los cuales adquirir habilidades transversales (comunicación oral y escrita, creatividad, resiliencia, trabajo en equipo, autorregulación, manejo del tiempo, empatía, etcétera). A ello habría que sumar el hecho de que, antes de la pandemia del Covid-19, las universidades en sí mismas eran entornos poco digitalizados: muchas universidades iberoamericanas ya contaban con aplicaciones móviles institucionales a través de las cuales se ofrecían servicios administrativos a la comunidad universitaria, pero tan solo el 40% contaba con una estrategia de digitalización.

«Completar la transformación digital que las instituciones de educación superior de la región iniciaron durante la pandemia es ahora una prioridad»

La educación en línea era, asimismo, testimonial. En 2020 tan solo el 20% de los estudiantes de primer título participaron de esta modalidad de enseñanza en Iberoamérica, alcanzando en Uruguay una presencia nula. Todo ello a pesar del creciente interés por este tipo de formación, cuya matrícula aumentó un 89% en la última década. No obstante, existían tanto resistencias como prejuicios ante una modalidad en la que se refugió parte de la oferta formativa de peor calidad, contribuyendo a su descrédito.

A la luz de estos datos, se puede deducir que las universidades iberoamericanas se enfrentaron en situación de desventaja al obligado cierre de sus instalaciones durante la pandemia, el cual ha sido, por otra parte, uno de los más prolongados en el tiempo en comparación con otras regiones del mundo. Todas ellas han hecho un gran esfuerzo por garantizar la continuidad educativa, pero en la mayoría de los casos se ha aplicado una educación en remoto de emergencia y no una verdadera educación virtual.

Completar la transformación digital que las instituciones de educación superior de la región iniciaron durante la pandemia es ahora una prioridad, por muy diversos motivos. En primer lugar, para paliar los efectos negativos que el cierre tan prolongado de estas instituciones tuvo en el aprendizaje de sus alumnos y egresados. Resulta necesario diseñar oferta formativa, híbrida o virtual, destinada a recuperar o reforzar los conocimientos impartidos durante la pandemia en ese formato remoto y de emergencia, que carece de las garantías de la modalidad en línea de calidad.

Esta podría ser una primera aproximación a una realidad aún escasamente extendida entre las universidades iberoamericanas, pero cada vez más demandada por el tejido productivo, que es el de las microcredenciales. Las empresas valoran perfiles flexibles que se adapten a los rápidos cambios experimentados y a la velocidad con que se suceden. El 40% de los CEO de todo el mundo piensa que sus empresas dejarán de ser viables económicamente en los próximos 10 años si no se reinventan, y necesitan recursos humanos capaces de acompañar ese proceso de transformación. Por tanto, la demanda de formaciones cortas y muy especializadas seguirá creciendo en los próximos años.

Las universidades se enfrentan ya a una notable competencia en este sentido, puesto que otros actores han irrumpido con fuerza como proveedores de este tipo de formación. En España cabe mencionar, por ejemplo, el proyecto Campus 42 lanzado por la Fundación Telefónica para aprender programación. Por otra parte, las universidades necesitan este nuevo perfil de alumno, puesto que el bono demográfico de la región que ha propiciado un crecimiento tan destacado de la matrícula universitaria en las últimas décadas está próximo a su fin.

El alumno tradicional proveniente de la educación secundaria será cada vez menor, pero como se ha demostrado ya en la pandemia, la reducción en las próximas cohortes demográficas se puede compensar con otro perfil de alumno atraído por la oferta de microcredenciales o de titulaciones en línea. Si tomamos en consideración estos potenciales alumnos, la demanda de formación universitaria podría llegar en 2030 en Iberoamérica hasta los 45 millones de estudiantes. En tal caso, la única posibilidad de satisfacerla será con una combinación de educación presencial, híbrida y virtual.

La creciente variedad en los perfiles de alumnos contribuirá, sin duda, a que la oferta formativa delas universidades iberoamericanas sea más pertinente e, idealmente, a que haya un mayor equilibrio entre campos de conocimiento. En la actualidad, la mayor proporción de egresados se concentra en

las áreas de administración de empresas y derecho, mientras que las carreras de salud y bienestar, educación, ingeniería, industria y construcción tienen una participación del 15%. Más alarmante aún resulta que los titulados en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) representen el 4% y que matemáticas y estadísticas, disciplinas básicas para el desarrollo de algoritmos e inteligencia artificial, el 3%.Estas cifras plantean interrogantes preocupantes en relación con el nuevo contrato social que necesita la región. ¿Están egresando de nuestras universidades un número elevado de titulados en profesiones llamadas a desaparecer en los próximos años como traductores, analistas financieros, etcétera? ¿Es posible que, con una población cada vez más envejecida, se produzca en los próximos años una escasez de facultativos y profesionales de la salud, como ya está pasando en España?

En conclusión, y retomando el inicio de este artículo, la universidad está llamada a desempeñar un papel fundamental en la definición y puesta en marcha de este nuevo contrato social en la medida en que sea capaz de abordar las transformaciones fundamentales señaladas, y otras tantas a las que no se ha hecho referencia por falta de espacio. Hasta ahora su contribución al respecto ha sido más bien modesta. Pero precisamente su gran fortaleza, es decir el extraordinario crecimiento de su matrícula en estos últimos años, no estimulaba los grandes cambios que ahora sí, pandemia y demografía declinante mediante, necesitan adoptar.

Este artículo forma parte del especial “Una agenda común de futuro”.