La comunidad internacional ante la cuestión venezolana

El reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional, por parte de más de cincuenta Estados democráticos, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos de América Latina, fue una de las noticias destacadas durante 2019. Un año después, la combinación de dicho reconocimiento, junto con las sanciones establecidas contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y la puesta en marcha de un proceso de negociación, respaldado por Noruega, no han sido suficientes para revertir la autocratización de Venezuela, mucho menos para iniciar un proceso de transición a la democracia.

La gira internacional de Guaidó, que se inició en Bogotá el 19 de enero, pasó por Europa y finalizó en EEUU, volvió a colocar a Venezuela en la agenda, contribuyó a coordinar los esfuerzos internacionales proclives a la democratización, y evidenció el aislamiento de Maduro. Pero si nos limitáramos a lo político, cabría señalar que el proceso se encuentra estancado. Y una visión más amplia que incorpore lo económico y lo humanitario lleva inevitablemente a conclusiones más pesimistas.

Entre las características del proceso de autocratización del régimen venezolano, que pasó de un autoritarismo competitivo a uno hegemónico, se encuentran el acelerado descenso de la capacidad productiva de su economía y el retroceso en sus niveles de estatalidad. Esta convergencia derivó en una emergencia humanitaria compleja, que impulsa el desplazamiento de millones de personas hacia los países vecinos, huyendo de la violación de los Derechos Humanos y de la acelerada depauperación. Esto ha sido uno de los factores clave para mantener a Venezuela en la agenda.

El consenso logrado entre los Estados democráticos se extiende hasta 2020, aunque no ha estado exento de divergencias. El momento geopolítico ha brindado oportunidades al régimen de Maduro para conseguir sus propios aliados, sumándose al tradicional soporte que brinda el gobierno cubano el de Rusia y China.

Afectos y desafectos

Frente a la autocratización de Venezuela, la posición de la comunidad internacional dista de ser homogénea y uniforme. Muchos Estados han conformado un frente que impulsa el proceso de transición a la democracia. Mientras, regímenes como los de Cuba, Rusia, China o Turquía han movilizado sus influencias para asegurar estabilidad y continuidad de Maduro. Entre ambos frentes se encuentra la posición de gobiernos como los de México o el de Tabaré Vázquez en Uruguay, quienes siguen reconociendo al gobierno de Maduro, asumiendo que la resolución de la crisis venezolana pasa por un diálogo normalizador más que por un cambio político.

El gobierno de Donald Trump ha desarrollado una política de presión dura contra el régimen de Maduro, impulsando la escalada de sanciones contra sus funcionarios y contribuyendo a coordinar el apoyo a Guaidó, llegando a amenazar con la aplicación de la fuerza. Es de esperar que esta política de confrontación prosiga, en la medida que Trump usa la cuestión venezolana en su campaña interna contra los demócratas.

La UE ha acompañado el reconocimiento a Guaidó y las sanciones contra Maduro, pero ha hecho énfasis en la necesidad de una negociación que conduzca a unas elecciones libres. Impulsó la creación del Grupo de Contacto y apoyó las negociaciones en Oslo y Barbados para iniciar una transición a la democracia, aun cuando estas fueran infructuosas. La ralentización de la economía europea, que posiblemente se agudice tras el Brexit, y los peligros de nuevas tensiones internas podrían distraer a los europeos de la cuestión venezolana.

El Grupo de Lima contribuyó a coordinar los esfuerzos regionales de apoyo en una línea dura de confrontación contra Maduro, contando con la colaboración de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, la inestabilidad que se extiende por la región ha dificultado el surgimiento de un liderazgo regional claro. La ola de protestas que ha afectado en Chile a Sebastián Piñera, la debilidad relativa de Martín Vizcarra en Perú, la incapacidad de Jair Bolsonaro desde Brasil para integrar a otros líderes, las dificultades de Iván Duque en Colombia para hacer avanzar el proceso de paz, y la salida de Mauricio Macri del gobierno argentino, muestran la debilidad del liderazgo latinoamericano.

Los cambios políticos apenas alteran el equilibrio de fuerzas. La caída de Evo Morales en Bolivia aún no ha derivado en un gobierno estable, debiendo esperarse el resultado de las elecciones. El retorno del peronismo en Argentina, con Alberto Fernández, se equilibra con la victoria de Luis Alberto Lacalle Pou en Uruguay, a pesar de que este último no se mostró dispuesto aún a reconocer a Guaidó.

Sanciones, elecciones y emergencia humanitaria

Varios asuntos impulsan el debate. Primero, el alcance de las sanciones internacionales. El señalamiento de que se necesitan “sanciones inteligentes” apuntan al objetivo estratégico: generar los incentivos necesarios en el bloque de poder que domina Venezuela para alcanzar un acuerdo que impulse la democratización. EEUU promueve una nueva escalada de sanciones, mientras la UE duda de su efectividad.

Segundo, la posición ante la certeza de que 2020 será electoral en Venezuela. Las fuerzas democráticas internas exigen la realización de unas elecciones presidenciales competitivas, libres, abiertas y limpias, que coloque en manos de los venezolanos la resolución de la crisis. El régimen de Maduro opta por limitarse a una elección parlamentaria bajo su control, preservando las condiciones que inhiben la participación opositora. La fuerza actual de Guaidó, incluyendo su reconocimiento, derivan del control mayoritario que la oposición democrática mantiene en el Parlamento. La pérdida de ese espacio podría comprometer la continuidad de la propia oposición.

Tercero, la atención a la emergencia humanitaria y la continuidad en el flujo de migrantes que desborda a la región, que amenaza con extenderse de proseguir tanto la crisis económica como la política. Separar la respuesta de la comunidad internacional a la crisis humanitaria del problema político del cambio de régimen podría ayudar a paliar el drama que viven los venezolanos, pero implica el reconocimiento de que la transición a la democracia no se percibe inminente, quizá ni siquiera cercana.

En la medida que la crisis venezolana se extiende en el tiempo, el frente internacional de apoyo a la democratización corre el riesgo de debilitarse, bien sea por rutinización, por dar preferencia a la preservación de un statu quo, o por un cambio en las prioridades de la política exterior vinculado con la ralentización de la economía europea, la aparición de una nueva polarización en EEUU, o los efectos conflictivos de batallas culturales que afectan a la agenda global.