La alargada sombra de la corrupción en LatAm

El 15 de febrero más de un millón y medio de brasileños salían a las calles. No demandaban una mejora en los servicios sociales, como ocurría en junio de 2013 de cara al Mundial de Fútbol, sino la dimisión de Dilma Rousseff. Quieren acabar con la corrupción y salvar la economía brasileña; para eso, el sector más conservador apuesta por la salida del poder de la presidenta. Pero, ¿mejoraría la situación brasileña ante un cambio de gobierno? Para muchos activistas de izquierda, las protestas vienen de las élites, motivadas por la manipulación mediática del imperio de la comunicación Grupo Globo. Pero lo cierto es que la economía de Brasil se encuentra estancada, los servicios públicos son ineficientes, y la tasa de violencia y homicidios es cada vez más elevada. Además, hay otros motivos para protestar: Rousseff era presidenta de Consejo de Administración de Petrobras durante el escándalo de corrupción, que ya ha salpicado a cerca de 50 políticos. La presidenta responde con la promesa de un paquete de medidas anticorrupción.

En Chile, el caso Caval, más conocido en el país como Nueragate, salpica a la presidenta Michelle Bachelet, cuya popularidad ha caído casi un 40% desde que se conocieron los detalles de la trama en la que estaban implicados su hijo y su nuera. En Argentina, Cristina Fernádez se ha visto afectada por las presuntas irregularidades societarias y fiscales de la empresa Hotesur, que actualmente se están investigando, y de la que la presidenta forma parte. En Venezuela saltaba la noticia de que altos cargos y empresarios del círculo chavista están siendo investigados por blanqueo de fondos a través del Banco de Madrid. Hasta ahora, silencio absoluto por parte del gobierno venezolano. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales ha intervenido el Fondo Indígena tras un escándalo por corrupción. En México, la periodista Carmen Aristegui fue despedida por revelar la existencia de una mansión oculta, ahora conocida como la “Casa Blanca”, de Angélica Rivera, primera dama. Esto ha dañado más aún la imagen de su marido, Enrique Peña Nieto, ya debilitada a raíz de la desaparición y supuesto asesinato de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero, que desvelaba a su vez la infiltración del crimen organizado entre las autoridades municipales. Podríamos continuar, pues la lista es larga.

¿Qué pasa en América Latina? La sombra de la corrupción es alargada, no solo en la política; también en otros sectores. En muchos países de la región, la corrupción forma parte de la vida diaria de los ciudadanos. Para sobrevivir dentro de una cárcel o para retirar una multa de tráfico. Aunque se trata de un problema global (como muestran los casos de China, Italia o España), es alarmante el número de escándalos que se están destapando en América Latina. Parece que aquí todo tiene un precio.

Si observamos el mapa de Transparencia Internacional (TI), disponible en su informe Corruption Perceptions Index 2014 sobre los niveles de corrupción percibidos en el sector público, vemos que la región está en tonos oscuros, lo que quiere decir que los niveles de corrupción son por lo general altos. En el ranking global de la ONG se salvan Chile y Uruguay, que están en el puesto 21 del mundo, por delante de países como Austria (23) y Francia (26). Brasil, por ejemplo, estaría en el 69, seguido por El Salvador (80), Perú (85), Colombia (94), Bolivia y México (103) o Argentina (107). El país de la región con más corrupción percibida en el sector público sería Venezuela, que ocupa el puesto 161 de 174. Ha bajado uno desde el año anterior, y ahora se encuentra a la par que Haití, Guinea Bissau o Yemen, y por detrás de Siria (159) o la República Democrática del Congo (154). Paraguay sería el segundo país más corrupto (150) de América Latina.

La opinión pública de muchos países percibe que los delitos económicos no tienen un castigo ejemplar, y es que muchas veces las sanciones no equivalen a los beneficios que se han obtenido de las malas prácticas. Que la sanción sea costosa y ejemplar es una medida imprescindible para luchar contra la corrupción. La sociedad latinoamericana, cada vez más involucrada en los asuntos públicos, reclama transparencia, seguridad y mejores servicios públicos.

Unas instituciones débiles son caldo de cultivo para la corrupción. Los expertos aseguran que no solo se necesitan leyes, sino instituciones estables y autónomas que puedan actuar con legitimidad y efectividad para acabar con el abuso de poder político, sobornos, tráfico de influencias o la malversación de fondos. En México preocupa cómo la corrupción ha permitido a las bandas criminales controlar algunas instituciones públicas. TI recomienda a los líderes políticos que prioricen el poner fin a la impunidad de la corrupción, profesionalizar el cuerpo de funcionarios, fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad para reconstruir la confianza de los ciudadanos, o establecer la transparencia como elemento principal de la inversión social.

Compromiso civil

Pero el tema de la corrupción va más allá de las reformas políticas. Tiene que haber un compromiso civil, de actores públicos y privados, insiste TI. De hecho, en varios países, como Venezuela, la ONG ha abierto una Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que busca promover la “denuncia responsable” y ayudar a quienes denuncien casos. En este país también existe la ONG Transparencia Venezuela, que te permite denunciar casos de corrupción a través de la web en tan solo cinco minutos. En Nicaragua se estableció en 2011 una herramienta digital para informar sobre el proceso electoral y para denunciar incidentes y anomalías vinculados con las elecciones.

La implicación de los ciudadanos latinoamericanos en la lucha contra la corrupción, ante la pasividad de sus gobiernos –que muchas veces se limitan a implementar medidas percibidas como insuficientes–, es clave. Los escándalos relacionados con la corrupción en el sector público producen desconexión entre la clase política y la sociedad, poniendo en juego la estabilidad nacional. Castigada y desgastada por las desigualdades sociales y los deficientes servicios públicos, la sociedad latinoamericana parece haber agotado su paciencia. Lo hemos visto en Venezuela o Brasil: la gente sale a la calle cuando percibe que las cosas no funcionan.