No es habitual que un gobierno con una mayoría de dos tercios en la cámara baja del Parlamento convoque elecciones generales dos años antes de tiempo. Se comprende aun menos cuando la estabilidad parlamentaria con la que se contaba—y de la que Japón había carecido desde 2007—, ofrecía un amplio margen de maniobra a un primer ministro decidido a poner fin a la inercia económica de dos décadas, y a recuperar el liderazgo diplomático frente a un complicado entorno exterior. Pero Shinzo Abe ni pretende retirarse, ni tampoco ha abandonado sus prioridades. ¿Qué le ha llevado pues a dar ese paso?
La justificación ofrecida es que se busca un mandato popular que permita posponer el incremento del impuesto al consumo del 8% al 10%; una medida que fue acordada por el gobierno del Partido Democrático en 2012 con el consenso del Partido Liberal Democrático (PLD), y que estaba prevista para octubre de 2015. No parece un argumento muy creíble, sin embargo: el PLD no necesita una nueva mayoría para modificar la legislación pertinente. Todo parece apuntar más bien a claves de política interna. No obstante, además del riesgo que corre el primer ministro –con una opinión pública volátil y escéptica con respecto a su clase política–, la disolución de la Dieta es una nueva confirmación de las dificultades que afrontan todos los intentos de reforma en Japón.
Dos años después de su llegada al poder, Abe no ha logrado los resultados que esperaba de su revolución económica, conocida como “Abenomics”. Sus tres elementos –estímulo monetario, flexibilidad fiscal y reformas estructurales– han sido insuficientes para corregir el rumbo: ni se ha llegado al 2% de inflación que pretendía el Banco de Japón, ni se ha corregido el déficit presupuestario, ni se ha avanzado en los cambios de mayor calado, en parte por la oposición de distintos sectores a las medidas liberalizadoras que implica la adhesión al Acuerdo Trans-Pacífico (TPP). Como efecto de todo ello, tras dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo Japón se encuentra al borde de una recesión, por tercera vez en cuatro años. Es cierto que un aumento de la fiscalidad en 2015 no haría sino agravar la situación –la subida del impuesto sobre las ventas del 5% al 8% en abril de este año ha sido una de las causas principales de la desaceleración–, pero su adopción solo puede retrasarse, no eliminarse, frente a una deuda pública que ya ha alcanzado el 240% del PIB. En cualquier caso, tampoco parece que pueda estimularse la economía sobre la base de las fórmulas mantenidas durante estos dos años. Quizá por ello, y esa puede ser una razón del adelanto electoral, lo que realmente pretende Abe sea revalidar una mayoría que amplíe su permanencia en el poder hasta finales de 2018 y le permita afrontar de manera decidida el capítulo estructural.
Esa lógica respondería a su vez a otros dos factores –dos citas políticas de 2015–, estrechamente interrelacionados entre sí. Unos malos resultados para los liberales en las elecciones municipales del próximo mes de abril supondrían el fracaso definitivo de Abenomics, y complicarían la posibilidad de que cinco meses más tarde, en el congreso del PLD en septiembre, Abe pudiera mantener la presidencia del partido y, por tanto, la jefatura del gobierno. La convocatoria con antelación de las elecciones reducen ese riesgo (aunque crea otros).
De renovar mandato, Abe podría por otra parte presentar un conjunto de iniciativas legislativas que desarrollen los cambios en la política de defensa que ha introducido desde 2013, incluyendo la reinterpretación de la Constitución a favor del derecho de autodefensa colectiva, si bien son medidas que –al igual que su discurso histórico revisionista– no cuentan con el apoyo mayoritario de la sociedad japonesa. Pese a recurrirse a los problemas de la economía como motivación de la convocatoria, una nueva mayoría también serviría para legitimar las decisiones del gobierno en otros terrenos, como la política de seguridad.
Junto a su socio de coalición (el budista Komeito), el PLD suma 325 de los 490 escaños de la cámara baja. Los observadores creen prácticamente imposible que pueda perder la mayoría simple, un resultado que se traduciría en la dimisión de Abe. No obstante, no puede descartarse que se obtengan menos escaños de los esperados, o que haya una elevada tasa de abstención, creándose así una nueva fuente de vulnerabilidad cuando lo que se busca es exactamente lo contrario: revalidar un apoyo popular que permita al gobierno enfrentarse a los poderosos grupos de intereses que obstaculizan las reformas con una mayor perspectiva temporal. La actual debilidad de los grupos de oposición ofrece una oportunidad al PLD para capitalizar la situación y extender su permanencia en el poder. Pero no deja de ser una apuesta arriesgada: aun garantizando a Abe su puesto dos años más, quizá ello no baste para la realización de su gran proyecto de transformación nacional. Japón vive una compleja transición demográfica, un cambio de ciclo histórico y de modelo social y económico, guiado por fuerzas que impondrán su propio ritmo con independencia de la voluntad de cualquier gobierno.
Por Fernando Delage, miembro del consejo asesor de Política Exterior.