#ISPE: ¿Un canal para Nicaragua?

Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior (#ISPE): Nicaragua.

Cuando el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunció el proyecto de construir un nuevo canal transoceánico en su país, muchos comentaristas se lo tomaron casi como una broma. “¿Será el canal nicaragüense un cuento chino?”, se preguntó en su columna del Miami Herald Andrés Oppenheimer, subrayando que el contrato era “muy raro” y firmado con un oscuro empresario chino, sin licitación pública o un estudio exhaustivo sobre su probable impacto medioambiental.

“O bien es el proyecto de infraestructura más importante de América Latina en mucho tiempo, o el mayor fraude gubernamental de la historia reciente de la región. Sospecho lo segundo”, concluyó. La empresa de Hong Kong presidida por Wang Ping, la HK Nicaragua Canal Development Investment Co. (HKND), ya ha comenzado los estudios de viabilidad, por lo que asegura que su construcción podría comenzar en 2014 y terminar en 2020.

Según Wang, HKND invertirá 40.000 millones de dólares (cuatro veces el PIB nicaragüense) para construir un canal de 286 kilómetros que podrá dar servicio a supertanques de 400.000 toneladas de carga, lo que generará ingresos anuales por valor de 5.500 millones de dólares. El año pasado, el canal de Panamá tuvo 2.400 millones de dólares de ingresos brutos.

El gobierno de Managua estima que el proyecto podría aumentar el crecimiento del PIB en un 15% anual. El 13 de junio el Parlamento nicaragüense aprobó dos leyes que ceden a HKND durante 50 años la construcción y administración del canal, dos puertos de aguas profundas y dos aeropuertos internacionales, un gasoducto, una vía férrea y zonas libres de impuestos.

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro sostiene que Ortega ha entregado la soberanía nacional “atropellando 24 artículos de la Constitución” a cambio de “alguna jugosa transacción monetaria”.

La llamada ley Ortega-Wang fue sometida a una consulta de apenas dos días pese a que establece que Nicaragua renuncia a sus derechos de propiedad sobre los recursos de agua en función de los intereses del canal. Según Chamorro, la ley convierte el país en un “enclave de facto” de HKND, compromete las reservas del banco central y amenaza de confiscación a todos los nicaragüenses al darle “derechos irrestrictos” sobre el suelo del país.

Wang desembarcó en Managua de mano de Laureano Ortega, hijo del presidente, y ganó una licitación de telefonía móvil en la que fue el único oferente para invertir 2.000 millones de dólares en tres años. Cinco meses después de otorgada la concesión no ha instalado una sola línea telefónica.

Por otra parte, muchos ingenieros creen que la diferencia de casi seis metros entre las mareas de las dos costas, harán inviable el canal. HKND está registrada en las islas Caiman. Nicaragua no tiene “grado de inversión”, por lo que la seguridad jurídica que ofrece la obra es mínima.

Muchos analistas creen que lo único que se busca es beneficiar a consultores como ERM, McKinsey o McLarty, que realizarán estudios de viabilidad por valor de 900 millones de dólares, y la compra especulativa de tierras sin ningún tipo de fiscalización o escrutinio público. Según los términos de la concesión, HKND no enfrentará sanciones legales o económicas si no completa la obra. La única forma de sacar adelante el canal, aseguran diversos consultores, sería si el gobierno chino, que no tiene relaciones diplomáticas con Nicaragua, provee las garantías y la financiación.

La página en Internet de Xinwei, la compañia de telecomunicaciones de Wang, dice que sus actividades se extienden a la seguridad pública, petróleo y transporte y que buscará financiación privada para el canal, entre ellos de la China Railway Construction y de petroleras chinas, ávidas de reducir sus costes de transporte de petróleo y carbón de América Latina.