#ISPE: La epidemia de la corrupción

Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior: imagen de España.

Aunque España vive estos días en medio de la revelación de diversos casos de corrupción, la situación está lejos de ser excepcional. El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, acaba de advertir que “la corrupción amenaza la democracia en nuestro continente”. Según una encuesta de Eurobarómetro de 2012, el 74% de los europeos considera que la corrupción es uno de los principales problemas.

El fenómeno es global. Los casos en fase de denuncia, investigación, juicio o ya con condena, se extienden desde Estados Unidos a Líbano y Australia. Pero en ese sórdido panorama, España ocupa un lugar destacado, solo eclipsado por Grecia entre los países de la zona euro. En los países desarrollados, el grueso de la corrupción se materializa en corruptelas diversas, no en escándalos que afecten a las altas esferas del Estado. Destacan, por ejemplo, la condena de unos exeuroparlamentarios por aceptar sobornos de falsos lobbistas; acusaciones al primer ministro esloveno, Janez Jansa, por no haber declarado un patrimonio por valor de 200.000 euros o el recrudecimiento de la censura pública en Grecia por la nula disposición del gobierno a perseguir a los defraudadores fiscales con cuentas en el extranjero.

En Estados Unidos los medios se han ocupado últimamente de un concejal de una pequeña ciudad, Rockford (NY), que se habría embolsado varias decenas de miles de dólares en comisiones, o las denuncias contra el exalcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, por haber recibido sobornos por valor de 250.000 dólares a cambio de contratos, además de falsear sus declaraciones de impuestos.

En Australia están siendo investigados varios exministros de Nueva Gales del Sur que habrían amañado un concurso de leasing de minas. Según la prensa local, concedieron los contratos a menor precio a empresas controladas por familiares suyos, lo que ha supuesto a las arcas del Estado una pérdida de varios centenares de millones de dólares australianos.

También en Italia acaba de estallar un escándalo en torno a los concursos de energías renovables, similar al que tuvo lugar en España hace unos años: parques que no funcionan o no producen electricidad y pese a ello reciben las primas. La defraudación, urdida por la mafia con la complicididad de ciertos poderes políticos, alcanza varios millones de euros.

Los países en desarrollo juegan en otra liga. El ministro de Telecomunicaciones libanés, Nicolas Sehnaoui, por ejemplo, se habría hecho con varios millones de dólares en comisiones mediante la contratación de un programa de satélites por el que pagó 85 millones, cuando valía 20. En Venezuela, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, figura en un cable diplomático filtrado por Wikileaks como presunto dueño de una fortuna valorada en más de 2.000 millones de dólares.

El singular caso español

Pero entre los países de la Unión Europea no se ve nada parecido a la situación española, con casos que afectan de lleno a la clase política, lo que parece tener algo que ver con las últimas y sucesivas derrotas de los candidatos españoles a las instituciones comunitarias. El desprestigio siempre tiene un precio. Y la impunidad añade sal a la herida.

En Austria, por ejemplo, el exministro y exeuroparlamentario Ernst Strasser, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por los sobornos que recibió. En Estados Unidos a Nagin le podrían caer 10 o 15 años mientras que en Ohio, el excongresista Clayton Luckie puede ser condenado a tres años de prisión por haber hecho gastos en su campaña de 130.000 dólares y que no declaró.

La ejemplaridad de las sanciones depende, obviamente, de la independencia del poder judicial. La legitimidad de los representantes políticos también es importante: cuanto más endogámica y hermética es la clase política, como cuando reinan las listas cerradas en los partidos, la posibilidad de contener la marea de la corrupción se reduce considerablemente.

No extraña que en Rumania se haya desatado una tormenta política por la aprobación del Parlamento de una ley que pone a diputados y senadores al abrigo de la Agencia Nacional de Integridad, creada –irónicamente– para perseguir la corrupción. Tampoco ha gustado a los checos la amnistía concedida por el presidente Vaclav Klaus a centenares de acusados de corrupción.

En los índices de Transparencia Internacional, España ocupa el puesto 30 porque sus principales indicadores miden “percepciones” de los empresarios que responden a las encuestas, lo que imprime un alto grado de subjetividad a los resultados. Pero una vez ganada la mala fama, es muy difícil lavarla.

Para más información:

Charlemagne Blog, «Why is Spain so corrupt?». The Economist, marzo 2009.

Víctor Lapuente Giné, «La enfermedad institucional de España». El País, agosto 2012.