Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior: proceso de paz.
Hemos llegado al pie de la montaña, pero ahora tenemos que escalar”. De ese modo un estrecho colaborador del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, describió la ardua tarea que tiene por delante el gobierno para ultimar un acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y poner fin a un conflicto que se arrastra desde hace más de medio siglo y que ha desplazado a tres millones de personas.
Pese a las cuatro negociaciones fallidas de los últimos 30 años, reina un moderado optimismo entre los analistas colombianos sobre las perspectivas de las negociaciones que empezarán el 8 de octubre en Oslo y en las que se tratarán cinco asuntos: desarrollo rural, participación política, fin del conflicto armado, narcotráfico y derechos de las víctimas.
Hace una década, en la última negociación de paz emprendida por el gobierno de Andrés Pastrana, las FARC plantearon el alto el fuego como un punto de llegada y no de partida. Esta vez, sin embargo, han sido las farc quienes han ofrecido el alto el fuego en cuanto comiencen las negociaciones.
Ha sido el gobierno el que ha rechazado esa posibilidad: el alto el fuego, dijo, solo llegará al final del proceso, una señal elocuente de lo mucho que han cambiado las cosas sobre el terreno. Las FARC han perdido cerca de 20 “jefes de Frente” en lo que va de año. El mismo día del anuncio presidencial, el ejército eliminó a Danilo García, jefe del Frente 33, muy cercano a Rodrigo Londoño, Timochenko, líder de las FARC.
Estas atraviesan su peor momento militar en 50 años, pero no están derrotadas. Entre enero y julio de este año se registraron 135 ataques contra la infraestructura petrolera, minera, energética y de transporte del país, un 41% más que en el mismo periodo de 2011. Pero al anunciar las negociaciones, Timochenko dijo que llegaba a la mesa de diálogo “sin rencores ni arrogancias” y tampoco habló de “refundar” la democracia, sino de “ampliarla”.
Santos ha dejado claro que esta vez no permitirá a las FARC utilizar las negociaciones como “una tregua trampa” para ganar tiempo y rearmarse. Pero sincronizar ambos relojes será todo un desafío.
En esas condiciones, si fracasa el proceso, conllevaría un recrudecimiento del conflicto y Santos vería afectada su imagen, aunque el país no correría grandes riesgos. Y si las cosas salen bien, el ahorro presupuestario que implicará el fin del conflicto –que recorta un 2% del PIB– tendrá consecuencias positivas sustanciales para el desarrollo de la ya tercera economía latinoamericana después de Brasil y México.
Para llegar a buen puerto, Santos tiene que hacer concesiones importantes, pero confía en que el programa de restitución de las tierras ya iniciado pueda producir una redistribución que las FARC encuentren satisfactoria.
Guillermo Pérez Flores, experto colombiano en el conflicto armado, residente en España, recuerda que las FARC han tenido hasta ahora una agenda maximalista, mientras que el Estado aspiraba a un desarme casi sin contrapartidas. Lo esencial, señala, es fijar una agenda real en la que la clave radicara en la agricultura, mito fundacional de las FARC.
Para más información:
Günther Maihold, «Crimen organizado y seguridad en América Latina». Política Exterior 143, septiembre-octubre 2011.
José Antonio Martín Pallín, «Colombia: las palabras y los hechos». Política Exterior 123, mayo-junio 2008.