La República Islámica de Irán vive un período convulso antes de las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 21 de febrero. La subida del precio de la gasolina en noviembre hizo estallar la furia de la población iraní. Sin embargo, la explicación de estas protestas es mucho más compleja de lo que puede parecer a primera vista. La República Islámica sufre una fuerte crisis de legitimidad que encuentra sus causas en el desempleo, la estanflación, la corrupción y la falta de libertades. Estas manifestaciones no son más que la continuación de las acontecidas entre 2017 y 2018 en contra de las medidas económicas que tomó el gobierno en aquel momento.
La respuesta del régimen a las protestas ha sido implacable. En un inició se impuso un apagón de internet y redes sociales. Después, las manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Según datos de Naciones Unidas, hubo hasta 7.000 arrestados y cientos de heridos. La sucesión de protestas en todo el país en tan corto plazo sugiere un descontento generalizado con el régimen y un deseo arraigado de cambio económico y político.
En el plano internacional, 2019 estuvo marcado por la confrontación con Estados Unidos. Las sanciones que la administración estadounidense impuso a Irán después de retirarse del acuerdo nuclear en mayo de 2018, y especialmente la cancelación de la exención a la importación de petróleo iraní en noviembre del mismo año, han creado graves desafíos para su economía. Para la administración del presidente Donald Trump los disturbios son la prueba del éxito de su campaña de máxima presión. EEUU asegura que las protestas han sido un resultado directo del colapso económico acelerado por las sanciones impuestas.
Aunque la transición hacia un régimen más democrático es posible, hay voces que niegan que este resultado sea probable. Casos como Cuba, Corea del Norte e Irak han demostrado que el estrangulamiento económico, incluso cuando es duro y se mantiene durante años o décadas, no desempeña un papel decisivo en el colapso de un régimen. Mantener una política de acoso y derribo al régimen iraní destruyendo su economía conlleva enormes riesgos, para el pueblo iraní pero también para EEUU y sus socios regionales.
En los dos años transcurridos desde que el presidente Trump retirase a EEUU del acuerdo nuclear de 2015 –logro emblemático de las fuerzas reformistas de Irán–, el ala más dura del régimen ha impulsado una agenda de confrontación. Al acuerdo nuclear se le ha sumado un acontecimiento que ha hecho saltar todas las alarmas ante una posible confrontación entre EEUU e Irán: el asesinato de Qasem Soleimani. El general, que encabezó la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, era una figura extremadamente popular dentro de la República Islámica. Muestra de ello son los actos multitudinarios que se hicieron a lo largo de todo el país para rendirle homenaje. Un fenómeno que se vivió incluso en las provincias árabes, mostrando que Soleimani era superior a la división de facciones presente en Irán.
Sus logros militares hicieron que se ganase el apoyo de los distintos bandos dentro de la república. A los ojos de las personas religiosas, ha sido la cabeza visible en el enfrentamiento contra Israel, uno de los grandes enemigos de la república desde 1979. También apoyó la resistencia palestina. Para los nacionalistas e incluso aquellos que no creen en la República Islámica en absoluto, fue quien luchó contra terroristas y enemigos extranjeros. Su muerte ha derivado en una mitificación de su figura, convirtiéndole en un mártir que dio vida de forma heroica por Irán. Estos acontecimientos han sido aprovechados por los sectores más extremistas del régimen para promover el sentimiento antiestadounidense y bloquear a los candidatos reformistas antes de las elecciones parlamentarias. Según ellos, los reformistas aceptaron ingenuamente el acuerdo nuclear, demostrando su incapacidad para enfrentarse a EEUU.
El sistema político iraní se caracteriza por contar con un estricto sistema de control sobre los candidatos, tanto para las elecciones parlamentarias como para las presidenciales. Los aspirantes deben tener entre 30 y 75 años, contar con estudios superiores y mostrar lealtad al Islam y la República Islámica. Una vez que han pasado el escrutinio inicial del Ministerio del Interior, sus solicitudes se envían al Consejo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En esta ocasión se han excluido a más de 9.000 personas de las más de 16.000 que presentaron una solicitud en diciembre. La mayoría de ellas formaban parte del ala reformista.
Las elecciones parlamentarias llegan en un momento en que las tensiones internacionales alcanzan su punto álgido, mientras la república vive una profunda crisis interna. Los iraníes acuden a las urnas en un ambiente marcado por la frustración y el descontento. La grave situación económica de Irán afecta a todos los estratos de su sociedad. La confianza en el gobierno se ha desgastado claramente debido al derribo de un avión de pasajeros ucraniano el 8 de enero como resultado de un error de los mandos militares iraníes. Todo esto ante la posibilidad de una confrontación con EEUU que agravará aún más el estado de una economía en dificultades y aislará a la República Islámica.