Esta instrumentalización se produce, en parte, a través del recurso a la retórica humanitaria para legitimar iniciativas que pueden alejarse de sus verdaderos propósitos, tal como intervenciones militares, y, por otro lado, por el uso del sistema humanitario como vehículo de la política exterior.
El concepto de “intervención militar humanitaria” engloba el uso de la fuerza militar bajo el pretexto de brindar asistencia y protección humanitaria. A lo largo de la historia, se han registrado casos notorios que evidencian cómo estas intervenciones han sido instrumentalizadas para impulsar objetivos políticos o estratégicos, más allá de sus verdaderos propósitos humanitarios, y cómo, por su propia naturaleza, no pueden actuar en base a los principios humanitarios fundamentales. Algunos ejemplos destacados incluyen las intervenciones en Kosovo en 1999, Afganistán en 2001 e Irak en 2003, donde la ayuda humanitaria fue utilizada como pretexto para promover objetivos militares, como señala Sarah Lischer.
Uno de los principales argumentos críticos en torno a las intervenciones militares humanitarias se centra en los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia, fundamentales en la acción humanitaria. Estos pilares aseguran que la ayuda se brinde sin discriminación y sin verse influenciada por intereses políticos o partidistas. Sin embargo, en el contexto de intervenciones militares humanitarias, estos principios se han visto amenazados al ser utilizados como vehículo para promover intereses ajenos a los propósitos humanitarios. El primer principio, la imparcialidad, se refiere a la obligación de brindar ayuda humanitaria basada únicamente en las necesidades, sin favorecer a ningún grupo, facción o individuo en particular. Significa tratar a todas las personas afectadas sin discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, género u otras características personales. En segundo lugar, la neutralidad implica que las organizaciones humanitarias deben abstenerse de tomar partido o involucrarse en conflictos políticos, militares o ideológicos. El tercer principio, la independencia, se refiere a la capacidad de las organizaciones humanitarias de operar de manera autónoma, sin interferencias externas que puedan afectar su misión y objetivos humanitarios. Busca evitar cualquier influencia política, económica o de otro tipo que pueda socavar la integridad y eficacia de la ayuda humanitaria.
Casos emblemáticos como los de Kosovo, Afganistán e Irak ejemplifican cómo estas intervenciones han generado controversias y desafíos en la entrega de ayuda humanitaria en situaciones de conflicto. En 1999, durante la crisis en Kosovo, la OTAN –una de las partes en el conflicto– construyó campos de refugiados para los kosovares y se encargó de su seguridad, mientras bombardeaba Yugoslavia. De acuerdo con Pozo Marín, “se denunció entonces que tanto los campos como las personas que albergaban se convirtieron en blanco de las hostilidades de los grupos armados que combatía la Alianza Atlántica”. Esta situación puso en evidencia una compleja interacción entre acciones militares y ayuda humanitaria, con críticas de algunas organizaciones humanitarias al papel de la OTAN, considerando que sobrepasaba sus límites y capacidades.
En Afganistán, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en 2001, aviones estadounidenses llevaron a cabo tanto bombardeos como entregas de alimentos para la población civil. Sin embargo, estas entregas de alimento fueron objeto de críticas por parte de algunas ONG, quienes argumentaron que no cubrían adecuadamente las necesidades de la población y que los señores de la guerra afganos las acapararon para venderlas. Otras críticas señalaban que los civiles afganos tenían dificultades para distinguir las municiones de racimo sin explotar de los paquetes de alimentos, ya que ambos eran de color amarillo. La condicionalidad de la ayuda queda también manifiesta cuando Estados Unidos lanzó panfletos desde el cielo en los que pedía a la población información que llevara a la captura de Osama Bin Laden a cambio de una recompensa económica, pero, de no colaborar, se daría por finalizada la ayuda humanitaria proporcionada por el ejército de EEUU.
En el caso de la guerra de Irak de 2003, cuando el ejército estadounidense ultimaba planes para invadir el país, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) reclutó organizaciones para trabajar en la zona de guerra. Esta acción planteó interrogantes sobre el papel de las ONG en un contexto militar y sus implicaciones en la independencia y objetividad de la asistencia humanitaria. Años después, en 2016, la colaboración entre fuerzas armadas y organizaciones humanitarias alcanzó, en el mismo país, un punto de inflexión cuando fuerzas iraquíes e internacionales trataron de recuperar Mosul de manos de Dáesh y dejaron combatientes y civiles heridos sin asistencia médica. La Organización Mundial de la Salud lideró la respuesta, pero sin la participación de sus socios humanitarios habituales, pues estos declinaron trabajar en unidades militares, preocupados por las consecuencias de no actuar de forma neutral e independiente. De acuerdo con Pozo Marín, “la asistencia humanitaria y la ética médica resultaron afectadas por la extraordinariamente estrecha colaboración con una de las partes en conflicto y la presencia de diversas formas de seguridad militar y privada en los centros de salud”.
Estos ejemplos ilustran cómo las intervenciones militares humanitarias han generado controversias en la entrega de ayuda humanitaria en situaciones de conflicto, lo que puede llevar a incumplimientos del Derecho Humanitario Internacional. Desde el Centro Delàs de Estudios por la Paz, se destacan varios motivos por los que oponerse a las intervenciones militares humanitarias. El principal de ellos se refiere a que los ejércitos no pueden actuar basados en principios humanitarios, ya que sus operaciones están determinadas por intereses políticos nacionales y geoestratégicos. Otros motivos para cuestionar las intervenciones militares humanitarias incluyen la falta de formación específica de los ejércitos para realizar tareas humanitarias de calidad, el riesgo que representa la participación de las fuerzas armadas en terreno humanitario para la seguridad de las organizaciones humanitarias y la población civil, y el uso de estas intervenciones para justificar operaciones militares en el exterior y aumentos en los presupuestos de defensa.
En definitiva, la instrumentalización de la acción humanitaria con fines políticos o estratégicos ha puesto en entredicho la imparcialidad, neutralidad e independencia, pilares fundamentales de la ayuda humanitaria. Es esencial reflexionar sobre estas prácticas y promover un enfoque más responsable para garantizar que la ayuda humanitaria se brinde de manera objetiva, sin discriminación y sin verse influenciada por intereses políticos o partidistas, así como priorizar la prevención de conflictos mediante la diplomacia, la mediación y el diálogo para evitar la necesidad de intervenciones militares posteriores. Solo de esta manera podremos asegurar que las poblaciones afectadas reciban la asistencia y protección que necesitan.