«La inclusión es la única forma de abordar la crisis de refugiados rohingya»

Dos años después de que comenzara el gran éxodo Rohingya, la más grave crisis de refugiados que ha sufrido Asia en décadas, la solución al problema sigue estando muy lejos. Solo en Bangladesh se concentran más de 900.000 personas, incluidas las más de 750.000 que llegaron al país tras huir de la campaña de violencia y asesinatos iniciada en agosto de 2017 por el ejército de Myanmar en el estado de Rakhine. El resto ya se habían asentado allí a lo largo de episodios de violencia anteriores, algunos de ellos acontecidos hace 15, 20 o 30 años.

Tailandia, Indonesia, Malasia e India cuentan también con un gran número de refugiados rohingyas, y a día de hoy ya se han convertido en la primera opción para muchos de quienes siguen huyendo de las persecuciones. También son el destino principal de aquellas personas que se han cansado de esperar un futuro que no llega en Bangladesh, donde tienen restringidos sus movimientos y donde no pueden acceder al mercado de trabajo formal. También para aquellos que ya no ven posible, al menos en un futuro cercano, un regreso seguro a Myanmar.

El alcance de la crisis ha adquirido por tanto una perspectiva regional que obliga a los países a abordarla desde un enfoque inclusivo, teniendo en cuenta las diferentes aristas del problema y enfrentándose a la cuestión desde una posición fuerte y conjunta.

El momento clave para que den por fin este paso tendrá lugar en unos días, cuando los líderes del sudeste asiático se reúnan en la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). Desde 2017, este organismo ha sido uno de los pocos actores capaces de involucrar al gobierno de Myanmar en las conversaciones que tratan de buscar una salida a la crisis. Y en esta ocasión tienen una oportunidad única para solidarizarse con los rohingya, dándoles facilidades para integrarse en sus sociedades, ofreciéndoles una oportunidad de futuro, y presionando al mismo tiempo a Myanmar para que ponga fin a la violencia, a la discriminación y a la persecución que ha acabado con dos tercios de los rohingya de Myanmar exiliados en los países vecinos. De no hacer ambas cosas, la tragedia continuará.

Como organización médica humanitaria que brinda atención médica a los rohingya en Malasia, Myanmar y Bangladesh, Médicos Sin Fronteras (MSF) es testigo de los desafíos diarios a los que se enfrentan. En Bangladesh y Malasia, los rohingya no cuentan con el estatuto de refugiados, por lo que necesitarían disponer, al menos, de algún tipo de permiso temporal que les permita permanecer en estos países de manera legal. En Myanmar se les niega la ciudadanía y se les trata como extranjeros. Y es precisamente en esa apatridia, y en esa falta de reconocimiento de sus derechos, donde se encuentra la raíz de su vulnerabilidad.

En Malasia, MSF trata a pacientes rohingya que resultan gravemente heridos en accidentes de trabajo y que rechazan buscar atención médica en hospitales públicos por temor a ser denunciados y deportados. Sin embargo, diversos estudios publicados recientemente han demostrado que incluir a los refugiados en el mercado laboral podría agregar millones de dólares al producto interior bruto del país y a la hacienda pública, al tiempo que contribuiría a crear empleos para los ciudadanos de Malasia. El manifiesto de Pakatan Harapan que publicó el gobierno antes de tomar posesión prometía dar estatus legal y derechos laborales a los refugiados. Ahora toca cumplir con estos compromisos y dar ejemplo al resto de países, otorgando a los rohingya alguna forma de estatus temporal que les permita permanecer y trabajar legalmente en el país.

Sin derechos

En Bangladesh, nuestros equipos ven cómo los rohingya languidecen en campamentos miserables, incapaces de acceder a un futuro en el que cuenten con una educación formal y trabajo. La generosidad de Bangladesh se está agotando y los refugiados en los campamentos se enfrentan a una reducción cada vez mayor de sus derechos. Se les prohíbe el acceso a las instalaciones de salud pública debido a las restricciones de movimiento a las que están sometidos y, a pesar de las enormes necesidades que presentan, hay un gran déficit de servicios especializados en salud mental y violencia sexual y de género. De hecho, la única vía legal con la que cuentan para poder acceder a los servicios médicos en Cox’s Bazar es a través de las referencias que hacemos algunas organizaciones humanitarias.

Tanto en Bangladesh como en Malasia, los rohingyas nos dicen que se sienten atrapados en el tiempo, incapaces de pensar en nada que vaya más allá de la simple supervivencia diaria o de la lucha por su identidad. Algunos sueñan con regresar a casa, otros dicen que no se atreverían a volver jamás, pero todos cuentan que a día de hoy no ven ninguna posibilidad de futuro allí.

En Myanmar, la situación continúa empeorando. Desde el mes de enero se ha incrementado la intensidad de los combates entre los militares y los insurgentes del Ejército Arakan (AA), lo cual ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas más. Esta nueva ola de violencia está afectando a todas las comunidades del estado de Rakhine, donde se ha impuesto un estricto toque de queda y donde cada vez hay más restricciones para que los trabajadores humanitarios podamos acceder al centro y al norte del estado.

Además, los aproximadamente 550.000-600.000 rohingya que se calcula quedan en el estado de Rakhine siguen sufriendo restricciones de movimientos absolutamente discriminatorias, lo cual limita sus libertades y su acceso a los servicios básicos, como la educación o la atención médica. En el norte, el simple hecho de acudir en busca de tratamiento médico es particularmente costoso y peligroso si eres rohingya: además de exponerse a sufrir ataques violentos, deben pasar diversos puntos de control policial, teniendo que rellenar un montón de documentación y siendo obligados a pagar sobornos para poder continuar su camino hacia el hospital.

Mientras tanto, en el centro de Rakhine, más de 128.000 rohingya y kaman (otra minoría musulmana) han sido detenidos y segregados en campos de desplazados desde el estallido de violencia generalizada que se produjo en 2012. Los rohingya no pueden salir de allí para buscar atención médica; solo pueden hacerlo en un vehículo de MSF que ha de ir acompañado de una escolta policial. Y una vez que son ingresados en el hospital, permanecen siempre en estancias segregadas.

Desde hace meses, el Centro Coordinador de Asean para la Asistencia Humanitaria en la Gestión de Desastres (AHA) está apoyando los preparativos del gobierno para la repatriación de los rohingya. Y aunque en MSF valoramos este paso como algo positivo, ha quedado demostrado que el AHA no tiene capacidad para evaluar de forma independiente la situación en el norte de Rakhine. Una prueba de ello la vemos en el informe que publicaron en junio, el cual no transmite la realidad que nosotros vemos sobre el terreno, y que no hace referencia, por ejemplo, a las mencionadas limitaciones en el acceso libre a la atención médica.

A nivel político, la Asean debería apoyar a Myanmar para implementar las recomendaciones de la Comisión Asesora para Rakhine, impulsada por el fallecido ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan. Si se llevan a cabo en su totalidad, en el espíritu en que fueron redactadas, beneficiarán sin duda a todas las comunidades.

Los rohingya, los que aún se encuentran en Myanmar, así como los que han huido, necesitan tener claridad sobre sus derechos de ciudadanía. La Asean puede involucrar a Myanmar a nivel técnico en temas como el registro de nacimientos, al tiempo que impulsa un proceso de verificación de ciudadanía que cumpla con los estándares internacionales.

La Asean necesita establecer conversaciones de mayor alcance con el Gobierno de Myanmar y los Estados miembros deben colocar el asunto de la exclusión y la discriminación que sufren los rohingya en el centro de sus debates. Lo que está ocurriendo en el estado de Rakhine debe ocupar un lugar destacado en la agenda de la Cumbre que tendrá lugar del 31 de octubre al 4 de noviembre. Es una oportunidad única para que los líderes del sudeste asiático alcen la voz de manera conjunta y vean de una vez por todas que la solución al problema pasa por la inclusión, no por la segregación.