Los peores augurios provenientes de Brasil se han cumplido y finalmente se ha consumado el proceso de impeachment en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Tras la contundente derrota del gobierno en el Congreso solamente queda su ratificación en el Senado, que difícilmente tomará una decisión contraria. Ante la fractura política que significa el derrocamiento de una presidenta elegida mayoritariamente, los análisis de lo sucedido se han centrado en criticar la pésima calidad de las instituciones democráticas brasileñas, especialmente el Parlamento y los partidos políticos.

Muchos de los diputados que se mostraron favorables en la votación parlamentaria, en lugar de argumentar los motivos de su decisión, se limitaron a hacer apelaciones religiosas, tradicionalistas o localistas. El deplorable espectáculo retrató un Congreso contaminado por valores patrimonialistas y ajenos al interés general. A esto hay que sumar que tanto el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que lideró el proceso, junto con una gran mayoría de los diputados que votó a favor, están siendo investigados por asuntos de corrupción.

Se ha llegado de esta forma a una situación en la que, a pesar de la escasa popularidad de Rousseff, el impeachment no suscita una adhesión masiva por parte de la sociedad. Además, y superando la falta de pluralismo mediático existente en Brasil, se han manifestado numerosas dudas sobre su legitimidad, tanto por diversos medios como por organismos internacionales.

Atendiendo a lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que la democracia brasileña atraviesa un grave problema institucional causado por una aventura política de dudoso respeto a las reglas del juego democrático. Esta apreciación no invalida, sin embargo, otra consideración, que tiene que ver con los errores que han llevado al gobierno a  contar con el rechazo de más de dos tercios del Parlamento y de casi un 70% de la población.

A este respecto, una segunda conclusión es que, más allá del éxito de las maniobras de la oposición, fue el propio gobierno de Rousseff el que propició la quiebra de la gobernabilidad que ha conducido a su precipitado final. En primer lugar porque fue incapaz de establecer una coalición parlamentaria de sustento, de tal forma que su incompetencia negociadora con el legislativo llevó al país a una situación de parálisis decisoria. Pero más grave aún fue la pérdida de legitimidad derivada de su pésima gestión económica, que llevó al inevitable e impopular ajuste fiscal en 2015. La ocultación de este ajuste fiscal durante su campaña de 2014 y el abandono de su programa electoral, antes incluso de su toma de posesión, generó un rechazo popular casi unánime.

El ‘impeachement’ ilustra claramente cómo primero se tomó la decisión de destituir a Rousseff y luego se buscó el crimen de responsabilidad que debería serle imputado

Además Rousseff fue incapaz de conectar con los millones de manifestantes que en junio de 2013 salieron masivamente a la calle a reivindicar mejores servicios públicos y una reforma política. La causa última de la crisis política es la pérdida de legitimidad tras la pérdida del apoyo popular y la ineficacia demostrada por su incapacidad de establecer una base aliada de sustento en el Parlamento. A esto hay que sumar la aparición de un escándalo de la dimensión de la Operación Lava Jato que, si bien no afecta directamente a la presidenta ni es imputable exclusivamente a su gobierno, ocurrió sin que aparentemente el gobierno Rousseff quisiera o pudiera hacer algo para evitarlo.

Desde la reflexión de cómo debería ser el correcto funcionamiento de cualquier sistema democrático, el hecho de que tras perder la confianza popular y parlamentaria un presidente sea castigado con el final anticipado de su mandato podría ser considerado como un ejercicio de accountability o rendición de cuentas. El problema es que las reglas del presidencialismo solo contemplan la destitución presidencial mediante la opción  del impeachment; es decir, que el presidente solo puede ser apartado si se demuestra que ha cometido un crimen de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el crimen de responsabilidad es una causa minoritaria de entre todas las que pueden producir una crisis de gobernabilidad que propicie el final anticipado de un gobierno.

El caso del impeachment de Rousseff ilustra claramente cómo primero se tomó la decisión de destituir a la presidenta y posteriormente se buscó el crimen de responsabilidad que debería serle imputado.  Esto significa que, a pesar que fue pensado como un mecanismo para garantizar el equilibrio de poderes, cuando un sistema presidencialista se enfrenta a una crisis grave de gobierno el impeachment normalmente no se ajusta a los principios constitucionales y significa un abuso por parte del legislativo.

A pesar de ello, en los últimos tiempos, diversos analistas han mirado de forma más condescendiente los distintos procesos de juicio político al presidente ocurridos en América Latina, afirmando que el presidencialismo ha encontrado una forma de lidiar con las crisis de gobierno sin que eso signifique crisis de régimen. Pero el impeachment tiene un pecado original que lo aleja de ser una solución aceptable, y es que intenta revestir jurídicamente una decisión que no lo es, y que además es juzgada por un órgano político como es el Parlamento.

Siendo así, ¿por qué no asumir la necesidad de establecer un mecanismo exclusivamente político para resolver estas crisis sin tener que forzar la Constitución? ¿Por qué no sustituir el proceso de impeachment por un voto de censura strictu sensu en el Parlamento que sea ratificado por un referéndum? Es decir, que una mayoría cualificada en el Parlamento pueda someter al gobierno a un proceso de destitución, que de tener éxito, debería llevar a una consulta popular para que los mismos que eligieron al presidente tengan la última palabra a la hora de decidir su continuidad. A esto se añadiría que, para garantizar el equilibrio de poderes e impedir el abuso del recurso, de consumarse la destitución, habría que convocar elecciones tanto presidenciales como parlamentarias.

El proceso de impeachment iniciado contra la presienta Rousseff ha puesto en riesgo la salud democrática de Brasil y de toda América Latina, mostrando cómo soluciones institucionales que aparentaban ser estables, apenas funcionan en determinadas coyunturas. Y a pesar de la flagrante injusticia cometida, tan importante como denunciarla es comprender cuáles son los fallos en las reglas del juego que han llevado a tal situación. Se impone por tanto hacer una reflexión sobre las necesarias reformas en las democracias latinoamericanas y, en concreto, del funcionamiento del presidencialismo, huyendo de las soluciones de compromiso.