Guatemala: el lío que se viene

El domingo 6 de septiembre, Guatemala llevará a cabo elecciones para la elección de miembros del Congreso, los municipios, la representación del país en el Parlamento Centroamericano y la presidencia de la república. De no haber candidato presidencial que obtenga la mayoría absoluta, la segunda vuelta se celebraría el 25 de octubre. Se trata de los octavos comicios generales convocados desde que, en 1985, Guatemala recuperó la democracia. Y se cumplen justamente 30 años de la elección del democristiano Vinicio Cerezo, con quien se puso fin al ciclo de autoritarismo inestable, la tónica política del país desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz, en 1954.

Hasta hace algunos meses todo parecía indicar que se trataría de unas elecciones normales en la vida política guatemalteca. Normales al cumplirse la pauta de que, al igual que ocurriera en todas las precedentes, el partido gobernante perdería las elecciones (no ha habido ningún partido reelecto desde 1985) y, como casi siempre, el candidato presidencial que había quedado segundo en la elección previa, ganaba la siguiente. En todo caso, habría que recurrir a la segunda vuelta para dirimir la contienda.

También parecía tratarse de unas elecciones normales, en tanto que precedidas del habitual reacomodo de los miembros del Congreso, a la búsqueda de reelección por cualquier partido que quisiese postularles. Guatemala tiene la tasa de transfuguismo parlamentario más elevada del mundo, y en esta legislatura parece haber roto su propio récord, siendo más o menos 90 (en torno al 57%) los diputados que han cambiado de partido, teniendo solo en cuenta la información que da cuenta del partido por el que fueron electos y aquel al que ahora pertenecen, aunque en estos cuatro años ha habido diputados con tres o más tránsitos partidistas.

Los cambios, con un matiz, han seguido en muchos casos las tendencias históricas, esto es, diputado electo por el partido A en algún momento se cambia al partido B si su olfato demoscópico le indica que B ganará las siguientes elecciones. La novedad es que un número elevado (20 diputados) electos por un partido en 2011 se identifica actualmente como “independiente”, sea lo que fuere tal cosa, sin acogerse a la protección de sigla partidista alguna. Esta eclosión repentina de independencia parecería deberse a que, frente a las pautas y regularidades que señaladas, de pronto las elecciones guatemaltecas se han cargado de incertidumbre.

En una relación sucinta de los hechos, a las denuncias de corrupción contra equipo del actual presidente, Otto Pérez Molina, que produjeron entre otras cosas la renuncia de su vicepresidenta Roxana Baldetti, hay que sumar el hastío de un sector de la ciudadanía de lo que ha sido un déficit crónico en la calidad de la representación democrática. Se intensificaron las críticas a una legislación política que genera, o no es capaz de inhibir, comportamientos poco ejemplares de la clase política y, asociados con ello, unos partidos muy frágiles, sin apenas financiación pública, cuyo éxito depende de los recursos procedentes de grupos de poder externos de todo tipo. No es un problema de ausencia de opciones, pues con 14 partidos en la contienda, la pluralidad está formalmente garantizada. Sin embargo, algunos de los contendientes disponen de recursos extraordinarios y de procedencia discutible, que dan lugar a una competencia inequitativa

Para un sector de la sociedad guatemalteca, la acumulación de los casos de corrupción pareció indicar que había llegado el momento de elevar la voz y se aprestó a movilizarse con una intensidad sin precedentes en los últimos años. La protesta, al principio más o menos espontánea al estilo de las diversas prácticas recientes de ocupación simbólica de las plazas centrales, se articuló después en grupos estables. Entre ellos, destaca la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, que reúne una variedad de grupos sociales, desde cámaras empresariales hasta movimientos campesinos, incluyendo lo que podría ser el núcleo de una nueva clase política surgida del movimiento ciudadano, como algunos movimientos de jóvenes o el Movimiento Semilla, impulsado por un grupo de profesionales e intelectuales, entre los que destacan  Edelberto Torres-Rivas, el exministro de finanzas Juan Alberto Fuentes y el sociólogo Bernardo Arévalo.

Respecto del  proceso electoral, la frase que moviliza y resume la posición del emergente movimiento social es: “en estas condiciones, no queremos elecciones”. Con esta expresión, los grupos políticamente activados por la crisis quieren señalar que la celebración de los comicios en la fecha prevista haría imposible la modificación de las normas que regulan los mecanismos de representación y de rendición de cuentas. Y que, por ello, los próximos cuatro años no serían sino más de lo mismo: corrupción sistemática, venalidad de la clase política y otro periodo perdido para hacer frente a las necesidades urgentes de la sociedad guatemalteca. Algunos sectores proponen igualmente la formación de un gobierno de transición el cual, tras la renuncia de Pérez Molina, se haría cargo del país hasta la investidura del presidente electo en esos comicios de fecha posterior a la prevista.

La posición contraria ha argumentado que el retraso electoral vulneraría las disposiciones constitucionales y que el país entraría en una fase de inestabilidad jurídico-política de alcance desconocido. Por otro lado, los mecanismos establecidos en la Constitución señalan que en caso de renuncia o destitución del presidente y del vicepresidente, el Congreso sería el responsable de nombrar un sustituto que concluya el mandato de su predecesor. De tal modo, argumentan, no habría lugar jurídico ni político para un “gobierno de transición” dado que no es imaginable que el actual Congreso nombre a alguien que no proceda de la élite política tradicional. Por su parte, la comunidad internacional –que algún peso suele tener en la vida política guatemalteca– es, con excepciones, favorable a que los comicios se lleven a cabo en las fechas previstas. En buena medida por temor a que una ruptura del orden jurídico, siquiera bienintencionada, abriría un terreno de incertidumbres, en un país donde la adhesión a la democracia es una de las más bajas de la región.

La crisis política y las protestas sociales han afectado también a los posibles resultados electorales. Seguramente haya que recurrir a la segunda vuelta. Pero lo que ya no está tan claro es que se repita otra de las tradiciones electorales del país. Manuel Baldizón, derrotado por Pérez Molina en la segunda vuelta de las elecciones de 2011, estaba cerca de la mayoría absoluta en intención de voto a principios de año. Las protestas contra la clase política tradicional y las acusaciones de corrupción formalizadas hacia su candidato a la vicepresidencia han disminuido sus posibilidades drásticamente. En la última encuesta consultada, los posibles votantes del candidato del partido LIDER se han reducido al 25%. Y aunque sigue en primer lugar, la distancia con el situado en segunda posición, Jimmy Morales, a su vez en empate técnico con Sandra Torres (tercera), es apenas de 8,7 puntos.

Los datos permiten aventurar una segunda vuelta muy incierta. Por si fuera poco, Baldizón tiene prohibido seguir haciendo campaña al haber sobrepasado los límites autorizados, y habrá que ver en qué acaba el trámite judicial contra su candidato a la vicepresidencia, acusado de financiación política ilegal con recursos procedentes del narcotráfico.

Un escenario posible es que, una vez celebradas las elecciones, se acaben anulando. No tanto por fraude tradicional que altere los resultados del voto emitido, pues habrá una vigorosa observación internacional y nacional, y el Tribunal Supremo Electoral ha sido históricamente una institución confiable. La nulidad pudiera venir, según la interpretación del jurista Mario Fuentes, como resultado de la dimensión que alcanzara el delito de “corrupción de electores” por la vía de la compra en la emisión del sufragio.

En cualquier caso, aún si el proceso electoral transcurriera sin especiales sobresaltos, las elecciones no parece que vayan a tener efectos balsámicos en una sociedad que, al menos en su variante urbana, ha llegado a la conclusión de que más de lo mismo solo significa eso: más de lo mismo. Según el periodista José Rubén Zamora, “a la primera suspicacia o sospecha de corrupción, quien gane la presidencia caerá debido a la presión ciudadana y arrastrará consigo el sistema político caduco, obsoleto, agotado, pervertido y siniestro que tenemos y que simplemente no da para más”.

En el momento de escribir estas líneas, la exvicepresidenta Baldetti sigue encarcelada y la Fiscalía, con el aval de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha señalado al presidente Pérez Molina como el máximo responsable de la estructura de corrupción asociada con el saqueo de los impuestos aduaneros. Varios ministros han dimitido, la organización patronal, el grupo de presión más poderoso del país, ha pedido la renuncia del presidente y quienes proponen posponer las elecciones se han reactivado con mayor energía. Cualquier cosa puede ocurrir de aquí al domingo.