A comienzos de enero la atención en Venezuela y en sectores de la comunidad internacional estaba puesta sobre la Asamblea Nacional, la última instancia de legitimidad democrática que queda en el país. Los acontecimientos de los últimos meses presagiaban un inicio de sesiones legislativas convulso, ya que el gobierno de Nicolás Maduro venía desarrollando una estrategia de cooptación de diputados opositores, a través de sus consabidas presiones, amenazas, ofrecimientos de favores y dinero. Para muestra un botón: la ya fallecida diputada Ada Valero denunció, días antes de perder la batalla por la vida, que fue visitada en la clínica por representantes del gobierno para ofrecerle tratamientos, los que quisiera, si votaba en contra de la reelección del diputado Juan Guaidó como presidente de la Asamblea. Los diputados llevan ya tres años sin sueldo. Ella rehusó. No obstante, se sabía que ya varios diputados opositores, algunos denunciados por el portal armando.info de complicidades con la dictadura en negocios turbios, cambiarían su alineación política. Trascendió que se les ofreció 750.000 dólares por cambiar de bando.
Pese a la parafernalia del 5 de enero en la sesión inaugural y en sesiones posteriores, algunas realizadas extramuros por la presencia de los colectivos armados oficialistas en las puertas del hemiciclo para impedir la entrada de diputados opositores y hacer el quórum reglamentario, la Asamblea Nacional sobrevivió una vez más. Guaidó fue reelecto jurando de nuevo como presidente del Parlamento y presidente interino de Venezuela. Si bien las funciones del poder legislativo han sido truncadas por el Tribunal Supremo, compuesto por magistrados subordinados a Maduro, que frenan la aprobación de toda ley o decisión, la Asamblea con su presidente al frente se ha convertido interna y externamente en el símbolo de la Venezuela que resiste y que lucha por alcanzar una transición pacífica, electoral y democrática.
En Europa, la legitimidad de la Asamblea y de su presidente ha sido respaldada con firmeza. España con frecuencia ha liderado esos apoyos. Los enredos sucedidos en el gobierno presidido por Pedro Sánchez con motivo de la visita a España de Guaidó, si bien no estaban previstos y produjeron cierto resquemor, una vez evaluada la jornada no cabe ninguna duda sobre los apoyos firmes que sigue teniendo la lucha venezolana por parte del gobierno español, autoridades autonómicas y el pueblo en general.
No puede compararse el recibimiento en la Casa de América dado a Guaidó por el gobierno de Sánchez, representado por su canciller, Arancha González Laya, con la semiclandestina visita del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, al aeropuerto de Barajas para conversar con la número dos de la dictadura, Delcy Rodríguez, sobre la cual penden sanciones internacionales. Una conversación de 30 minutos entre gallos y medianoche para persuadirla de que era imposible que pisara suelo sin detenerla, como obliga la ley y los compromisos políticos del Estado español.
En contraste, el caluroso y ampliamente publicitado recibimiento en la capital a Guaidó, el otorgamiento de la Llave de Oro de Madrid, altísimo honor, y el permiso para la concentración que esa tarde se produjo en la emblemática Puerta del Sol, compensaron con creces lo que pareció un desaire de Sánchez al no recibir a Guaidó. El gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, opositores al ejecutivo nacional, supieron aprovechar el traspiés de este, derrochando apoyo a Guaidó. En este juego político, la figura del presidente interino venezolano resultó favorecida. Y Guaidó, con su conducta y palabra, e inmerso en tableros políticos diversos, terminó por proyectarse por encima de los intereses que quisieron empañar su visita y avergonzar al gobierno de Sánchez. La solidaridad del pueblo español con la diáspora venezolana también volvió a hacerse manifiesta esa tarde. Así debe continuar.
Sí, Guaidó, los venezolanos “no estamos solos” en esta lucha por la libertad.