El gran salto de López Obrador

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las presidenciales y la obtención de la mayoría en el poder legislativo de Morena a nivel federal y local provocó no solo la restructuración del poder político, sino también la esperanza de cambio en la concepción de la política de México. Estos resultados pueden ser analizados a partir de dos posibles interpretaciones.

La primera es que la nueva conformación política, en todos los niveles de gobierno, resultado de estas elecciones fue la respuesta de una ciudadanía inconforme con el mal funcionamiento del gobierno. La falta de eficacia, funcionalidad y operatividad de la generalidad de las instituciones políticas en todos los ámbitos, promovieron el desgaste y la deslegitimación del sistema político actual. La baja credibilidad y confianza en los partidos políticos, los tres poderes del Estado y las instituciones administrativas de gobierno, producto de décadas de insatisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, alentó el cambio de partido en el gobierno.

La segunda interpretación destaca el cambio en el perfil ideológico del ejercicio público. La renovación del poder acompañada de un cambio de ideología es producto de un desgaste neoliberal de la política mexicana presente desde hace poco más de tres décadas. La llegada de AMLO y un nuevo partido político ponen a juicio la pertinencia de las fuerzas políticas predominantes, cuestionando no solo la hegemonía en la representación política encabezada por el PRI, el PAN y el PRD, sino también la forma en la que se han gestionado los problemas sociales. El carisma de AMLO y la idea de cambio de régimen atribuido a la personalidad del candidato de izquierda canalizó dicha insatisfacción política hacia su causa.

La sucesión del poder político del 1 de diciembre será la primera en que acceda un gobierno con cara progresista, cosa no menor en un país con una tradición neoliberal que viene desde finales de la década de los ochenta. El eventual país que gobernará la llamada izquierda progresista tendrá un panorama poco halagüeño, herencia de los gobiernos anteriores.

Entre los principales problemas destaca la sistemática corrupción e impunidad, en donde los casos más relevantes son la Estafa Maestra, los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el caso de la Casa Blanca asociado al presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, y el caso de Odebrecht, entre otros. Por otro lado, la problemática ya estructural de inseguridad y violencia producto del narcotráfico, que acumula ya más de una década de conflicto, ha provocado miles de desaparecidos e incrementado alarmantemente los homicidios en todo el país. En la misma línea, el déficit fiscal, el incremento de la deuda pública, la falta de crecimiento económico, el aumento en los costos de los hidrocarburos, las relaciones internacionales y los tratados de libre comercio, principalmente con Estados Unidos, han tenido durante este último sexenio repercusiones económicas negativas a nivel macro. En el ámbito social, las tierras y la agricultura abandonadas, la creciente migración forzada, la reforma educativa, la desigualdad, los niveles de pobreza y desempleo, además del descontento político y la desconfianza, son solo algunos de los principales obstáculos para la nueva gestión que inicia labores en pocos días, todo ello bajo una mirada crítica enarbolada en la esperanza de cambio. Aunado a lo anterior, el nuevo gobierno padecerá la llegada de representantes (en su mayoría) sin experiencia parlamentaria y de gestión, la difícil instrumentación del partido nuevo en el poder y el propio dominio partidista de Morena, además de la fragmentación y polarización ideológica, la falta de legitimidad y credibilidad en las instituciones políticas.

A pesar de que AMLO aún no gobierna, la resolución de estos problemas no será en definitiva de los actores políticos precedentes, serán en todo caso responsabilidad absoluta del nuevo presidente electo. El inicio de la legislatura con mayoría de Morena ha otorgado las herramientas necesarias que facilitarán al menos los primeros tres años de gestión de AMLO. Dicha ventaja competitiva en las cámaras legislativas ya ha propiciado que se de curso y aprobación a leyes que favorecen el cumplimiento de promesas de campaña del nuevo presidente.

Entre ellas destacan la reducción del salario presidencial e inclusión de un tope de salario de los demás funcionarios públicos, que no podrá rebasar el del presidente. La anulación de la pensión otorgada a los expresidentes. La reducción del financiamiento público a los partidos políticos. La anulación del fuero y la posibilidad de juzgar al presidente por corrupción. La revocación de mandato a la mitad del sexenio. La posible legalización de la marihuana y la creación de una Guardia Nacional con presencia y mando militar.

Además, aún sin gobernar, el presidente electo, por medio de su aparato partidista, ha logrado interpelar la pertinencia del nuevo aeropuerto de Texcoco, envuelto en un escándalo de corrupción, e incluso ha sometido a consulta (sin estar aún en el cargo) su construcción, promoviendo en su lugar la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía. Esta no fue la única consulta anunciada por el presidente electo, de hecho. Una más se ha llevado a cabo antes de su toma de posesión, para consultar la construcción del tren maya propuesto para su desarrollo en el sur del país, el tren interoceánico (Pacífico-Atlántico), una nueva refinería, anexo a la consulta de distintos programas de becas y pensiones.

Pese a los diversos cuestionamientos de la legalidad de las consultas, aún no reguladas, estas serán en todo caso el instrumento legitimador de las propuestas de campaña del presidente electo y una constante en todo su sexenio. Lo que llama la atención es que AMLO se ha centrado en intentar cumplir propuestas de campaña mucho antes de empezar a gobernar, lo cual será un nuevo paradigma de la vida política mexicana.

Finalmente, las alternancias, los nuevos actores, la zozobra que vive el país, son fruto de un sistema impune que ha mantenido un diseño de Estado centrado en la informalidad de sus instituciones. La falta de mecanismos institucionales y la propia actitud de los actores políticos han provocado confrontación política. Lo cierto es que el nuevo gobierno tendrá un escenario complejo, en donde los problemas no se resolverán solo con la intención política, sino también con un amplio consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad, asunto no menor para la llamada cuarta transformación.