La disputa entre la Unión Europea y Google se ha convertido en un conflicto que mezcla un interés legítimo por la privacidad, inquietud con la creación de monopolios digitales e intereses comerciales y políticos. La enésima ronda de hostilidades tuvo lugar el 26 de noviembre, cuando el Parlamento Europeo votó a favor de trocear la compañía americana.
Aunque la votación no tendrá consecuencias legales, cierra con broche un año nefasto para Google en Europa. Desde 2010, la UE investiga al gigante de internet por supuesto abuso de su posición dominante en el mercado. A principios de año, el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, aceptó un paquete de medidas destinadas a acabar con el monopolio. Pero en septiembre la Comisión Europea rectificó, obligando a Google a proponer nuevas medidas so pena de sancionarla con una multa de 4.300 millones de euros, un 10% de su facturación. Entretanto, Francia exigía el pago de 1.000 millones de euros de impuestos atrasados, y la compañía se plegaba a la exigencia europea de adoptar un “derecho al olvido” para personas que desearan hacer desaparecer información privada de la red. Y en noviembre, el gobierno alemán envió una carta firmada por cuatro ministros que exigían su compromiso con una plataforma de red neutral.
Los defensores de Google –entre los que se cuenta el Congreso estadounidense– alegan que el intento de cercenar el margen de maniobra de la compañía con medidas como el derecho al olvido atenta contra la transparencia. James Ball, de The Guardian, afirma que contenidos de su periódico críticos con Dougie McDonald, un árbitro de la Premier League que se retiró por un escándalo relacionado con un penalti y que solicitó que la información fuese retirada, han desaparecido de Reino Unido. Una búsqueda en Estados Unidos, sin embargo, revela los artículos citados. En realidad, el derecho al olvido no se aplica en las búsquedas en países fuera de la UE. Un segundo argumento de peso es que las medidas tienen un carácter político, es decir, que Google se ha convertido en el saco de boxeo de una Europa frustrada con su atraso en el sector de la informática.
Existen, sin embargo, razones de peso para mostrar inquietud respecto a la compañía. En primer lugar, su posición dominante –o, llegado al caso, hegemónica– es incuestionable. Google acapara el 90% de las búsquedas web en la UE. En segundo lugar, la transparencia absoluta es más peligrosa de lo que a simple vista parece. Evgeny Morozov destaca el caso de ZestFinance, una compañía que obtiene ratings de crédito particulares minando datos de internet. En palabras de su director, Douglas Merrill, exjefe de información en Google, “todos los datos son datos sobre crédito”. Aunque esto sea cierto para un banco, señala Morozov, “un mundo donde todos los datos son datos sobre crédito también es un mundo en el que cada decisión que tomamos está condicionada por la paranoia y ansiedad de cómo afectará a nuestro rating de crédito: solo los bancos y las agencias de espionaje querrían vivir en un mundo así”.
En cuanto a las consideraciones políticas, algunas tienen razón de ser. Tras el escándalo de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), los gobiernos europeos temen que Google pueda ser cooptado por los servicios de inteligencia estadounidenses. Con la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) en proceso de negociación, la presión sobre Google puede reforzar la mano con que juega Bruselas, que busca la modificación de varias cláusulas del tratado. Otra cuestión es por qué la UE no realiza una apuesta atrevida y crea una alternativa viable a Google, pero regulada de forma que no pueda usar los datos de sus usuarios como una fuente de ingresos.