Glosario sobre una masacre

El relato de lo sucedido en Iguala el 26 de septiembre ya está hecho. Poco importa que el minutado de lo que hicieron ese día los estudiantes de magisterio de la escuela rural de Ayotzinapa difiera ligeramente de una versión a otra. Lo que queda tras la lectura de los comunicados oficiales, los reportajes, las entrevistas, las declaraciones de los familiares y los testigos es una serie de palabras que se repiten y que dan forma a una realidad política marcada por la violencia y la impunidad. Los tres partidos mexicanos aparecen en la narración, a través de gobernadores, alcaldes, presidentes, abogados. También aparecen proyectos de modernidad para el futuro del país y aspiraciones de una gran parte de la población para salir de la pobreza y recibir justicia. Sin afán de elaborar un análisis o una interpretación, el siguiente glosario pretende, en último término, rendir un homenaje a los estudiantes asesinados.

#NormalistasdeAyotzinapa. Normalista es la denominación que se da en México a los estudiantes de magisterio. Las escuelas normales fueron creadas con la Revolución Mexicana, en 1910, y han conservado con el paso del tiempo el idealismo revolucionario así como su carácter crítico y reivindicativo con el poder. Los normalistas están organizados como colectivo y funcionan de modo asambleario, organizando frencuentes protestas cívicas. Las escuelas normales son masculinas y tienen un régimen de internado para sus alumnos, todos ellos procedentes de las zonas más pobres del país. Abel, Bernardo, César, Emiliano, Israel, Jorge, Leonel, Marco, Saúl… y así hasta 43. Los normalistas asesinados en Iguala pertenecían a la escuela rural Raúl Isidro Burgos situada en la pequeña y pobre localidad de Ayotzinapa. La fama de esta escuela se debe a que en ella se formaron dos de los líderes guerrilleros de los años setenta, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.

Iguala. Situada al norte del Estado de Guerrero, Iguala se ha convertido en una “narcociudad”, un centro de exportación de droga donde el crimen organizado ha permeado las instituciones municipales, especialmente la policía. La tercera ciudad más poblada Guerrero, con unos 130.000 habitantes, tiene un protagonismo reconocido en la historia del país. Fue en Iguala donde Agustín de Iturbide presentó en 1821 el Plan de Iguala que reconocía la independencia de México.

Guerrero. La violencia no es novedad en la historia del segundo Estado más pobre de México. Cuando el narcotráfico se asentó en la región, a principios de los años setenta, el ejército mexicano lo toleró por serle útil en su guerra encubierta contra el Partido de los Pobres, un grupo armado normalista liderado por Lucio Cabañas. El legado es una fuerte presencia de los militares en la política del Estado de Guerrero. Como observa Diego Enrique Osorno, “en Guerrero más que en ningún otro Estado de México, el ejército manda más que el gobernador”. Conocido internacionalmente por las playas de Acapulco, ciudad que registra la tercera tasa de asesinatos más alta del mundo. Desde la desaparición de los 43 normalistas, y sobre todo tras la confirmación de que fueron asesinados, Guerrero está presenciando una oleada de protestas sin precedentes.

Guerreros Unidos: el responsable de la matanza no es un gran cartel internacional, sino una mafia local, con conexiones en todas las instituciones. La policía fue quien primero disparó contra los estudiantes, detuvo a los 43 normalistas y los entregó a Guerreros Unidos. El cártel se ocupó de asesinarlos en un vertedero y hacer una pira con los cuerpos. Guerreros Unidos, que surgió tras la caída del cártel de los Beltrán en 2009, ejemplifica un nuevo modelo de narcotráfico en México. Según el especialista en seguridad Alejandro Hope, la ruptura de los grandes cárteles por los agentes federales ha causado una “disgregación del monopolio del crimen”. Las nuevas bandas –en el Estado de Guerrero existen dos rivales, Los Rojos y la Familia Michoacana– añaden a su repertorio de crímenes la extorsión, los secuestros y la penetración de instituciones públicas (la policía municipal de Iguala estaba a su servicio). El líder del cártel, Sidronio Casarrubias, fue detenido el 17 de octubre. Con el arresto de otros tres cabecillas de la organización el 7 de noviembre, la madeja de lo sucedido con los normalistas se fue desenredando: la orden a la policía de “hacer algo con los normalistas” la dio el alcalde de Iguala.

José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda. Él un sicario disfrazado de alcalde; ella algo parecido a una lady Macbeth. Abarca, cuya familia se dedicaba a la confección de sombreros de paja, llegó a lo más alto mediante un pacto con el diablo: su matrimonio con Pineda, vinculada al cártel de los Beltrán (de cuyas finanzas estaba a cargo, y al que pertenecieron sus hermanos, ejecutados en 2009). Pineda pretendía alcanzar la alcaldía en 2015, y el 26 de septiembre ejercía de “madrina” en el instituto local de Iguala para los niños pobres. Ante la llegada de los normalistas, la policía recibió la orden de evitar por todos los medios el sabotaje del acto que presentaría la candidatura de Pineda como regidora. Abarca alegó haber estado bailando mientras unos estudiantes eran asesinados y otros desaparecían. La pareja, que vivía en el lujo y la ostentación, fue detenida el 5 de noviembre cuando se escondía en una casa abandonada en un barrio popular de México DF. Abarca y Pineda son considerados los autores intelectuales del crimen.

Ángel Aguirre Rivero. Gobernador del Estado de Guerrero desde 2010 y hasta su dimisión el 23 de octubre, cuando la desaparición de los estudiantes ya había creado una oleada de indignación y protesta nacional. Aguirre llegó al cargo como candidato de la alianza entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, con la promesa de combatir la corrupción y luchar contra la pobreza. Pero la carrera política de Aguirre está forjada en el Partido de la Revolución Institucional (PRI), al que estuvo vinculado más de 30 años y con el que ha desempeñado todos sus cargos políticos salvo el último, como gobernador de Guerrero. El Estado ha sufrido bajo el mandato de Aguirre diversos episodios de desapariciones y violencia en los que han estado implicados agentes del gobierno. A Aguirre se le conoce como “el cacique de la Costa Chica”. Si José Luis Abarca consiguió la alcaldía de Iguala, fue gracias al apoyo de Aguirre. Hoy el exgobernador prepara su defensa por las acusaciones del exalcalde de Iguala y su mujer, que lo relacionan con todo tipo de actividades ilícitas. Aguirre ha contratado como abogado a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN).

Procuraduría General de la República (PGR). Jesús Murillo Karam, procurador general (fiscal general), confirmó el 7 de noviembre lo que algunos oficiales ya habían dicho a las familias de los 43 normalistas: que fueron asesinados la misma noche del 26 de septiembre. Confirmó también que fue la policía quien los entregó a Guerreros Unidos y que la orden la dio el alcalde de Iguala. Con sus palabras, Murillo Karam hizo pública la magnitud del problema de gobernabilidad que enfrenta México, donde el crimen organizado y la violencia han infiltrado los cuerpos de seguridad y las instituciones políticas. La impunidad es incompatible con la modernidad que muchos dentro de México quieren para su país. El reto más difícil será recuperar la confianza en la justicia, y para ello la PGR debe llegar hasta el final con la investigación de lo sucedido en Iguala, así como en los más de 25.000 casos de desaparecidos en el país. En una carta abierta al procurador general, Diego Enrique Osorno recuerda: “los ejercicios de transparencia, rendición de cuentas y ponderación son transcendentales para establecer un sistema de procuración de justicia que respete y garantice los derechos humanos y así consolidar un Estado de Derecho en México”.

NAFTA. La primera llamada de atención mundial sobre las desigualdades y los problemas de gobernabilidad en México llegó el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, en inglés), el 1 de enero de 1994. Ese día, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con el fotogénico subcomandante Marcos al frente, se presentó al mundo en el Estado de Chiapas. Su objetivo: “la lucha por el trabajo, la tierra, el techo, la alimentación, la educación, la salud (…) formando un gobierno de nuestro país libre y democrático”. Entonces, como ahora, también México parecía a punto de integrarse en la modernidad a través de un tratado comercial lleno de promesas de progreso. La irrupción de los zapatistas y el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, sumieron al país en la inestabilidad. Como apunta el Financial Times, hoy Iguala resucita al estereotipo del “Bad old Mexico”, tan presente durante la presidencia de Felipe Calderón. Llama la atención, la respuesta silenciosa de Estados Unidos durante las semanas en las que se buscó a los estudiantes, y en las que fue creciendo una marea de movilización ciudadana dentro y fuera de México.

Guerra contra las drogas. La militarización del conflicto entre el Estado mexicano y los narcotraficantes comienza con la presidencia de Calderón, el 1 de diciembre ce 2006. La idea era emplear a las fuerzas de seguridad en un conflicto en el que la policía, lastrada por la corrupción, no podía llevar a cabo su misión. Ocho años después, el balance es terrorífico: más de 60.000 muertos, lugares como Ciudad Juárez convertidos temporalmente en auténticos campos de batalla, e incluso políticos y militares prominentes asesinados por el narco. Al mismo tiempo, y como demuestra el caso de Iguala, las mafias han logrado permear las instituciones públicas. Los enormes recursos económicos destinados al ejército y la policía, además, han hecho de la guerra contra las drogas un gran negocio para muchos sectores.

Pacto por México. Programa estrella del presidente Enrique Peña Nieto para su mandato, iniciado el 1 de diciembre de 2012. Peña Nieto logró el apoyo del PRI, PAN y el PRD a su Pacto por México, una combinación de reformas con un fuerte contenido económico, incluyendo incluso la apertura al capital privado del hasta ahora intocable sector energético. El objetivo: “lanzar a México hacia un futuro más próspero”. La apuesta le valió a Peña Nieto una alta popularidad internacional, y el reconocimiento de los medios de comunicación globales (fue portada de la revista Time a principios de 2014). La masacre de Iguala ha puesto al gobierno con los pies en la tierra. Peña Nieto se ve ahora obligado a afrontar un problema –el de la lucha contra el crimen organizado– alejado de una narrativa oficial que ha buscado diferenciarse del discurso de la seguridad que monopolizó la presidencia de Calderón. Tras el asesinato de los estudiantes, Peña Nieto ha hecho un llamamiento por un nuevo pacto nacional contra la violencia: “Es indispensable tomar medidas institucionales para que hechos como estos no se vuelvan a repetir, para que unamos esfuerzos a favor del Estado de Derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad”.

#RenunciaEPN. Los asesinatos de Iguala no han tardado en pasar factura a Peña Nieto y al PRI, cuya sede en Guerrero fue incendiada el 11 de noviembre. Las redes sociales han hecho eco del descontento: en Twitter se exige la dimisión del presidente y la página de Facebook de Peña Nieto está inundada de peticiones similares. El presidente mexicano se había convertido en uno de los dirigentes latinoamericanos con mejor reputación on-line. El mundo virtual no resiste ante la realidad de los hechos.

* Masacre: Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida. (Real Academia Española).

Por Áurea Moltó (@aureamolto) y Jorge Tamames.