Fraude electoral y legitimidad en Honduras

Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional Hondureño (PNH), es el 55º presidente de Honduras y el primero en ser reelegido en la historia democrática del país. Hernández juró su cargo el 27 de enero pasado en una ceremonia a la que no asistieron mandatarios extranjeros y en medio de fuertes medidas de seguridad, debido al centenar de manifestaciones a lo largo de todo el territorio hondureño. El malestar ante Hernández se debe a unas elecciones muy cuestionadas mucho tiempo antes de celebrarse. La aprobación en abril de 2015, por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de una sentencia que posibilitaba al actual presidente a buscar la reelección provocó un gran malestar y un fuerte rechazo por parte de numerosos actores políticos y de la sociedad civil.

Desde entonces las elecciones del 26 de noviembre de 2017 se presentaban conflictivas. Más de seis millones de ciudadanos eligieron ese día 3.016 cargos a nivel nacional, incluidos el presidente, tres vicepresidentes, 20 miembros titulares y 20 miembros suplentes al Parlamento Centroamericano, 128 diputados propietarios y 128 suplentes para el Congreso Nacional y representantes para 298 corporaciones municipales. Si bien los comicios fueron los más observados de la historia de Honduras, con misiones de observación de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre otros–, dos hechos contribuyeron a sembrar la desconfianza durante los días posteriores a la votación. El primero de ellos fue el cambio progresivo en la tendencia de los resultados tras el primer anuncio del Tribunal Supremo Electoral. El otro, fue la interrupción de la divulgación de resultados durante varias horas, como consecuencia de un problema de capacidad en uno de los servidores que obligó a su sustitución y la consiguiente transferencia de los datos.

Tras el cierre de los centros de votación, estaba previsto que los primeros resultados se divulgaran hacia las 19:30 del domingo 26, sin embargo, el primer informe se dio a las 1:30 del lunes 27. Salvador Nasralla, el candidato opositor, se perfilaba como ganador con el 45,17% de votos favorables frente al 40,21% de Hernández, habiéndose escrutado el 57% de las actas electorales. Antes de que se anunciaran los resultados oficiales, ambos candidatos se proclamaron vencedores.

Tras el primer informe, el conteo de votos se detuvo durante 36 horas y el Tribunal Electoral anunció que los resultados finales estarían disponibles el 30 de noviembre. En el transcurso de los días, el tribunal publicó en su página web actualizaciones del conteo de votos, que vieron cómo la diferencia entre ambos candidatos se reducía constantemente; hasta que, con el 82,89% de las actas procesadas, Hernández superó a Nasralla la tarde del miércoles 29 de noviembre. El 2 de diciembre, el tribunal terminó de contar las actas. Dos semanas después, y a petición de la Alianza de la Oposición, realizó además un recuento de 4.753 actas, las cuales no habían sido trasmitidas la noche del 26 de noviembre. Entre numerosas denuncias de fraude y los constantes reclamos por parte de los actores políticos implicados, los observadores de la UE emitieron una tibia declaración en la que afirmaban que se identificaban diversas irregularidades. A estas declaraciones europeos se sumó el hecho de que se asegurara que el mandato de la UE no era avalar o dejar de avalar resultados.

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe mucho más contundente, en el que afirmaban que proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad. Entre las observaciones registradas por la OEA se citaban: intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de ocasiones en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento y papeletas de voto en estado de reciente impresión, entre otras. Por ello, la OEA manifestó con rotundidad que las irregularidades, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador. No obstante, David Matamoros, presidente del Tribunal Supremo Electoral e integrante del Partido Nacional oficialista, el 17 de diciembre, 21 días después de las elecciones, declaró ganador a Hernández con el 42,95% de los votos, frente al 41,24% obtenido por Nasralla, ignorando las exhortaciones de la OEA de no pronunciarse aún.

Ante esta situación, la OEA salió pocas horas después y expresó su rechazo a los resultados debido a la flagrante evidencia de irregularidades y pidió repetir elecciones, dentro del respeto al Estado de Derecho, con las garantías de un Tribunal Electoral con la capacidad técnica y la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos. La victoria de Hernández quedó así en entredicho poco después de que oficialmente fuera ratificado como presidente de Honduras.

Resulta llamativo que la comunidad internacional no haya reaccionado frente a estos sucesos y que un informe emitido por una misión de observación electoral como la de la OEA haya sido ignorado de esta manera. Los días posteriores estuvieron signados por las denuncias de fraude, solicitud de un nuevo recuento de los votos, manifestaciones violentas y revueltas ciudadanas, toques de queda y la muerte de 33 manifestantes.

Transcurridos tres meses de estas elecciones, la misión de observadores de la UE emitió su informe final, en el que enumeran una serie de recomendaciones, entre ellas: la depuración y actualización del Censo Electoral, eliminar las competencias de los Tribunales Electorales Departamentales y de los Tribunales Electorales Municipales en materia de consolidación de resultados electorales por estar en desuso y la adopción de una nueva regulación que garantice, sin excepciones, la alternancia efectiva entre candidatos y candidatas al Congreso en las listas electorales, así como la aplicación de sanciones a los partidos políticos ante su incumplimiento. Asimismo, la UE señaló que, dado el clima de polarización que vive Honduras, el diálogo político es más importante que nunca y que cualquier reforma debería basarse en amplios consensos.

Este informe decepcionó a gran parte de la comunidad política, tanto nacional como internacional, por tratarse de una serie de sugerencias que parecen desconocer los grotescos sucesos que se produjeron en Honduras en las últimas elecciones que pasarán, sin duda, a la historia como unas de las más irregulares.