Forcejeos y vaivenes políticos en Perú

Martín Vizcarra tomó posesión como presidente de Perú el 23 de marzo de 2018. Su ascenso, de vicepresidente a presidente, y los quince meses que lleva en el cargo se han desarrollado en el marco del escándalo Odebrecht y sus consecuencias. Sosteniendo el discurso de la lucha anticorrupción, Vizcarra ha tratado de disimular su falta de proyecto para el país y la incapacidad de su gobierno para lograr un Estado peruano más eficaz, limitaciones que la lucha política ensombrece con el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo.

Ingeniero civil, Vizcarra llegó a la presidencia con 55 años. Aunque nació en Lima, hasta ser elegido vicepresidente en 2016 junto a Pedro Pablo Kuczynski, solo había vivido en la capital del país durante los años de sus estudios universitarios. Su vida personal y su trayectoria profesional las desarrolló exitosamente en Moquegua, una provincia del sur peruano que tiene 4.000 kilómetros cuadrados y no suma 100.000 habitantes. En Moquegua, Vizcarra presidió el Colegio de Ingenieros local y llegó a ser presidente regional entre 2011 y 2014, catapultado por su liderazgo en una movilización popular ocurrida en 2008 por el reparto de las regalías de una empresa minera. Su buena labor en la presidencia regional lo llevó a la fórmula presidencial de 2016.

El siguiente giro en su carrera se produjo antes de los dos años de haber sido elegido vicepresidente. La ola de escándalos Odebrecht –que ha comprometido a Perú como a ningún otro país de la región, exceptuando a Brasil– envolvió al entonces presidente Kuczynski, que renunció antes de ser destituido por el Congreso. Y Vizcarra asumió la presidencia de Perú.

Desde entonces ha continuado el tira y afloja con un Congreso en el que tienen la mayoría los seguidores de la dinastía Fujimori, cuya candidata Keiko Fujimori perdió la presidencia ante Kuczynski en segunda vuelta por 41.000 votos, sobre más de 18 millones de votos emitidos. Desde sus escaños parlamentarios, el fujimorismo trató de hacer la vida imposible a Kuczynski, primero, y a Vizcarra, después.

Una bancada de “invitados”

A los integrantes de la bancada fujimorista los reúne, solo hasta cierto punto, su lazo con los Fujimori. Pero la mayoría de los parlamentarios de Fuerza Popular -como se denomina el grupo político al que pertenecen– ni siquiera son afiliados al partido sino que fueron candidatos como “invitados”. Este eufemismo disfraza la condición de aquel que, para ser incluido en la lista, entrega una considerable suma de dinero para la campaña electoral. Como “invitados” aparecen entonces, en diversos grupos políticos, sujetos que representan grupos de interés –legales e ilegales– y que solo siguen al partido mientras no se vean perjudicados los intereses a los que representan, sean iglesias evangélicas ultraconservadoras, universidades privadas de pésima calidad, mineros ilegales o grupos delictivos dedicados al narcotráfico o la trata de personas. La frágil condición de “invitados” explica que, en los tres años transcurridos desde la última elección parlamentaria, 23 congresistas elegidos en la lista de Fuerza Popular hayan dejado este grupo.

El acoso parlamentario a los dos presidentes de Perú en los últimos tres años corresponde a la estrategia fujimorista que busca facilitar la llegada a la presidencia de Keiko Fujimori en 2021, en el que sería su tercer intento. Esta posibilidad es bastante improbable, no solo porque el fujimorismo ha ido perdiendo fuerza y simpatías, sino porque Keiko se halla desde hace meses en prisión preventiva debido a la financiación irregular de su propia campaña presidencial.

Jueces y fiscales en liza

Con este panorama, ahora no está claro quién se encuentra al frente del fujimorismo. No obstante, su tendencia sigue siendo la cerrada oposición al rival político que ejerza la presidencia. Vizcarra parece haber aceptado el juego y cuenta con la ventaja de que levantar la bandera de la lucha anticorrupción hace mella en el fujimorismo, aunque su arma de combate esté limitada a pronunciar duros discursos contra los corruptos ajenos y no se corresponda con acciones para descubrir a los corruptos propios que ejercen cargos en el Gobierno.

El enfrentamiento se libra en todos los terrenos, aunque el judicial es preferente. La corrupción, extendida como una gran mancha de aceite, no ha hecho excepción entre los jueces. Varios de ellos han sido señalados como pertenecientes a redes delictivas; uno, un juez integrante de la Corte Suprema, una vez hecho público un audio –arma favorita en la lucha política peruana– en el que negociaba una sentencia al violador de una menor, huyó a España, donde está pendiente de una solicitud de extradición. Otros están presos y muchos otros, incluidos jueces supremos y fiscales supremos, bajo sospecha.

Especialmente en el caso del Ministerio Público, la lucha interna está desatada. En ese combate, que enfrenta a fiscales de diversos niveles jerárquicos, se ha entrometido el presidente Vizcarra contrariando la división de poderes, buscando ganar popularidad con sus posturas de apoyo a los que dicen luchar contra los corruptos. Ya es costumbre que cada vez que una encuesta indica que el presidente de Perú ha perdido apoyo –desde abril el porcentaje de quienes lo desaprueban es mayor al de quienes lo aprueban–, Vizcarra pronuncia una áspera declaración contra la corrupción.

Los problemas de siempre esperan

A mediados del año pasado, cuando el escándalo de los audios judiciales acababa de estallar, Vizcarra propuso una reforma de la justicia que, pese a la resistencia del Congreso, se convirtió en un referéndum que en diciembre aprobó modificar la Constitución y algunas leyes. Los primeros pasos de esa reforma no han sido alentadores y el presidente ha lanzado otra ráfaga con la reforma política, consistente en diversas modificaciones legales. Entre ellas se incluye la prohibición de que sean candidatos los condenados por delito doloso, la obligatoriedad de elecciones primarias en los partidos, la paridad en las candidaturas, la eliminación del voto preferencial que permite al elector escoger a un candidato de la lista, el establecimiento del delito de financiación ilegal a los partidos y –el asunto más irritante para los congresistas– que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria esté a cargo de la Corte Suprema y no del Congreso, como ocurre actualmente.

El Congreso de Perú mantuvo estas propuestas en un limbo hasta que el presidente Vizcarra anunció que las presentaba haciendo de ellas “cuestión de confianza”. Como quiera que el actual Congreso ya negó en setiembre de 2017 una cuestión de confianza al Ejecutivo, la segunda negativa autoriza constitucionalmente al presidente a disolver el Congreso y convocar elecciones parlamentarias. A comienzos de junio, el Congreso aprobó la cuestión de confianza –con el voto dividido del fujimorismo–, con lo que evitó su disolución. No obstante, es probable que las reformas propuestas reciban un largo y azaroso tratamiento parlamentario.

Mientras este forcejeo entre Ejecutivo y Congreso se prolonga, Perú se mantiene a la espera de acciones gubernamentales que no llegan. Según las encuestas, el primer problema del país es la inseguridad ciudadana y el gobierno de Vizcarra, como los anteriores, no da una respuesta al asunto. De hecho, la corrupción en la policía es notoria y las denuncias sobre sus vínculos con la delincuencia se suceden, ya que el programa de recompensas ha dado escasos resultados. Los destrozos provocados por el fenómeno climatológico de El Niño en el norte del país en 2017 siguen sin recibir las actuaciones prometidas, tanto por el gobierno de Kuczynski como por el de Vizcarra. Son estos, y otros problemas graves, los que preocupan a un ciudadano a quien no logran distraer las disputas cotidianas entre los personajes de la escena oficial.