El fin del asilo

El macabro hallazgo de 39 cadáveres, probablemente de inmigrantes vietnamitas, en un contenedor frigorífico en Essex (Reino Unido) el 24 de octubre, ha mostrado con toda crudeza el drama de los cientos de miles de inmigrantes indocumentados que intentan llegar cada año a países ricos en busca de trabajo, oportunidades o de la mera supervivencia, huyendo de la violencia, la pobreza y los desastres naturales.

La fiscal a cargo del caso, Ogheneruona Iguyovwe, declaró que el conductor del camión que transportaba el contenedor formaba parte de una red global de tráfico de personas, una forma de esclavitud moderna cuyas técnicas de contrabando varían según las condiciones políticas y fronterizas reinantes a lo largo de la ruta. El tráiler de Essex estaba registrado a nombre de un ciudadano irlandés en Varna, el puerto búlgaro sobre el Mar Negro, una de las puertas de entrada a Europa de las redes de los traficantes de seres humanos. Estas se extienden desde el Sureste asiático a los puertos del Mar del Norte.

En la terminal portuaria de Zeebrugge, en el Flandes belga, los contenedores frigoríficos se mantienen sellados durante las inspecciones aduaneras, lo que explica que nadie advirtiera lo que llevaba dentro cuando sus ocupantes agonizaban ya por la falta de aire y el congelamiento.

En 2000, en un caso similar, 58 migrantes chinos fueron hallados muertos en Dover en otro frigorífico. Según la National Crime Agency británica, en 2018 hubo casi 7.000 posibles víctimas mortales de ese tráfico delictivo, 36% más que en 2017. Provenían de 130 países, sobre todo de Albania y Vietnam.

La frontera más peligrosa

El transporte es solo uno de los eslabones de esa cadena que empieza en aldeas como Yen Thanh, en la provincia vietnamita de Nghe An, de donde provenía Pham Thi Tra My, que murió asfixiado en el contenedor de Essex. Un 70% de los indocumentados vietnamitas que detuvo la policía británica entre 2009 y 2016 trabajaba en talleres clandestinos o en cultivos ilegales de cannabis. De los casi 1,5 millones de refugiados sirios que acogió Alemania en 2015, la mayoría está sin trabajo, subempleada o sobrevive con ayudas estatales.

En la Unión Europea un 13% de los inmigrantes subsaharianos son objeto de delitos, un 50% de abusos verbales y un 30% de ataques físicos, según Scaling fences: voices of irregular african migrants to Europe, un reciente informe de la ONU. Un 60% de los encuestados de 43 países africanos dijo que lo que los llevó a emigrar a Europa fue la posibilidad de enviar dinero a sus familias, algo que hace un 78% pese a sus precarias condiciones económicas y laborales.

Desde 2015, unas 10.000 personas han muerto en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. La ruta desde Libia hacia Malta e Italia es la más peligrosa: en 2014 la travesía tenía una tasa de mortalidad del 1,8%, del 2,27% en 2016 y del 4,3% en junio de este año. Un 50% de los hombres y un 80% de las mujeres dicen que los peligros del viaje son mucho mayores de los que habían esperado, pero aun así la inmensa mayoría no se arrepentía.

Un problema en ascenso

Acnur estima que cada dos segundos una persona se ve desplazada en algún lugar del mundo. Actualmente, unos 26 millones de refugiados y 3,5 millones de peticionarios de asilo se encuentran dispersos por diversos países, la mayor cifra desde 1945.

Desde 2015, el campo de refugiados de Moria en la isla griega de Lesbos ha triplicado su población hasta las 13.000 personas, cuando estaba planeado para 3.000. Entre octubre de 2018 y mayo, la Border Patrol de Estados Unidos detuvo a 444.309 centroamericanos en la frontera con México, casi el doble que el año fiscal anterior (223.564). Casi todos provenían de los países del llamado “triángulo norte”: Guatemala, Honduras y El Salvador. El 80% eran familias con niños o menores que viajaban solos, evadiendo muchas veces a vigilantes que literalmente cazan a emigrantes como deporte. Según algunas estimaciones, un 80% de las mujeres que atraviesan México en esas condiciones son violadas.

De enero a septiembre, un 45% de los detenidos por la Border Patrol provenían de Asia (India y Bangladesh, entre otros países), África (Angola, República Democrática del Congo) y de otras zonas del mundo, frente al 10% de hace unos años. Dado que los países africanos tienen las mayores tasas de natalidad y la renta per cápita más baja del mundo, serán los que más expulsen población en las próximas décadas. Solo en la RDC hay 4,5 millones de desplazados internos.

Desde que en mayo el Tribunal Supremo dictaminara que el gobierno federal podía negar asilo a cualquier persona que hubiese atravesado un tercer país antes de llegar a EEUU, México ha comenzado a prohibir a los subsaharianos el libre tránsito por su territorio. En los últimos seis años, el número de solicitudes de asilo de los países del triángulo norte en EEUU se ha multiplicado por 10. No es extraño. En Honduras, la mitad de los adultos querría abandonar el país. Washington quiere considerar a Guatemala un “tercer país seguro”, una condición similar a la que atribuye a Canadá, para poder deportar y rechazar las peticiones de asilo de quienes hayan atravesado antes suelo guatemalteco.

En Suramérica, la debacle de Venezuela ha expulsado a unos cuatro millones de sus ciudadanos, en la segunda mayor crisis de refugiados del mundo tras la de Siria. La mayoría ha ido a Colombia (1,3 millones), Ecuador (263.000), Perú (768.000), Brasil (168.000), Chile (288.000) y Argentina (130.000). Los pocos que tienen pasaporte pueden regularizar su situación legal y acceder a servicios públicos y encontrar trabajo. Los demás se ven condenados a la explotación y la precariedad laboral. El Banco Mundial considera que los emigrantes del país caribeño son en realidad refugiados por la rapidez con la que ha ocurrido su desplazamiento y su vulnerabilidad.

De hecho, Ecuador, Perú y Chile ya están limitando su acceso a permisos temporales de trabajo por temor a que activen un “efecto llamada”. En mayo, México, que en 2018 recibió unas 30.000 solicitudes de asilo, 10 veces más que en 2015, detuvo a 23.000 inmigrantes irregulares y deportó a 15.000 de ellos.

¿Derechos inviolables?

El problema de fondo es que el concepto mismo de asilo –consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948– se ha quedado desfasado en el siglo XXI. Asilo proviene del griego asulos (inviolable). Desde la Edad Media, en Occidente su significado jurídico se refiere a una protección o refugio frente al arresto o la persecución.

La convención de 1951 de la ONU que reguló el status de refugiado, codificó la protección debida por razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado. Sin embargo, solo señaló lo que los países “debían” hacer, no lo que estaban obligados a hacer. El asilo es por ello un asunto esencialmente político. Los inmigrantes irregulares del triángulo norte no se ajustan a las condiciones de la declaración de 1951, pese a que huyen de una violencia real: la del crimen organizado.

La UE también está desorientada. Este año Alemania aceptó el 46% de las solicitudes asilo de iraquíes, frente al 13% de Reino Unido. Según Eric Schwartz, presidente de Refugees International, la comunidad internacional tiene capacidad para resolver el problema pero una mínima disposición y voluntad política para hacerlo. El año pasado la Asamblea General de la ONU aprobó el Pacto Global sobre los Refugiados, un nuevo marco legal para ampliar la definición histórica del asilo, pero EEUU y Hungría, entre otros, votaron en contra pese a su carácter no vinculante.

La declaración interamericana de Cartagena sobre los refugiados de 1984 extendió la definición de refugiado para incluir a quienes huyen de “violaciones masivas de los derechos humanos”, pero ningún país hemisférico aplica hoy esa definición a centroamericanos o venezolanos. Europa, por su parte, castiga cada vez más los rescates humanitarios en el Mediterráneo y obliga a retornar a los emigrantes capturados en alta mar a una detención indefinida en Libia. Según la Comisión Europea, alrededor del 70% de las personas rescatadas en el Mediterráneo central no provienen de regiones en guerra.

La tendencia restrictiva es universal. En África, Kenia, que tiene el mayor campo de refugiados del mundo –el de Daab, que alberga a casi medio millón de personas–, está construyendo un muro en la frontera con Somalia y enviando de vuelta a miles de refugiados somalíes a zonas de guerra. Con la ayuda de Acnur, Bangladesh planea hacer lo mismo con miles de musulmanes rohingya pese a que otras agencias de la ONU advierten que se enfrentarán a una amenaza de genocidio cuando regresen a Myanmar.

EEUU y la UE quieren que las solicitudes de asilo se tramiten en terceros países, como México o Libia. En Italia, la cifra de refugiados con posibilidades de obtener una respuesta favorable a su demanda de asilo –lo que implica protección subsidiaria, humanitaria o temporal– se estimaba en un 50% en 2016, 35,9% en 2017 y 31,6% en 2018. En 2018, México negó un 37% de las solicitudes que recibió, frente al 62% de EEUU. Guatemala, según Acnur, solo tiene capacidad para procesar unas 200 peticiones de asilo al año.

El humanitarismo se criminaliza

Bruselas ha delegado a la Guardia Costera libia la intercepción de barcos con inmigrantes que son devueltos a Libia y, en la práctica, muchas veces a la muerte. En junio, un campamento a 15 kilómetros de Trípoli que albergaba a 620 refugiados fue bombardeado desde el aire. Murieron 40. La mayoría de ellos habían sido apresados en alta mar.

La solidaridad se está convirtiendo también en un delito en el desierto de Arizona, que EEUU ha comenzado a tratar como una zona de guerra sujeta a la ley marcial, para permitir que los indocumentados y solicitantes de asilo puedan ser tratados como invasores por la Border Patrol y el ejército. Scott Warren, profesor de geología de Ajo (Arizona), creó en 2004 No More Deaths, una organización humanitaria para dejar comida, agua y ropa en el desierto a los emigrantes. Detenido por la Border Patrol, Warren fue enjuiciado en enero del 2018 por “conspiración para albergar y transportar a extranjeros ilegales”.

Su defensa argumentó que se trataba de “bondad humana básica”. El primer juicio resultó nulo porque el jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre el veredicto. La fiscalía ha iniciado un nuevo proceso insistiendo que la disuasión de la inmigración ilegal es más importante que los posibles riesgos para la vida de los migrantes. Warren enfrenta hasta 20 años de prisión.