Europeización y aislamiento del independentismo en el 1-O

El expresident huido, Carles Puigdemont, ha tardado casi un año en reconocer una realidad incómoda, tantas veces manipulada para frustración de los suyos. “Las instituciones europeas no apoyan la causa catalana”, ha dicho recientemente en una entrevista. El aniversario del 1-O deja en Europa dos claves: se ha europeizado la discusión sobre Cataluña, pero sus apoyos siguen siendo marginales, a pesar de sus victorias judiciales en Alemania y Bélgica.

Por momentos, con todo, las cosas no estuvieron tan claras. Los días posteriores al 1 de octubre de 2017 fueron momentos de extraordinaria tensión e incertidumbre para el gobierno de Mariano Rajoy, que había hecho una catastrófica gestión de la respuesta policial durante la votación. Recordemos: el uso de la fuerza ejercido aquel día ni siquiera evitó que se produjera aquella peculiar votación, sin ninguna clase de garantías, pero sí proporcionó incómodo material audiovisual para la imagen de España en el exterior.

De poco sirvió que medios como The Guardian hicieran después autocrítica sobre su falta de verificación de algunos datos, como el elevado número de heridos (893), una cuestión discutida, o la distribución de algunas imágenes que no reflejaban fielmente lo acontecido. El daño para la imagen de España ya estaba hecho.

La mañana posterior al 1-O, el portavoz de la Comisión Europea fue interpelado insistentemente sobre lo sucedido. El mensaje oficial de Bruselas apela al diálogo y a que no se use la violencia, pero reitera que es un asunto que se debe enmarcar dentro de la Constitución española y que debe respetarse el Estado de Derecho.

El 4 de octubre se produjo un debate clave en el Parlamento Europeo sobre lo sucedido. Hubo nervios en las delegaciones españolas, sobre todo en las del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Se esforzaron en explicar a sus colegas europeos que había sido un referéndum ilegal, que no tenía validez y que un ataque al Estado de Derecho en España es en realidad un ataque contra la UE. Las imágenes del 1-O habían hecho su labor muy difícil, pero finalmente se cumplió el guion: Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión, expresó la posición conocida: que si Cataluña se independizara de España en un referéndum legal, quedaría fuera de la UE; que se trataba de un asunto interno español y que las partes debían resolver el problema dialogando. Los líderes europeos de los principales grupos respaldan desde entonces esta tesis.

Cuando finalmente se produjo la declaración de independencia el 27 de octubre, la diplomacia española da frutos. El gobierno de Rajoy descuidó su relación con los medios de comunicación internacionales, pero sí se volcó en el ejercicio de la diplomacia clásica, de cancillería en cancillería. Nadie reconoce a la república catalana y una cascada de comunicados de todos los continentes apoyan sin matices al gobierno español ante su peor crisis constitucional.

La resaca de la declaración y el aislamiento del independentismo en Europa derrumba uno de sus grandes mitos: que la Unión Europa abrazaría finalmente su causa y facilitaría su permanencia en la UE, o, como poco, mediaría en el conflicto. Como expliqué en un artículo en aquel momento, la UE, un proyecto creado para superar las fronteras y diluir o eliminar los nacionalismos que evocan el peor pasado del continente, no tiene ningún interés en apoyar el independentismo y no simpatiza tampoco con la posibilidad de una mediación puesto que pondría en pie de igualdad a uno de sus Estados miembros con una de sus regiones.

Sin cambios significativos en el mapa europeo

Desde aquel convulso mes de octubre de 2017, el mapa político europeo respecto al independentismo apenas ha variado: sigue aislado, más allá de los apoyos que tiene en una parte de Bélgica, entre los nacionalistas del N-VA. Recientemente, el presidente del Parlamento flamenco ha generado tensión diplomática entre España y Bélgica al mandar una carta a Carme Forcadell cuestionando la democracia en España. En todo caso, el gobierno belga que lidera Charles Michel no ha variado su posición oficial, que sigue siendo la misma en todas las capitales europeas.

Tampoco dio frutos destacables la carta firmada por los alcaldes del sur de Francia “a favor de las libertades de los catalanes”. Emmanuel Macron ha sido uno de los líderes europeos que más claramente han apoyado a Madrid, pero la declaración de los regidores da idea de la sensibilidad que este asunto genera fuera de las fronteras españolas.

El PDeCAT sufre en sus carnes la pérdida de influencia en el exterior. ALDE, la familia política liberal europea de la que forma parte desde hace décadas, está a punto de expulsarles. La deriva secesionista de los catalanes no encaja precisamente bien en ALDE, quizá la fuerza más europeísta del tablero continental. Ciudadanos, también parte de ALDE y cada vez con una mayor influencia en este grupo, ha denunciado incansablemente entre sus colegas europeos al independentismo y está a punto de ganar esa partida (la decisión sobre la expulsión se debe tomar antes del congreso liberal que Ciudadanos organizará en Madrid a principios de noviembre).

La inesperada llegada del nuevo gobierno de Pedro Sánchez debilitó otro de los grandes mitos que el independentismo promueve en Europa: que España es un Estado atávico con un serio déficit democrático. La portada del Financial Times el 7 de junio con la foto del nuevo ejecutivo compuesto por una mayoría de mujeres, fruto de una moción de censura que sacó del poder a Rajoy, centro de tantos ataques, no contribuyó precisamente a su relato.

Just published: front page of the Financial Times international edition Friday June 8https://t.co/Ict1F5vz3i pic.twitter.com/GzqJaYLjM7

— Financial Times (@FinancialTimes) 7 de junio de 2018

Con todo, a pesar de los esfuerzos del nuevo gobierno por comunicar mejor en el exterior, la imagen de España a raíz de la crisis catalana sufre altibajos, sobre todo debido a los reveses judiciales de los últimos meses. Tanto la justicia belga como la alemana se han negado a entregar a Puigdemont y a los exconsellers huidos en los términos que lo ha pedido la justicia española.

Ha quedado en evidencia las limitaciones de la euroorden, un mecanismo que debería facilitar la cooperación judicial de manera casi automática entre los poderes judiciales de Estados democráticos que comparten además su pertenencia a la Unión. Cabe preguntarse sobre la respuesta judicial que darían otros países europeos ante una crisis constitucional similar a la española, pero, en todo caso, la permanencia de estos líderes catalanes en el exterior contribuye a poner el foco sobre Cataluña, por mucho que la atención mediática no tenga nada que ver ahora con la de aquellos días de octubre de 2017.

Generan confusión en el exterior las declaraciones de algunos miembros del gobierno sobre la situación procesal de los encausados independentistas. Que la delegada de gobierno en Cataluña se pronuncie públicamente a favor de un indulto, además imposible, porque no ha habido ni sentencia, puede enviar señales contradictorias sobre la separación de poderes. Lo mismo que las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre la excesiva duración de esa prisión preventiva, decretada por un juez del Tribunal Supremo. En un asunto tan sensible que forma parte ahora de la conversación europea, el gobierno debería ser extremadamente cuidadoso.

La decisión de Manuel Valls de presentarse a las elecciones municipales en Barcelona es otra buena muestra de la europeización de la discusión catalana. Que un ciudadano europeo con una trayectoria política como la del ex primer ministro francés decida contribuir a la normalización de la vida política catalana aspirando a liderar una ciudad como Barcelona debería ser motivo de celebración, al margen de las preferencias políticas. Si el independentismo cae en la tentación de tratar como un intruso a quien nació en Barcelona pero ha pasado la mayor parte de su vida fuera, confirmará la idea de que su proyecto tiene poco que ver con los valores europeos.