Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior

Nativos en defensa de los bosques.

La cuenca amazónica contiene el 40% de los bosques tropicales del mundo, y es así la primera línea de batalla en la lucha contra la deforestación y el cambio climático. Solo en 2009, 130.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica fueron deforestados por la tala o los incendios, provocados por agricultores y ganaderos y así despejar terrenos para nuevos cultivos, 10.000 de ellos en Brasil. Se trata de la cifra más baja en varias décadas, pero sigue siendo excesivamente alta.

Un 20% de la foresta amazónica ya ha desaparecido y una cifra similar ha sido dañada. En una escala puramente proporcional, las mayores pérdidas de bosque se han producido en el Estado brasileño de Rondonia. La construcción de la presa hidroeléctrica de Belo Monte, sobre el río Xingú en la amazonía oriental, será la tercera más grande del mundo, detrás de las Tres Gargantas en China y la de Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay, y es una muestra de que la protección medioambiental está subordinada a las políticas de desarrollo del gigante suramericano.

A pesar de las protestas de las organizaciones ecologistas y las etnias indígenas de la región, el gobierno concedió importantes incentivos –créditos blandos y exenciones fiscales– al consorcio ganador de un proyecto que requerirá inversiones por valor de 11.000 millones de dólares. El embalse de la presa inundará 516 kilómetros cuadrados de bosque, lo que forzará el desplazamiento de miles de personas y miembros de la etnia xingú.
Pero dado que la presa generará 11.2000 megavatios, lo que añadirá un 10% a la actual capacidad de generación eléctrica del país, la oposición de la opinión pública brasileña ha sido muy limitada. Los brasileños son conscientes que la alternativa a Belo Monte eran más centrales nucleares o plantas de energía termal alimentadas por carbón.

Ningún grupo está mejor preparado para esa misión que los pueblos nativos de las zonas amenazadas por la deforestación. A lo largo de todo Suramérica, los pueblos indígenas se ven enfrentados a mineros, colonos, campesinos sin tierras, granjeros y a las compañías constructoras, madereras y petroleras que les acompañan. Algunos de esos pueblos están cada vez más organizados y han logrado administrar grandes territorios. Un ejemplo son los cofán ecuatorianos, que controlan un territorio seis veces mayor que el de hace 20 años –de 500 a los 1.700 kilómetros cuadrados actuales– a pesar de que apenas suman 1.200 miembros en Ecuador y medio millar más en Colombia.

En Rondonia, los suruí defienden sus territorios con GPS y Google Earth y quieren entrar en el negocio de intercambiar cuotas de emisión de gases de carbono por preservación de bosques. Los 1.300 miembros de la etnia suruí administran 2.428 kilómetros cuadrados. Con la ayuda de fotografías de alta resolución de satélites, los suruí han conseguido detectar a los taladores ilegales y decomisar toneladas de madera talada ilegalmente. Si sus esfuerzos no se ven acompañados por el éxito, para 2100 todos los bosques de sus territorios corren el riesgo de desaparecer. Pero por 120 millones de dólares podría evitarse que se emitan a la atmósfera 16,5 millones de toneladas de dióxido de carbono.