Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior

Exceso de voluntarismo en Kabul.

El simbolismo político de lo ocurrido el 20 de julio en Kabul fue importante: por primera vez, líderes de 70 países se reunieron en Afganistán para enviar al mundo –y a los talibanes-– un mensaje de compromiso y confianza con el gobierno del presidente Hamid Karzai, fijando la fecha de la transferencia de las responsabilidades de seguridad de las 34 provincias del país a las fuerzas armadas afganas.
Pero aunque lo que vieron los visitantes durante su fugaz estancia en Kabul fue una ciudad fantasma tomada por los militares, quizá fue suficiente para que advirtieran que el plazo fijado –2014– es, sobre todo, una declaración de buenas intenciones. Lo que fue en su momento un esfuerzo multinacional de 40 países ha quedado convertido en una operación militar dominada por EE UU. Holanda y Canadá ya han anunciado que retirarán sus tropas el próximo año.
Pero en Kabul se intentó subrayar los aspectos positivos de la empresa y transmitir la idea de que la normalización avanza, para lo que se fijaron dos objetivos muy ambiciosos: en dos años el gobierno afgano deberá ser capaz de gestionar en solitario el 50% de los fondos de la ayuda al desarrollo que recibe y en cuatro en poder asumir la seguridad del país.
Algunos analistas creen que lo más probable es que después de 2014 las fuerzas de la OTAN se replieguen del sur pastún hacia las más estables zonas tayikas, uzbekas y hazaras del norte y el oeste. Esa misión requeriría la presencia de unas 40.000 tropas, aunque el riesgo que supondrá será la partición de facto del país y la creación de un Pastunistán en el sur.
Las delegaciones participantes se mostraron exigentes con el gobierno de Karzai en materia de transparencia y eficacia. Sobre la mesa estuvieron las propuestas de Ashraf Ghani, ex ministro de Finanzas de Karzai y candidato en las presidenciales de 2009, para aumentar la eficacia de los ministerios y la autoridad de los jueces. La puesta en práctica de sus propuestas debería permitir que en dos años el gobierno afgano sea capaz de gestionar la mitad de la ayuda exterior, frente al 20% que maneja hoy, pero ello exigirá la previa creación y funcionamiento de tribunales anticorrupción, de servicios de control financiero y de otros instrumentos de lucha contra el crimen.
El Programa Nacional de Solidaridad, iniciado en 2003, fue un primer paso en esa dirección, pero el segundo informe sobre la corrupción en el país, que acaba de hacer público el Integrity Watch Afghanistan (IWA), tres años después de la publicación del primero, arroja resultados desalentadores.
Utilizar a los consejos de las aldeas para canalizar fondos ha servido para construir infraestructuras, escuelas y hospitales. Pero los frutos de esa experiencia se ven eclipsados por las grandes sumas que se han dilapidado o han salido directamente del país, sin beneficiar a la población. Cada año se manejan unos 14.000 millones de dólares de ayuda, la mayor parte de ellos canalizados y gestionados por contratistas estadounidenses y europeos ante las crecientes críticas de las autoridades afganas, que ahora quieren fijar ellas las prioridades del gasto y controlar todo el proceso de su empleo. Con todo, una política de desarrollo solo puede funcionar en un marco de seguridad fiable.

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Carlos Carnicero Urabayen, «Obama y los retos de Europa en Afganistán», Política Exterior Nº129 – Mayo / Junio 2009