Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior

Desastre ecológico en el Golfo.

El fracaso de todos los intentos para sellar las fugas que han estado vertiendo 5.000 barriles diarios de crudo en aguas del golfo de México desde la explosión que hundió la plataforma Deepwater Horizon de Transocean, subsidiaria de la petrolera británica BP, el 20 de abril, podría causar el mayor desastre ecológico de la historia de Estados Unidos, lo que tendrá perdurables efectos en el futuro de la industria.
Una de las opciones que queda por intentar, la perforación de dos pozos que alivien la presión del derrame, podría tardar meses en dar resultados. El pozo que explotaba la gigantesca plataforma de Transocean, puede albergar 3.000 millones de barriles de crudo, el equivalente a seis meses el consumo de EE UU. Dado que es el pozo más profundo que se había perforado hasta ahora (1.500 metros), la presión que ejercen el agua y las rocas sobre la bolsa de crudo empuja el petróleo hacia arriba con una enorme fuerza.
El desastre ecológico, a escasos 80 kilómetros de las costas de Luisiana, podría terminar afectando a 2.100 kilómetros del litoral meridional norteamericano, desde el golfo a la costa Este de EE UU. Las áreas directamente afectadas –el delta del Misisipi y los pantanos de Luisiana representan el 40% de los humedales costeros del país–, poseen una gran biodiversidad que sostiene una industria pesquera que mueve 2.400 millones de dólares anuales en Luisiana. Un 25% del pescado y los mariscos que consumen los estadounidenses proviene de esa zona. La National Oceanic Administration ya ha prohibido sine die la pesca en el golfo.
La factura de la limpieza del desastre podría costarle 10.000 millones de dólares a BP, que ha perdido 30.000 millones de su valor en bolsa desde la explosión. Su reputación ya quedó muy dañada tras la explosión en 2005 de una de sus refinerías en Tejas, que produjo la muerte de 15 personas y más de 180 heridos. Ahora se enfrenta a demandas colectivas de pescadores, restaurantes, compañías de turismo, compañías navieras y hoteles de cinco Estados y de sus gobiernos y municipios que podrían llegar a los 500.000 millones de dólares según fuentes judiciales.
Como resultado, Barack Obama ha suspendido nuevas autorizaciones  para la explotación off-shore de hidrocarburos hasta que no se conozcan las causas del accidente. Con ello ha quedado en el aire la legislación para el cambio climático, que los conservadores habían vinculado al fin de la moratoria de nuevas perforaciones en alta mar. Aunque la industria sostiene que los barcos petroleros derraman mucho más crudo al mar que las plataformas marinas (33% y 1% del total, respectivamente), lo cierto es que los riesgos son inmensamente mayores cuando los accidentes se producen en estas últimas. Durante la pasada administración las regulaciones se redujeron al mínimo.
El Mineral Management Service, organismo regulador del sector, ha sido acusado en editoriales del New York Times y el Wall Street Journal de haber sido “corrompido” por la industria que supuestamente debía supervisar. Sin embargo, muchos observadores no creen que la reacción popular vaya a frenar la carrera por la explotación petrolera submarina, una de la pocas que ha aumentado en los útimos años fuera de los países de la OPEP.
El departamento de Energía de EE UU estimó el año pasado que la producción de crudo off-shore iba a crecer un 80% hasta 2035, y representaría el 38% de la producción total del país, frente al 30% actual.