España en el Consejo de Seguridad de la ONU

La embarcación española ha tenido ya sus dos años de travesía en el Consejo de Seguridad de la ONU. Dos años es mucho tiempo, y como veredicto general, España ha sabido aprovechar su asiento no permanente a la cabeza del organismo esencial de las Naciones Unidas: ha marcado dos máximos históricos, ha consolidado su perfil de país defensor de los derechos humanos, y ha hecho más transparente, de forma original, el trabajo del Consejo de Seguridad.

Las aguas internacionales nunca están en calma, y sin embargo durante este bienio España se encontró en un medio mucho menos convulso que el anterior (2003-2004), cuando tuvo que lidiar con la actuación de Estados Unidos en Irak. Sin la presión de tomar posiciones tan controvertidas, la representación española se esforzó en construir una fuerte posición de defensa de la diplomacia preventiva y el Derecho Internacional Humanitario, en un contexto global alarmante en términos de crisis humanitarias. En 2015, según el informe de Acnur “Tendencias globales”, se superó el récord histórico de 65,3 millones de personas desplazadas forzosamente, 5,8 millones más que en 2014. Las consecuencias en estos dos años del incremento de conflictos y catástrofes medioambientales son bien conocidos, pero en esta ocasión España podía colocarse en una posición más resguardada ante las críticas: dedica en torno al 85% de la AOD a ayuda de emergencia.

España puede presumir ahora –y lo hace– de haber cumplido el programa de objetivos planteados en enero de 2015, o de haber roto máximos históricos en el número de resoluciones aprobadas (15 durante la segunda presidencia del Consejo de Seguridad, en diciembre de 2016) y de reuniones celebradas con arreglo a la “fórmula Arria” (17 durante 2015). Sus propuestas de resoluciones han sido alabadas, entre otros, por el informe sobre Acción Humanitaria del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah) y Médicos sin Fronteras (MSF). No solo por haberse centrado en el campo de asuntos humanitarios y lucha anti-terrorista, sino por haber relanzado también el área temática en torno a Mujer, Paz y Seguridad (MPS), de forma transversal al resto de negociaciones.

Los tres pilares estratégicos que más ha trabajado España en este bienio han sido la cooperación judicial internacional en materia anti-terrorista (Resolución 2322, de 2016), la trata de seres humanos en conflictos armados (Resolución 2331, de 2016) y la revisión de la Resolución 1540 para prevenir que armas de destrucción masiva caigan en manos de “actores no estatales y de organizaciones terroristas”; una revisión que ha culminado en la Resolución 2325, de 2016. En el proceso, España “facilitó la aplicación de la resolución 2231, que incorporó el acuerdo sobre el programa nuclear iraní al acervo del Consejo de Seguridad”.

Además, el gobierno español está muy orgulloso de los “Toledo Briefings” o “Toledo wrap-up briefings”. Este mecanismo de transparencia consiste en una sesión informativa pasado el mes de presidencia rotatoria del Consejo. Fue lanzado originalmente por España a término de su presidencia en octubre de 2015, pero ha sido mantenida por casi todos los Estados miembros con posterioridad.

No es oro todo lo que reluce

La cooperación al desarrollo es uno de los sellos de identidad de la política exterior española: Madrid se ha asentado como centro de encuentro para el diálogo interreligioso, puente geoestratégico para las negociaciones sobre migraciones, y firme defensor de la ayuda humanitaria, el respeto al Derecho Internacional y a la labor de la Corte Penal Internacional. Pero del dicho al hecho hay un trecho. Aunque su labor haya sido satisfactoria dentro de la ONU, hay ciertas cuestiones reseñables relacionadas con la AOD en España.

En primer lugar, el propio informe del Iecah-MSF, que dedicaba algunas bondades a la participación de España en el Consejo de Seguridad, también repasaba críticamente el continuo descenso de la financiación española a la ayuda humanitaria. Su participación en el monto total se había reducido en 2015 un 90% con respecto a 2009, convirtiéndose en el país que más ha reducido su participación financiera durante la crisis. Y esa cantidad irrisoria restante del recorte supone el 2,87% de la política de cooperación española. La tendencia internacional, remarca el informe, es mantener la ayuda humanitaria entre un 7 y un 10% del total de la AOD, y España está muy lejos de esos porcentajes.

La conclusión está clara: “Esta tendencia instaurada a la baja contrasta con la pretensión teórica del gobierno español de ser un actor humanitario relevante en el contexto internacional”. Y es que la pretensión mencionada no es modesta, sino que está marcando el futuro de la acción exterior española: España ha presentado su candidatura para ser miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante el periodo 2018-2020.

En segundo lugar, es cierto que España puede contar con algunos éxitos importantes entre las resoluciones aprobadas. La 2286 (2016), por ejemplo, sobre acceso y protección de la atención sanitaria en situaciones de conflicto armado, fue adoptada por unanimidad y copatrocinada por 85 países. Sin embargo, se siguen bombardeando hospitales.

Otro caso de resolución aprobada y fuente de alegría entre el servicio exterior español ha sido la 2218 (2015), que amplió el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) hasta el 30 de abril de 2016. La Minurso, de 1991, no tiene competencias para estudiar y denunciar la violación de los derechos humanos en el Sáhara, situación que no se ha corregido aún, estando España en el organismo. Por tanto, la Minurso no tiene capacidad alguna para actuar cuando se violan los derechos humanos de los saharauis. Y eso que este año se reunían en el Consejo de Seguridad los cinco miembros del “Grupo de Amigos del Sahara” –España, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Rusia– entre los que no se encuentra ningún país africano.