En Sudán del Sur llueve sobre mojado

La guerra y el hambre

El 25 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió prorrogar hasta mayo de 2015 el mandato de la Misión de la ONU en Sudán del Sur (Unmiss). Desde su independencia de Sudán en 2011, los problemas se acumulan para este joven país que parece sumido en una espiral autodestructiva. Tras superar dos guerras con los norsudaneses y erigirse como país soberano, Sudán del Sur no ha sido capaz de frenar la violencia. Desde 2013, una guerra civil enfrenta al gobierno y a los partidarios del exvicepresidente. Al conflicto se le suma un brote de cólera y la escasez de alimentos que la ONU ya ha calificado como la peor crisis alimentaria del mundo. Un tercio de la población (cuatro millones de personas) sufre inseguridad alimentaria, e Intermón Oxfam afirma que para los tres primeros meses del 2015 esta cifra podría aumentar a un millón más.

Aunque las predicciones para la cosecha de este año eran optimistas y la FAO estimaba que la seguridad alimentaria del país sería la mejor en cinco años, la escalada del conflicto ha tirado por tierra una buena estación de lluvias. Las partes implicadas se reunieron en enero de este año acordando un alto al fuego y renovaron compromisos en mayo y junio, pero ambos bandos han violado los acuerdos sistemáticamente. Las consecuencias: desplazamientos masivos de personas, equipos robados o destrozados y poca disponibilidad de semillas. Así, solo un 4% de la tierra del país ha sido cultivada cuando un 90% de la misma es cultivable, y en donde un 90% de la población depende de la agricultura.

El desplazamiento de más de un millón de personas tanto a otras regiones del país como a los países vecinos (solo Etiopía recibe 100 sursudaneses a diario) genera el establecimiento de campos de refugiados que necesitan ser atendidos y  que no reciben ayuda del gobierno estatal. Estas personas son las más vulnerables a la escasez de alimentos y dependen de la ayuda internacional, pero los vuelos que suministran comida a veces son cancelados debido a la magnitud de las hostilidades.

La acción internacional

El Consejo de Seguridad autorizó en su última resolución a la Unmiss a utilizar todos los medios que sean necesarios para proteger a los civiles. También a investigar las ejecuciones extrajudiciales, abusos sexuales, utilización de menores en la guerra y uso del terror en la población. La misión, que se reforzó a consecuencia de los enfrentamientos de finales de octubre, es la mayor desplegada por Naciones Unidas, cuenta con 12.500 efectivos y 1.323 policías. Además, responde a la inquietud de la comunidad internacional ante las violaciones del derecho internacional por las partes del conflicto, las cuales se enfrentaron en Bentiu, donde la Unmiss gestiona un campo de refugiados en el que viven más de 49.000 civiles. Además, tanto el gobierno como los rebeldes han amenazado la misión internacional con la detención de tres miembros del personal de Naciones Unidas y el secuestro de otros dos.

Parece que en el país está creciendo el rechazo hacia la intervención exterior. Tanto los rebeldes como el gobierno han expresado su desconfianza hacia la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de África Oriental (IGAD). La IGAD es la principal organización de mediación en el conflicto y también el puente entre Sudán del Sur y Naciones Unidas. Además sería probablemente quien tendría la última palabra a la hora de imponer sanciones al país. Sudán del Sur considera que sus vecinos están demasiado involucrados en el conflicto como para ser neutrales, concretamente Uganda, que ha participado militarmente, y Sudán, que ha hecho declaraciones públicas parcializadas. El Consejo de Ancianos de los Dinka  y los Nuer también son escépticos sobre la mediación internacional, calificando estos hechos de “interferencia y propaganda”.

Recientemente, el ministro de Trabajo ordenó a todas las ONG y empresas privadas que notificaran a sus empleados extranjeros que deben dejar su trabajo en el país. Además, varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la represión hacia los periodistas, que han sido detenidos y amenazados. En julio, el gobierno llegó incluso a prohibir a instituciones no gubernamentales hacer declaraciones o predicciones sobre la seguridad alimentaria de país. Aún así, continúa la presión sobre las partes. Los países del IGAD han recibido la solicitud de más de 50 organizaciones de derechos humanos para que pidan un embargo de armas al Consejo de Seguridad. Este se sumaría a las sanciones individuales que ya han tomado la Unión Europea y Estados Unidos.

Por Alejandra Hildago, internacionalista.