Ocho millones de electores estaban llamados a las urnas el 29 de julio (primera vuelta) 12 de agosto (segunda) para decidir quién tomaría las riendas de Malí durante los próximos cinco años. El primer reto de esta elección residía en si la inseguridad en el centro y norte afectaría a la legitimidad del proceso y, en segundo lugar, si el descontento juvenil expresado en las calles, redes sociales y radios desde el año pasado se traduciría en resultados electorales. El proceso de paz emprendido por el gobierno en 2015 con los grupos rebeldes del norte y el combate del yihadismo no iban a variar demasiado ganase quien ganase, a tenor de los programas de los candidatos y la amplia intervención internacional en el país.
Los resultados –todavía provisionales– de la segunda vuelta han dado como ganador al candidato Ibrahim Bubacar Keita, con el 67% de los votos frente a su rival, Sumaila Cissé. Keita revalida así su presidencia durante otros cinco años, en lo que será su segundo mandato después de ganar las elecciones de 2013. Sin embargo, acusaciones de fraude electoral por la oposición, el cierre de una radio y el bloqueo de las redes sociales en periodo electoral plantean dudas sobre la limpieza y legitimidad de su victoria.
Estas elecciones han sido de las más tensas que se recuerdan en el país. La crispación empezó a escalar en campaña electoral por las acusaciones de manipulación electoral formuladas por el principal opositor, Cissé. A las acusaciones de fraude se sumaron 18 candidatos de los 24, agrupados en una suerte de frente de oposición a Keita. No aceptaron los resultados de la primera vuelta por las irregularidades supuestamente constatadas por sus interventores en las mesas electorales. No obstante, algunas de ellas eran rumores de difícil verificación, como la venta de tarjetas de elector y su utilización en forma de voto mediante representación. Algunos de los opositores también rechazaban la autoridad de la Corte Constitucional, encargada de recibir las acusaciones de fraude de los grupos políticos y proclamar los resultados, por su aparente imparcialidad. La posibilidad de una desborde de la tensión a las calles y la emergencia de una crisis postelectoral sobrevoló los comicios. El posible descontrol de las facciones que apoyaban a uno de los principales aliados de Cissé, el polémico y célebre cronista de radio “Ras Bath”, se observó con preocupación.
El pretendido frente unido se quebró tras la constatación de que iba a haber una segunda vuelta. Los candidatos Aliu Bubacar Diallo y el astrofísico y antiguo primer ministro Cheikh Modibo Diarra, tercer y cuarto clasificados respectivamente, no llamaron a sus votantes a votar por Cissé, dando al traste con cualquier posibilidad de cambio en la jefatura del Estado. La volatilidad de la alianzas es habitual en la política maliense, adolecida por el patrimonialismo y la búsqueda de cargos gubernamentales por personalidades políticas.
Los resultados electorales de Keita han sorprendido a observadores dentro y fuera del país. La mejora de sus resultados en la primera vuelta y la leve disminución en la segunda respecto a las presidenciales de 2013 contrastan con las señales de impopularidad del presidente durante los últimos años. En 2013, Keita fue electo en medio de un fervor popular que veía con buenos ojos su candidatura tras el estallido de la crisis de 2012. Cinco años después, la decepción en amplios sectores de la sociedad maliense es evidente. Manifestaciones multitudinarias, huelgas y críticas a Keita y sus gobiernos por casos de corrupción y nepotismo han sido la tónica en los últimos años.
Varios hechos negativos han marcado los comicios. El Gobierno del presidente saliente no ha respondido a las llamadas a la transparecia de los observadores y la oposición. Para la publicación de los resultados detallados de la primera ronda fue necesaria una fuerte presión nacional e internacional, y se presentaron sin el formato necesario ni margen de tiempo suficiente para analizar los datos de más de 23.000 mesas electorales, según denuncian los observadores. La censura de las redes sociales se llevó a cabo durante las jornadas electorales y los días previos a las mismas. Este procedimiento ya es habitual en el país, lo que denota la preocupante voluntad gubernamental de controlar las masas. A esto se añadió el cierre de la radio donde es locutor “Ras Bath” por orden del gobernador de Bamako.
Finalmente, la inseguridad no ha afectado a los comicios de manera determinante. Los grupos yihadistas perturbaron el desarrollo de la votación en cerca de 800 mesas electorales en la primera ronda y 500 en la segunda, impidiendo la votación a alrededor de un 3% de los electores. Esta situación se dio principalmente en algunas provincias de la región central de Mopti y Tombuctú (norte del país), donde amenazaron a agentes electorales y quemaron urnas. Si bien son hechos preocupantes que demuestran el aumento de la amenaza yihadista en el centro de Malí, no han puesto en riesgo la legitimidad del proceso electoral en su conjunto.
La baja participación ha vuelto a ser protagonista en los comicios. La reedición del duelo de 2013 entre Keita y Cissé no ha generado entusiamo entre la población. La falta de regeneración es un problema que adolece el país, cuya clase política en su mayoría no ha cambiado desde los años 90 y conecta con una sociedad que ha cambiado sustancialmente desde entonces –con un notable crecimiento de la población juvenil, por ejemplo–.
Con la elección de Keita se cumple la premisa de que, en los países de África occidental, el presidente que organiza las elecciones las gana. En Malí había ocurrido así desde la llegada de la democracia en 1992. La salvedad es que el presidente no ha obtenido la victoria en la primera ronda, como era habitual, hecho que la oposición ha celebrado como un logro. A falta de las pruebas que demuestren fehacientemente un fraude electoral a gran escala –los observadores nacionales e internacionales detectamos numerosas irregularidades, pero que no pondrían en entredicho la amplia ventaja de votos de Keita en ambas rondas– sí es cierto que la victoria de Keita se debe al abuso de los recursos del Estado, como la televisión pública, y su habilidad para tejer alianzas y apoyos electorales durante el último año entre sectores del ejército y la sociedad, así como una parte del campo religioso. Entre ellos han logrado ofrecer al presidente una reedición de su victoria, a pesar de que ha protagonizado uno de los mandatos más denostados que se recuerdan en el país.