Elecciones en Guatemala: judicialización e incertidumbre

Guatemala comienza el 16 de junio la segunda parte del calendario electoral latinoamericano de 2019, periodo que concluirá en octubre en Argentina, Bolivia y Uruguay. Cierra, asimismo, las citas ante las urnas en Centroamérica de este trienio tras los comicios en Nicaragua (2016), Honduras (2017), Costa Rica (2018), El Salvador y Panamá (2019).

Estas elecciones muestran, en sí mismas, que la democracia guatemalteca, pese a sus déficits, posee más fortalezas de las que se le suelen atribuir. El país celebra sus novenos comicios presidenciales ininterrumpidos y, desde 1986, sus instituciones han sido capaces de superar momentos muy complejos: la crisis económica de los años 80, el difícil final de la larga guerra civil, el autogolpe de estado del presidente Serrano Elías en 1993 así como “el jueves negro” de 2003 o el “caso Rosenberg” en 2009.

Judicialización, fragmentación e incertidumbre

Más allá de estas fortalezas, las elecciones de 2019 sacan a la superficie el compendio de asignaturas pendientes que arrastra el país. En 2015 el escándalo de “La Línea” desveló los altos niveles de corrupción y penetración del crimen organizado que padece Guatemala, lo que desembocó en grandes movilizaciones sociales y en una crisis institucional derivada de la dimisión y posterior detención de la vicepresidenta Roxana Baldetti y posteriormente del presidente Otto Pérez Molina. También propició un vuelco electoral que llevó a la presidencia a un outsider como Jimmy Morales (un actor metido a político) de quien se esperaba que liderara una profunda transformación. Su gobierno (2016-2020) ha supuesto, sin embargo, una “oportunidad perdida” ya que no ha habido avances significativos en la lucha contra la corrupción ni en el terreno institucional.

La alta desafección hacia los partidos, los políticos y las instituciones que ya estaba presente en 2015 se ha repetido ahora en una campaña electoral caracterizada por una inédita judicialización, fuerte polarización y creciente fragmentación.

En primer lugar, las decisiones judiciales han influido decisivamente en la campaña. La Corte de Constitucionalidad revocó la inscripción de Zury Ríos y denegó la de Thelma Aldana. Ambas eran, junto con Sandra Torres, las tres candidatas favoritas para disputarse la segunda vuelta. De un plumazo, a tan solo a un mes de los comicios, un 25% de la intención de voto se quedó huérfana. Zury Ríos, hija de Efraín Ríos Montt, que encabezó un golpe en 1982, encarnaba el voto más conservador y defensor de la mano dura contra la inseguridad. Una norma constitucional que impide que sean candidatos caudillos de golpes de Estado o sus familiares la dejó fuera de la carrera electoral. Aldana, ex fiscal general (2014-2018) enfrentada con Jimmy Morales, se alzaba como la figura más representativa en la lucha contra la corrupción y encauzaba el voto urbano y de clase media. Pero quedó fuera de la cita ante las urnas víctima de una estrategia jurídica de los sectores afectados por su gestión.

En segundo lugar, la batalla electoral se ha desarrollado en torno al tema de la corrupción, principal eje del debate público desde 2015, que ha mandado a un segundo plano otros asuntos (la inseguridad o los déficits económicos y sociales). A la vez, se ha potenciado una espiral de creciente polarización entre defensores de la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG) y sus adversarios. Para los primeros la CICIG ha sido, junto con Thelma Aldana, la institución que ha encabezado la cruzada contra la corrupción. Para sus adversarios, la CICIG, nacida de un acuerdo entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha extralimitado en sus funciones invadiendo la soberanía guatemalteca. Este enfrentamiento ha fracturado al país y desembocado en una larga guerra de desgaste entre Jimmy Morales y la CICIG.

Finalmente, la tercera característica de estas elecciones es la elevada fragmentación. Al comienzo de la campaña había 24 candidatos presidenciales (la cifra más alta desde 1986). Luego ha disminuido tras la salida de Ríos y Aldana así como las de Mauricio Radfort y Mario Estrada, quien fue detenido en Miami por sus vínculos con el tráfico de drogas, en una muestra más de la fuerte penetración del crimen organizado.

Perspectivas electorales en Guatemala

Tras lo ocurrido a 30 días de las votaciones, todas las opciones permanecen abiertas en Guatemala, desde que aparezca, como ya ocurrió en 2015, un candidato sorpresa como Jimmy Morales que acabe desplazando al resto, hasta que figuras como Alejandro Giammattei (Vamos) o Roberto Arzú (Partido Avanzada Nacional-Podemos) sean capaces de atraer el voto conservador de Zury Ríos; o que candidatos como Manfredo Marroquín (Encuentro por Guatemala) hagan lo mismo con el votante de Aldana.

No obstante, de entre esta nebulosa cabe entresacar cuatro certezas. En primer lugar, queda claro que Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) será la más votada en primera vuelta. Ex primera dama durante la presidencia de Álvaro Colom (2008-2012) y columna vertebral de ese gobierno como responsable de las políticas sociales de su entonces esposo, ha mantenido el primer lugar en las encuestas (sobre el 20%). Su reconocida capacidad organizativa y el respaldo de las redes clientelares tejidas durante su administración la colocan en esa posición destacada pese al rechazo que concita, sobre todo entre los sectores medios y altos de las áreas urbanas, por su presunto “autoritarismo” y “populismo”. Es la única que posee un partido (la UNE) con cierta implantación y estructura nacional –sobre todo rural y local: más de una década de existencia y experiencia de gobierno (entre 2008 y 2012) así como una candidatura anterior (en 2015 disputó el balotaje).

En segundo lugar, habrá segunda vuelta siguiendo una tradición histórica guatemalteca: desde 1986 cada elección se ha resuelto en el balotaje. La elevada fragmentación conduce a una segunda vuelta entre dos candidatos que, como en 2015, sumaran apenas el 20% de los votos.

En tercer lugar, el partido del presidente Morales (FCN-Nación) no tendrá un papel relevante. Esto tampoco es novedoso en Guatemala donde desde 1990 ningún oficialismo ha logrado revalidar mandato ni regresar a la presidencia.

Y en cuarto lugar se perfila una compleja gobernabilidad con un futuro Congreso muy dividido. No solo por la alta fragmentación sino por la capacidad de arrastre de voto de los alcaldes -auténticos caudillos locales- que encauzan en primera vuelta el voto hacia fuerzas con implantación regional más que nacional y que, en segunda, negocian su apoyo con los candidatos presidenciales.